"Nos preocupa el retraso significativo en la ejecución financiera de la mayoría de los programas españoles, especialmente los fondos REACT-UE, lo que es particularmente preocupante en este momento del periodo de programación", avisa el Ejecutivo comunitario en una carta remitida al Ministerio de Hacienda a la que ha tenido acceso este periódico. Un texto que lleva por título "riesgo de que no se absorban completamente las dotaciones de los programas españoles a finales de 2023".

"Por lo tanto, es de suma importancia que las autoridades españolas adopten cuantas medidas sean necesarias a fin de acelerar sustancialmente la ejecución financiera de estos programas y así descartar el riesgo de perder asignaciones financieras de la Unión Europea", prosigue la misiva, que está firmada por los directores generales de Política Regional, Marc Lemaître; y de Empleo, Joost Korte.

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Los fondos estructurales y de inversión constituyen una partida presupuestaria totalmente separada de las subvenciones de recuperación Next Generation. Se trata de las ayudas tradicionales europeas destinadas a proyectos concretos en las comunidades autónomas y que exigen una parte de cofinanciación a cargo de los presupuestos regionales. Su objetivo es alcanzar la cohesión económica, social y territorial.

España es el segundo mayor beneficiario de la UE (por detrás de Polonia), con un total de 81.200 millones para 2014-2020, sumando la aportación europea y la cofinanciación nacional. Una cantidad que incluye también la contribución extraordinaria de REACT-EU, que se aprobó durante la pandemia. Pero transcurridos los siete años del periodo presupuestario y dos años extra, sólo se han gastado el 54% de los subsidios ejecutados: 43.900 millones. De hecho, nuestro país es el más retrasado de los Veintisiete en la ejecución de los fondos estructurales, según los datos de Bruselas.

Porcentaje gastado de los fondos estructurales

El Ejecutivo comunitario ya ha amonestado varias veces al Gobierno de Sánchez por concentrar todos sus esfuerzos en el despliegue de los fondos Next Generation y descuidar la ejecución de las ayudas regionales. Pero ahora el problema ha llegado a una situación límite. El 31 de diciembre de 2023 concluye el plazo para gastar la totalidad de las ayudas del periodo 2014-2020. Eso es así debido a la denominada regla n+3, que amplía en tres años el plazo para ejecutar los fondos estructurales una vez concluido el presupuesto plurianual. 

"Los gastos declarados sólo pueden optar a una contribución de los fondos de la Política de Cohesión si han sido efectuados por un beneficiario y pagados a más tardar el 31 de diciembre de 2023. Por consiguiente, este año natural 2023 es el último de este periodo de programación en el que se pueden ejecutar gastos sobre el terreno", avisa la Comisión en su carta. 

Para no perder dinero, España tendría que gastar de aquí a fin de año prácticamente la misma cantidad de fondos que en los nueve años anteriores. Con el fin de minimizar los riesgos y atender a "los retos a los que se enfrenta España", el Ejecutivo comunitario invita al Gobierno a hacer un "amplio uso" de los "nuevos mecanismos de flexibilidad" que se han introducido recientemente en la gestión de los fondos.

Unos mecanismos que permiten a España "múltiples opciones que podrían potenciar con éxito la ejecución de los fondos y abordar las necesidades más urgentes". En este sentido, los directores generales de Política Regional y Empleo ofrecen a las autoridades españolas toda la asistencia que puedan necesitar para acelerar el gasto de los fondos estructurales. 

"Estamos dispuestos a organizar en los próximos meses cualquier otro taller temático, reuniones entre homólogos, reuniones técnicas y de expertos y misiones ad hoc que sean necesarias, proporcionando en todo caso nuestro asesoramiento y ayuda de la manera que les sea más útil", concluye la carta.