Así lo indican los cálculos realizados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En su análisis sobre el Plan Presupuestario presentado por el Gobierno ante la Comisión Europea, avisa de que la prórroga de las medidas anticrisis tendrá un impacto severo en el déficit.

Concretamente, hacerlo costaría alrededor de 1,1 puntos de PIB, más de 13.000 millones de euros. El Gobierno no ha incluido la financiación del paquete anticrisis en el Plan Presupuestario, en el que pronostica que el déficit público se quedará en el 3,9% de PIB. 

[La AIReF prevé que la economía española entre en recesión el primer trimestre del próximo año]

La AIReF es más generosa todavía y estima que el próximo año el déficit se quede en el 3,3% del PIB. Sin embargo, con el impacto presupuestario de las medidas, la entidad avisa de que se elevará hasta el 4,4% del PIB. 

Esto supondría que el déficit se quedaría prácticamente en el mismo nivel que se prevé para este año y no se avanzaría en la ruta de la consolidación fiscal. Sin embargo, no aplicar el paquete anticrisis tendría un impacto negativo para la economía, tanto para los hogares como para las empresas. 

Pese a que la inflación perderá empuje en 2023 por la rebaja del impacto de los precios de la energía y de los alimentos, el IPC seguirá en tasas elevadas en 2023. La AIReF estima que estará en una media del 3,9%, pero sin las medidas anticrisis las subidas de precios serán aún mayores. 

Concretamente, según la Autoridad, el riesgo de alza es de hasta 1,5 puntos más. Es decir, que la inflación se podría poner en el 5,4% (con el previsible impacto que ello tendría, por ejemplo, en la pensiones, cuyo incremento anual está ligado al IPC). 

Prórroga decidida

Ya hay una parte de estas medidas cuya prórroga está decidida. Se trata la gratuidad y bonificación del transporte ferroviario y del cercanías, que se ha incluido de los Presupuestos Generales del Estado. 

La prórroga del resto de las medidas se da por hecha, aunque el Gobierno todavía no la ha confirmado. Este es el caso, sobre todo de iniciativas como la reducción del IVA de la electricidad del 21% al 5%, las rebajas hasta el 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad y del IVA del gas del 21% al 5%, la Tarifa Último Recurso (TUR) del gas y el refuerzo del bono social térmico. 

En cambio, el futuro del descuento de hasta 20 céntimos por litro de combustible no está claro, aunque sí parece que se mantendrá en el caso de los profesionales del transporte. Tampoco está claro el porvenir del incremento del 15% de las pensiones no contributivas (y, por tanto, de las pensiones no contributivas), las ayudas directas a hogares vulnerables y la subvención del 30% del transporte metropolitano.  

La Autoridad, en su análisis, también evalúa si las medidas anticrisis están focalizadas en los colectivos más vulnerables. Según la AIReF, hay "cierto grado de focalización, si bien los hogares con rentas altas absorben una parte importante del coste de las medidas".

Menores rentas

En términos relativos a renta, "el importe destinado a los hogares de menor renta representa el 17%, mientras que en los hogares de mayor renta este porcentaje es del 1%".

Parte de estas medidas anticrisis en 2023 se financiará con el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, que funcionará como un recargo del impuesto de Patrimonio y que comenzará a funcionar con cargo a 2022, como ha contado este periódico.

Sin embargo, la AIReF rebaja la estimación de recaudación. Si el Gobierno espera que sea de 1.503 millones de euros en 2023 y en 2024, la AIReF estima que será de 1.270 millones y de 1.370 millones, respectivamente.