Bruselas pide al Gobierno de Sánchez que presente un plan de ajuste para reducir el déficit y la deuda pública

Bruselas decreta el final de la barra libre de gasto público en vigor desde 2020 para amortiguar el golpe de la Covid-19 primero y después de la guerra en Ucrania. A la espera de que se concrete la reforma del Pacto de Estabilidad, los países de la UE deben cambiar la marcha y aplicar una política presupuestaria "contractiva" en 2024 con el fin de reducir los insostenibles niveles de deuda pública, según las orientaciones de política fiscal presentadas este miércoles por la Comisión de Ursula von der Leyen.

Para poner en práctica este cambio de orientación, el Ejecutivo comunitario pide al Gobierno de Pedro Sánchez (y al resto de socios comunitarios) que presente durante el mes de abril un plan de ajuste plurianual para reducir de forma sostenible el déficit y la deuda.

Dado que España es un país con un alto nivel de deuda pública (113%), el plan de Sánchez deberá garantizar un doble objetivo. En primer lugar, que el déficit público se sitúe por debajo del umbral del 3% en el periodo cubierto por el programa de estabilidad, es decir, antes de 2026. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha previsto que el desafase presupuestario baje del máximo del 10,3% en 2020 a un 2,9% en 2025. Pero las previsiones de Bruselas no son tan optimistas.

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La segunda condición que deberá cumplir el plan de Sánchez es "establecer metas fiscales que aseguren una reducción plausible y continua de la deuda". Según las previsiones del Gobierno, con las medidas existentes el nivel de deuda bajará del 120% en 2020 al 110% en 2025.

Además, el Ejecutivo comunitario reclama retirar de forma paulatina las ayudas públicas introducidas para proteger a hogares y empresas de la crisis energética, ya que la bajada de precios en los últimos meses ya no justifica este apoyo. El ahorro presupuestario que se logre debe destinarse a reducir el déficit.

Si la factura energética vuelve a dispararse, Bruselas reclama a los Gobiernos que eviten medidas generales (como la rebaja del IVA del gas y la luz) y apuesten por ayudas selectivas a los hogares y empresas más vulnerables. Esta transición es imprescindible para reducir el gasto público y para no contribuir a las presiones inflacionarias. La única solución duradera a la crisis energética es reducir la dependencia en combustibles fósiles importados, según el Ejecutivo comunitario.

"Los gobiernos deben aplicar políticas fiscales prudentes, proteger la inversión pública y eliminar gradualmente las medidas de apoyo energético, comenzando por las menos selectivas", ha dicho el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni.

España y el resto de Estados miembros tienen de plazo hasta el 30 de abril para remitir a Bruselas su programa de estabilidad actualizado, en el que debe incluirse el nuevo plan de ajuste. Una vez recibido, la Comisión lo evaluará y si considera que cumple todos los requisitos, validará el objetivo para 2024. Si Sánchez no cumple estas condiciones en su plan, Von der Leyen podría recomendar metas de ajuste más ambiciosas.

En todo caso, Bruselas descarta abrir procedimientos sancionadores por déficit excesivo en 2023 y aplaza cualquier decisión a la primavera de 2024.

Con este procedimiento, el Ejecutivo comunitario pretende empezar a aplicar la reforma del Pacto de Estabilidad que está negociando el Ecofin. Una reforma que consiste en combinar una mayor flexibilidad para que sea cada Gobierno el que diseñe su senda de ajuste presupuestario con sanciones más automáticas para los incumplidores. Los ministros de Economía de los 27 tienen previsto acordar el próximo martes las directrices de la reforma para que Bruselas pueda presentar en abril propuestas legislativas.

En línea con la reforma propuesta del Pacto, Bruselas pide a los Gobiernos que en sus planes de ajuste preserven la inversión financiada con fondos nacionales y que aprovechen al máximo las ayudas de Next Generation para suplir los recortes en otras partidas.

"El ajuste fiscal que los Estados miembros deben llevar a cabo no debe lograrse recortando la inversión, sino limitando el crecimiento del gasto corriente. Esta es una lección clave de las secuelas de la crisis financiera que reitero de nuevo hoy", ha insistido Gentiloni.