El Gobierno baraja prorrogar el escudo anti-opas y mantenerlo en 2023

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, el Ejecutivo baraja la idea de volver a prorrogar esta medida durante el próximo año. No sería la primera vez. El escudo anti-opas lleva ya varias extensiones legales a sus espaldas, y lo que se maneja ahora mismo sería algo similar. 

Gracias a esta norma, todas las empresas de fuera de España que quisieran hacerse con más del 10% de una compañía estratégica nacional deben tener la autorización del Gobierno. Es decir, que el Ejecutivo disfruta de capacidad de veto en estas operaciones. 

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En un principio, la medida se aplicó solo a inversores de fuera de la Unión Europea. Finalmente, también se incluyó a los comunitarios. Esto ha tenido influencia ya en varias operaciones. 

El caso más conocido fue el de Naturgy y la oferta de IFM. Pero ha habido más, como cuando Vivendi tuvo que desistir de hacerse con el 24% de Prisa por la negativa del Gobierno. 

El Ejecutivo baraja la prórroga del escudo anti-opas por varias razones. Por un lado, está el impacto que está teniendo la inflación y el precio de los suministros energéticos en varias empresas. Están poniendo en complicaciones a gran parte de la industria nacional, afectando incluso a su liquidez, según fuentes de los sectores afectados. 

Por el otro, está el retraso que se está produciendo en el desarrollo de la normativa para regular la inversión extranjera que está elaborando el Gobierno. Los conflictos entre los diferentes ministerios por su contenido están provocando que una norma que debería estar ya aprobada se haya atrasado. De hecho, se duda que pueda tener luz verde antes de que acabe el año. 

"Muy estratégicos"

La norma (que se plantearía a través de un real decreto, que se aprobaría en el Consejo de Ministros) busca, sobre todo, blindar de manera perenne sectores "muy estratégicos", en palabras de la ministra de Industria, Reyes Maroto, hace unos meses. 

El objetivo es impedir que un inversor extranjero supere el 10% de la cuota de una empresa española que pertenezca a uno de ellos. La medida está pensada para empresas del sector energético, sobre todo en el caso de las energías renovables.

Se trata de empresas fundamentales dado el contexto energético actual y futuro. Y se cuentan entre las que más capital atraen de fondos de inversión y grandes conglomerados extranjeros.