Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, el texto legal con el que se tramite el tributo incluirá una cláusula de revisión por la cual al final de su vigencia se valorará su mantenimiento o su supresión. 

Esta cláusula cuenta con el apoyo y el visto bueno de Unidas Podemos, que además sí que desea que el tributo sea estructural. Lo cierto es que, de hacerse indefinido, el impuesto a las grandes fortunas resuelve la última polémica de política fiscal desatada entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas del Partido Popular. 

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Cabe recordar que hace dos semanas Andalucía anunció la práctica supresión del Impuesto al Patrimonio, siguiendo la senda de Madrid, en donde está 'suspendido' desde hace años. Y Galicia había anunciado una bonificación parcial de este tributo. 

Se desató una guerra en la que el arsenal era fiscal y que el Gobierno quería zanjar cuanto antes. Para ello, ha recurrido al impuesto a la solidaridad, que obligará a las contribuyentes de las regiones del PP a pagar en su totalidad el impuesto de Patrimonio. 

¿Cómo? Las grandes fortunas que residan en regiones con bonificaciones del impuesto tendrán que pagar las cantidades que las haciendas autonómicas les estén perdonando. Una cantidad que en los casos de Madrid y Andalucía es del 100%. En el de Galicia es del 50%. 

En cambio, aquellas regiones en las que las grandes fortunas pagan el 100% de Patrimonio no tendrán que abonar ninguna cantidad por el tributo estatal. Es decir, que la tasa de solidaridad actúa como un recargo. De esta manera, según el Ministerio de Hacienda, se evita una posible doble imposición. 

11.000 afectados

El Gobierno indica que el nuevo tributo afectará potencialmente a unos 23.000 contribuyentes con patrimonios por encima de los tres millones de euros. Pero realmente solo impactará a unos 11.000 que residen en autonomías que tienen el impuesto bonificado, es decir, del Partido Popular. 

Los tramos por el nuevo impuesto son los siguientes: del 1,7% para los patrimonios entre tres y cinco millones de euros, del 2,1% para los patrimonios entre cinco y diez millones y del 3,5% para aquellos superiores a los diez millones.

Son tramos muy similares a los que ya tiene el impuesto que las autonomías pueden bonificar, el de Patrimonio. Se trata de los mismos porcentajes, aunque para cuantías ligeramente diferentes: de 2,6 a 5,3 millones de euros; de 5,3 a 10,6 millones, y de 10,6 millones en adelante. 

Cabe recordar que el plan inicial del Ejecutivo era abortar las bajadas que se estaban ejecutando por parte de las comunidades autónomas del PP en Patrimonio con una armonización fiscal que marcara suelos tributarios para este impuesto y otros como Sucesiones y Donaciones.

Sin embargo, esto solo se podría hacer a largo plazo, puesto que es un plan que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, quiere abordar mediante la reforma de la financiación autonómica. Una iniciativa que, salvo milagro legislativo, está descartada para esta legislatura.