La Unión Europea intensifica sus disputas con China, su principal socio comercial, en un momento crítico en las relaciones entre Bruselas y Pekín por la guerra en Ucrania. La Comisión de Ursula von der Leyen ha pedido este miércoles a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que establezca dos paneles arbitrales para dirimir sendos conflictos irresueltos con el gigante asiático, que afectan a Lituania y a las patentes tecnológicas.

"China es un importante socio comercial para la UE, lo que aporta claros beneficios económicos a ambas partes. Los buenos socios se tratan con respeto y deben adherirse al juego limpio. Por lo tanto, es nuestro deber defender nuestros derechos cuando China viola las normas comerciales mundiales o somete a un Estado miembro a coerción económica", ha denunciado el vicepresidente de la Comisión y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis.

"Nuestra preferencia era resolver estos dos casos importantes y sistémicos en un proceso de consulta y hemos invertido una cantidad considerable de tiempo en hacerlo. Sin embargo, no ha servido para nada. Por lo tanto, no nos queda más remedio que solicitar el establecimiento de estos paneles de la OMC", explica Dombrovskis.

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Bruselas alega que, en ambos casos, las medidas chinas son muy perjudiciales para las empresas europeas. Además, las restricciones discriminatorias de China contra Lituania afectan al comercio dentro de la UE y a las cadenas de suministro dentro de la UE y repercuten en el funcionamiento del mercado interior de la UE, ya que obligan a hacer ajustes. La supresión de estas medidas redunda en interés tanto económico como estratégico de la UE.

En la primera denuncia, el Ejecutivo comunitario acusa a Pekín de tratar de amedrentar a Lituania con represalias comerciales ilegales. El Gobierno chino bloquea desde diciembre de 2021 los productos lituanos como castigo por la apertura en Vilnius de una oficina diplomática de Taiwán, territorio sobre el que China reclama su soberanía.

En el segundo caso, Bruselas denuncia que Pekín impide a las empresas comunitarias recurrir a tribunales de fuera de China para proteger sus patentes de tecnologías clave (por ejemplo, 3G, 4G o 5G) cuando éstas son utilizadas de forma ilegal por parte de los fabricantes chinos de teléfonos móviles.

Esta política china es "muy perjudicial para la innovación y el crecimiento de Europa" y priva a las empresas europeas de la posibilidad de ejercer y hacer valer unos derechos que les confieren una ventaja tecnológica, según el Ejecutivo comunitario.

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El conflicto se remonta a agosto de 2020, cuando el Tribunal Supremo Popular de China dictaminó que los tribunales chinos pueden prohibir, mediante un "mandato judicial antiproceso", que los titulares de patentes recurran a los tribunales fuera de China para hacer respetar sus patentes. El incumplimiento de dicha orden puede sancionarse con una multa de 130.000 euros diarios.

Desde entonces, los tribunales chinos han emitido cuatro mandatos judiciales antiproceso contra titulares de patentes extranjeros. Bruselas sostiene que el objetivo último de esta política es obligar a las empresas europeas a conceder licencias para el uso de estas patentes a los fabricantes chinos "por debajo de los precios de mercado".