La Comisión Europea ha dado un aprobado a los Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez para 2023 (que se votan el próximo jueves en el Congreso), pero reclama afinar las ayudas por la crisis energética: no pueden ser generales sino que tienen que concentrarse únicamente en los hogares y las empresas más vulnerables para no disparar el déficit y la deuda públicas. Bruselas vuelve a avisar de que el elevado nivel de déficit y deuda constituye una fuente de "vulnerabilidad" para la economía española.
El Ejecutivo comunitario ha publicado este martes sus opiniones sobre los presupuestos nacionales de todos los países de la eurozona. Una iniciativa cuyo objetivo es coordinar las políticas económicas y detectar de forma temprana los riesgos de una crisis de deuda. Al estar suspendido el Pacto de Estabilidad, los dictámenes no se basan en objetivos de reducción del déficit, sino en criterios cualitativos.
En el caso de España, Bruselas constata que el gasto corriente financiado a nivel nacional aumentará en 2023 por debajo del crecimiento potencial a medio plazo. Nuestro país respeta así la principal recomendación que le había dirigido la Unión Europea en primavera para mantener una política fiscal prudente, lo que justifica el aprobado de la Comisión.
El dictamen destaca además que España prevé financiar inversiones adicionales a través de los fondos Next Generation y de otras ayudas de la UE y también preservará en 2023 la inversión financiada nacionalmente. Un dinero que se concentrará en impulsar la doble transición digital y verde y en el refuerzo de la seguridad energética.
No obstante, la opinión del Ejecutivo comunitario incluye una importante reserva. Bruselas cifra en un 1,6% del PIB el coste de las medidas de ayuda adoptadas por el Gobierno en 2022 para mitigar el impacto de la crisis energética. Pero los Presupuestos no aclaran qué va a ocurrir con estas subvenciones el año que viene.
La Comisión Europea avisa de los riesgos de una prórroga sin cambios y reclama afinar las ayudas. "Una prolongación de las medidas existentes y/o la aprobación de nuevas medidas de apoyo en respuesta a los altos precios de la energía contribuiría a un mayor aumento del gasto corriente y a un aumento del déficit y la deuda públicos previstos en 2023", señala el dictamen.
"Por ello, es importante que los Estados miembros concentren mejor estas medidas en los hogares más vulnerables y las empresas más expuestas, preservando los incentivos para reducir la demanda de energía y retirando las ayudas a medida que disminuyan las presiones sobre los precios de la energía", apunta Bruselas.
Recorte del crecimiento
Por lo demás, el Ejecutivo comunitario no se cree las previsiones económicas en las que se basan los Presupuestos. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, calcula que la economía española crecerá el año que viene un 2,1%, mientras que Bruselas ha recortado esta cifra a la mitad (1%).
"La economía española siguió creciendo en 2022 a pesar de las crecientes perturbaciones provocadas por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, pero se espera una rápida desaceleración en 2023, con una alta incertidumbre y los riesgos inclinados a la baja", afirma la Comisión.
"El saldo de las Administraciones públicas mejoró en 2022, ayudado por un sólido desempeño de los ingresos, pero el alto déficit y el elevado nivel de deuda siguen siendo una fuente de vulnerabilidad", señala el dictamen.
"Las debilidades del mercado laboral siguen siendo motivo de preocupación, a pesar de las notables mejoras. La tasa de paro disminuyó sustancialmente durante la última década, pero sigue estando entre las más altas de la UE", avisa el Ejecutivo comunitario.
"Las tasas de paro juvenil y de larga duración siguen estando entre las más altas de la UE, a pesar de las rápidas caídas recientes", prosigue el dictamen. El nivel de desempleo caerá en 2022, pero se mantendrá prácticamente sin cambios después. No obstante, Bruselas apunta que la reforma laboral ha mejorado la "resiliencia" del mercado de trabajo español en el actual contexto de crisis.