España envía este jueves a Bruselas la actualización del programa de estabilidad, en el que se compromete a rebajar el déficit al 3% del PIB en 2024, un año antes de lo previsto en la anterior senda, con lo que cumpliría con las reglas fiscales europeas que volverán a estar vigentes el próximo año.

"Lo bonito y lo bueno de este dato de consolidación fiscal (es que se hace) sin practicar políticas de recorte, intentando ayudar a todos aquellos sectores que han tenido una peor situación y por tanto protegiendo a la mayoría social del país", ha destacado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en los pasillos del Congreso.

Para este año, el Gobierno mantiene la reducción del déficit público al 3,9% del PIB, y en 2024 la expectativa es bajarlo al 3% de PIB. Para 2025 el compromiso es reducirlo al 2,7% y para 2026, al 2,5%. Con esta senda, subrayan fuentes de Hacienda, se alcanza un superávit primario ya en el año 2025.

Lo cierto es que pese a la pandemia y los efectos de la guerra en Ucrania, en sólo dos años España ha reducido el déficit más de la mitad al pasar del 10,1% en 2020 al 4,8% en 2022. Esto supone una disminución de más de cinco puntos porcentuales de PIB, la mayor rebaja de la serie en ese periodo sin incluir la ayuda financiera. En total, se trata de una disminución de 49.500 millones de euros desde 2020.

Desde el departamento que dirige María Jesús Montero explican que esta reducción “se produce por el sólido crecimiento económico de España, superior a la media de los países de la Unión Europea, y al dinamismo en la creación de empleo, con cifras récord de afiliación a la Seguridad Social”.

Los mismos factores explican el aumento de los ingresos, que en 2022 fue del 14,4%. Desde el Ejecutivo defienden que la inflación sólo aportó 5 puntos a ese crecimiento de los recursos.

Las previsiones que maneja el Gobierno contemplan que el aumento de los ingresos vaya moderándose en los próximos años, pero siempre mantengan un crecimiento superior a la previsión de inflación.

Y ello “pone de manifiesto una vez más que la mejora de los recursos públicos está sostenida por el empuje de la economía y el dinamismo del empleo”.

Asimismo, Hacienda defiende que “la actualización de la senda fiscal también demuestra que la sostenibilidad de las cuentas públicas es compatible con desplegar un escudo social de 35.000 millones de euros para mitigar el impacto del alza de los precios en la mayoría social del país. La cifra alcanza los 45.000 millones, incluyendo los avales”.

Déficit excesivo

Este compromiso del Gobierno se ha conocido solo un día después de que la Comisión Europea exigirá a los países más endeudados reducciones constantes de sus ratios de déficit y deuda públicos y prevé multas cada seis meses, que serán acumulables para aquellos que incumplan la senda de ajuste pactada con Bruselas.

La propuesta para reformar las normas de disciplina fiscal presentada este miércoles por el Ejecutivo comunitario dará, no obstante, más flexibilidad a los Estados miembros para diseñar su ritmo de recorte de la deuda pública ya que cada Gobierno acordará con la Comisión un plan fiscal a cuatro años, ampliables a siete bajo ciertas condiciones.

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En casos de incumplimiento de la senda fiscal pactada con las autoridades comunitarias la Comisión Europea abriría un expediente por déficit excesivo que le permitiría, en última instancia, imponer multas equivalentes al 0,05% del PIB del Estado miembro cada seis meses.

Esta sanción iría creciendo cada semestre hasta un máximo del 0,5% del PIB salvo que el resto de socios comunitarios certifiquen que el país incumplidor “ha adoptado acciones efectivas” para reducir su déficit y su deuda.

Con los datos a cierre de 2022, estas cifras resultan en multas potenciales para España cada semestre de aproximadamente 660 millones de euros y un máximo de 6.600 millones en el caso de que persistiese en el incumplimiento y no adoptase ajustes fiscales.