La propuesta del Ejecutivo comunitario (que se ha discutido informalmente en el Eurogrupo de este lunes) cuenta con el apoyo de los países altamente endeudados, como España o Francia, ya que les ofrece más facilidades para volver al equilibrio fiscal. En el bando contrario, Alemania y Holanda exigen a la Comisión que sea más estricta en la vigilancia de las reglas y el castigo a los países que no pongan en orden sus cuentas públicas.

El plan de Bruselas deja intactos los límites previstos en el Pacto de Estabilidad, que fija la obligación de reducir el déficit por debajo del 3% y la deuda pública por debajo del 60%. El Pacto se congeló en marzo de 2020, tras el estallido de la pandemia, y volverá a aplicarse en 2024. El objetivo de la Comisión y de la mayoría de Estados miembros es llegar a un acuerdo sobre su reforma antes de esa fecha.

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La principal novedad que plantea el Ejecutivo comunitario es enterrar la regla que obliga a reducir cada año una veinteava parte de la deuda pública por encima del umbral del 60%. Como la pandemia ha disparado el endeudamiento de la mayoría de Estados miembros a niveles sin precedentes, aplicar esta regla en países como España (con una deuda del 116% del PIB) o Italia (150%) asfixiaría de inmediato el crecimiento.

En su lugar, la Comisión propone itinerarios de reducción de la deuda individualizados y ajustados a la situación de cada Estado miembro, que se negociarán de forma bilateral entre Bruselas y cada país y deberán ser aprobados por el Ecofin. Es decir, un modelo parecido al de los planes de recuperación exigidos por la UE a cambio de los fondos Next Generation.

Estos planes plurianuales de ajuste tendrán en principio una duración de cuatro años. Pero España, y cualquier otro país, podrá pedir incluso más tiempo para poner sus cuentas en orden, hasta un máximo de siete años. A cambio, deberá comprometerse a acometer las reformas que la UE considere más urgentes o a poner en marcha inversiones que contribuyan a la doble transición digital y verde. En lugar de objetivos anuales de reducción del déficit, Bruselas fijará un techo de gasto anual para cada Estado miembro.

Las sanciones para los países que incumplan la nueva regla de gasto serán más automáticas, y no dependerán tanto de la negociación política como ahora. Al mismo tiempo, la Comisión plantea reducir el importe de las multas a niveles más pragmáticos, para garantizar que efectivamente puedan imponerse.

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En la actualidad, las reglas presupuestarias de la UE prevén para los incumplidores una multa predeterminada del 0,2% del PIB, que nunca se ha aplicado. La vez que más cerca estuvo de activarse este castigo fue en 2016, precisamente contra Portugal y España (por la desviación del déficit durante el Gobierno de Mariano Rajoy). Pero al final el Ejecutivo comunitario decidió reducir la sanción a cero y Madrid y Lisboa se libraron de tener que pagar en el tiempo de descuento.

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, cree que la propuesta de Bruselas constituye "una buena base para avanzar" y celebra que se base en buena medida en el plan conjunto presentado por España y Holanda la pasada primavera. A su juicio, las reglas fiscales de la UE deben "adaptarse a las realidades y a las necesidades de pospandemia". Eso significa, ha proseguido, establecer una senda de responsabilidad fiscal "que sea compatible con el crecimiento económico, la creación de empleo y las inversiones de futuro".

También el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, acoge con satisfacción la filosofía del proyecto de reforma del Ejecutivo comunitario. Para Le Maire es fundamental preservar unas "reglas comunes" que "sean controladas". Sin ellas, ha subrayado, no podría existir una "zona monetaria fuerte y unida".

Al mismo tiempo, París defiende que "cada Estado se sienta responsable de su desendeudamiento y del retorno a unas finanzas públicas sanas". Esta diferenciación es imprescindible porque las posiciones de partida están muy alejadas: el nivel de endeudamiento hoy puede variar hasta 100 o 120 puntos de un Estado miembro a otro, destaca Le Maire. La tercera prioridad para Francia es que las reglas presupuestarias dejen espacio para la inversión.

Por su parte, la ministra de Finanzas de Holanda, Sigrid Kaag, que firmó con Calviño el plan conjunto hispano-holandés, pone ahora el énfasis en el control y la vigilancia desde Bruselas para castigar a los malos alumnos. "Si creamos más espacio para la flexibilidad, sendas nacionales de reducción de la deuda, también debe establecerse una vigilancia eficaz para garantizar su cumplimiento", ha dicho Kaag.

El más crítico con los planes de Bruselas ha sido el alemán Christian Lindner. "No es adecuado establecer acuerdos individualizados sobre la aplicación de las reglas del Pacto de Estabilidad que se negocien de forma bilateral", ha dicho Lindner en una entrevista al diario Financial Times. A su juicio, la credibilidad del Pacto se basa en que "las reglas deben ser aplicadas para todos de la misma manera".

Alemania está dispuesta a aceptar sendas de ajuste presupuestario más lentas y flexibles para los países altamente endeudados, pero siempre que se garantice que efectivamente se reduce el déficit. "En el entorno macroeconómico actual, con un alto grado de incertidumbre, hay una auténtica necesidad de reconstruir los colchones presupuestarios y no alimentar más la inflación", sostiene Lindner. El acuerdo sobre la reforma del Pacto de Estabilidad está todavía muy lejos.