Más flexibilidad y más tiempo para poner las cuentas públicas en orden tras el impacto devastador de la pandemia a cambio de un endurecimiento de las sanciones contra los países incumplidores. Este es el complejo equilibrio en el que se basa la reforma del Pacto de Estabilidad que ha propuesto este miércoles la Comisión de Ursula von der Leyen, y que todavía debe ser acordada por los Estados miembros.
Se trata de una solución de compromiso que intenta contentar a la vez a España, Francia o Italia, que reclaman relajar las reglas fiscales de la UE para dejar margen a la inversión y evitar una nueva ronda de austeridad; y a Alemania y Holanda, que piden mano dura contra los países que no reduzcan su deuda.
"Estas propuestas tienen como objetivo reconciliar tres imperativos, que son complementarios y no contradictorios. Primero, queremos apoyar el crecimiento y mejorar la sostenibilidad de la deuda", ha relatado el comisario de Asuntos Económicos y responsable de la reforma, Paolo Gentiloni.
"En segundo lugar, pretendemos reforzar la apropiación nacional de las decisiones económicas y al mismo tiempo incorporarlas en un nuevo marco común. Y tercero, queremos simplificar las reglas preservando su inteligencia", sostiene Gentiloni.
A la propuesta de Bruselas todavía le faltan los detalles más importantes como el nivel de ajuste exigido o el importe de las multas. El proyecto de ley no llegará hasta principios de 2023. El objetivo es cerrar un acuerdo antes de que el Pacto de Estabilidad, suspendido desde el estallido de la Covid-19 en marzo de 2020, vuelva a aplicarse en 2024.
Planes plurianuales de ajuste
Eso sí, el plan del Ejecutivo comunitario deja intactos los límites previstos en el Pacto de Estabilidad, que fija la obligación de reducir el déficit por debajo del 3% y la deuda pública por debajo del 60%. Pero plantea enterrar la regla que obliga a reducir cada año una veinteava parte de la deuda pública por encima del umbral del 60%.
Como la pandemia ha disparado el endeudamiento de la mayoría de Estados miembros a niveles sin precedentes, aplicar esta regla en países como España (con una deuda del 116% del PIB) o Italia (150%) asfixiaría de inmediato el crecimiento.
En su lugar, la Comisión propone itinerarios de reducción de la deuda individualizados y ajustados a la situación de cada Estado miembro, que se negociarán de forma bilateral entre Bruselas y cada país y deberán ser aprobados por el Ecofin. Es decir, un modelo parecido al de los planes de recuperación exigidos por la UE a cambio de los fondos Next Generation.
Para los países altamente endeudados como España o Italia, estos planes plurianuales de ajuste tendrán en principio una duración de cuatro años. Y se basarán en la imposición de un techo anual al gasto público neto (excluyendo los intereses de la deuda y las prestaciones por paro cíclico), que garantice que al final del periodo el déficit esté por debajo del 3% y la deuda se sitúe en una senda claramente decreciente.
Bruselas elude concretar cuál será la senda de reducción del gasto exigida, pero promete hacer públicas todas las cifras cuando comience la negociación.
Sin embargo, España (o cualquier otro país) podrá pedir incluso más tiempo para poner sus cuentas en orden, hasta un máximo de siete años. A cambio, deberá comprometerse a acometer las reformas que la UE considere más urgentes o a poner en marcha inversiones que contribuyan a la doble transición digital y verde. Cualquier relajación del techo de gasto debe ser pactada con Bruselas y aprobada por el Ecofin.
Multas semiautomáticas
Una vez cumplidos estos trámites, el techo de gasto nacional será de cumplimiento obligatorio en la legislación de la UE. Cualquier desviación se castigará con más multas que se aplicarán con mayor automatismo, es decir, sin depender tanto como ahora de los apaños políticos.
Bruselas plantea mantener la sanción máxima prevista en las reglas vigentes, que es del 0,2% del PIB (2.400 millones en el caso de España). Debido a su elevado importe, esta multa nunca ha llegado aplicarse, porque se percibe como "la opción nuclear" que nunca debe usarse, según explican fuentes comunitarias.
La vez que más cerca estuvo de activarse este castigo fue en 2016, precisamente contra Portugal y España (por la desviación del déficit durante el Gobierno de Mariano Rajoy). Pero al final el Ejecutivo comunitario decidió reducir la sanción a cero y Madrid y Lisboa se libraron de tener que pagar en el tiempo de descuento.
Por ello, el Ejecutivo comunitario plantea ahora introducir nuevas multas adicionales cuyo importe sería mucho más reducido, lo que permitiría que sí puedan utilizarse de forma más temprana cuando un Estado miembro se desvía de su techo de gasto neto. ¿Cuál sería el volumen de estas sanciones? Bruselas no lo aclara, pero dice que serían similares a las que actualmente se aplican en los procedimientos de infracción: como máximo un centenar de millones de euros.
"Hemos llegado a la conclusión de que el hecho de que una sanción se imponga es más importante que su importe, porque tiene un efecto reputacional. Un efecto que se puede reforzar dándoles más publicidad, con misiones de alto nivel al Estado miembro incumplidor o comparecencias en su Parlamento", explica un alto funcionario de la Comisión.
El nuevo Pacto de Estabilidad conservará su actual cláusula de escape, que ha permitido desactivarlo durante la pandemia. Pero además, el Ejecutivo comunitario pretende añadir otra cláusula de escape para los casos de crisis asimétricas que no afecten a toda la eurozona sino que golpeen de forma particular a un país o a un grupo de países, como la crisis bancaria en España en 2012.