Primero fue Berlín con su veto en tiempo de descuento a la prohibición de los vehículos de combustión desde 2035, salvado con concesiones de última hora a la industria automovilística alemana. Después el Partido Popular Europeo reclamó la retirada de las propuestas de Bruselas sobre pesticidas y restauración de la naturaleza por imponer cargas excesivas a los agricultores. El último en sumarse a esta tendencia ha sido el presidente francés, Emmanuel Macron, que reclama una "pausa" en las exigencias medioambientales con el fin de proteger a la industria europea.
En las últimas semanas está proliferando una revuelta en Europa contra las políticas verdes promovidas desde Bruselas por su impacto económico negativo y por poner en situación de desventaja a los productores comunitarios frente al resto del mundo. El factor acelerante de esta tendencia ha sido la victoria sorpresa en las elecciones provinciales de Países Bajos el pasado marzo del Movimiento Campesino-Ciudadano, una nueva formación de protesta contra la legislación medioambiental de la UE que ha pillado por sorpresa y alarmado a los partidos tradicionales.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha tenido que salir en defensa de su Pacto Verde Europeo, que constituye el pilar central de su mandato. Una ambiciosa hoja de ruta cuyo objetivo es que la UE reduzca un 55% las emisiones de efecto invernadero de aquí a 2030 y logre la neutralidad climática en el horizonte de 2050. Y que hasta ahora se ha traducido en 46 propuestas legislativas presentadas por Bruselas, de las que 29 ya se han aprobado de forma definitiva.
Von der Leyen reconoce que se trata de una "enorme cantidad" de normas y anuncia su intención de examinar en las próximas semanas y meses la "capacidad de absorción". Pero lejos de dar marcha atrás, se declara "orgullosa" del papel de liderazgo de la UE en la lucha contra el cambio climático y del "progreso asombroso" en materia legislativa. Según la presidenta, tanto Macron como el PPE -su propia familia política- apoyan plenamente esta ambición.
Sin embargo, los populares europeos llevan meses distanciándose públicamente de la agenda verde de Von der Leyen. Para empezar, votaron en la Eurocámara en contra de la prohibición de los coches de gasolina y diésel, argumentando que este veto hará que los vehículos nuevos sean más caros, costará miles de puestos de trabajo y conducirá al declive de una industria europea fundamental.
En su útimo congreso celebrado en Munich a principios de mayo, el presidente del PPE, Manfred Weber, reclamó una moratoria de dos años en nuevas iniciativas legislativas que "supongan una mayor carga para los agricultores y pongan en peligro la seguridad alimentaria". El sucesor de Angela Merkel al frente de la CDU alemana, Friedrich Merz, reclamó a la UE que tenga más en cuenta "los desafíos económicos que conlleva la lucha contra el cambio climático".
Al término del encuentro, el PPE aprobó una resolución en la que rechaza el nuevo reglamento propuesto por Bruselas para reducir el uso de pesticidas por considerar que establece plazos demasiado estrictos y no ofrece alternativas viables a los agricultores. Los populares europeos pidieron igualmente la retirada de la Ley de Restauración de la Naturaleza alegando que podría plantear obstáculos burocráticos extra para los agricultores y poner en peligro la viabilidad económica en las zonas rurales.
Emmanuel Macron, durante una visita a una fábrica de aluminio en Dunkerque la semana pasada
El último movimiento lo ha hecho el presidente francés con su llamamiento a una "pausa regulatoria europea". "Ahora tenemos que ejecutar. No debemos hacer nuevos cambios en las reglas porque perderemos a todos los actores", dijo en un discurso el pasado 11 de mayo. Pese al revuelo generado por sus palabras entre los ecologistas y los partidos de izquierda, Macron no ha dado marcha atrás sino todo lo contrario.
"Algunos quieren generar polémicas en todas partes, decir tonterías como que nos gustaría dar marcha atrás en lo que hemos hecho. Fuimos los primeros en defender el Pacto Verde Europeo, todo lo que es bueno para el medioambiente. Pero lo que digo ahora es que debemos aplicar e ir hasta el final de nuestro programa legislativo con la Comisión, pero sin añadir más", alega el presidente francés.
"Necesitamos estabilidad pero también reciprocidad. Porque debemos pedir a todos los que importan a la UE que hagan lo mismo. Yo prefiero tener fábricas que respeten nuestras normas europeas, que son las mejores, y no como los que quieren añadir cada vez más normas, pero sin tener más fábricas", se queja Macron.
En un nuevo e inaudito capítulo de esta polémica, Francia ha sorprendido esta semana al resto de socios europeos al bloquear en tiempo de descuento una norma medioambiental europea, siguiendo el ejemplo de Alemania con los coches de combustión. Se trata en este caso la directiva que obliga a aumentar al 42,5% la tasa de renovables de aquí a 2030.
París se queja de que el hidrógeno generado con energía nuclear no se contabilizará a la hora de calcular este objetivo y reclama que la electricidad de origen nuclear coexista con la electricidad renovable sin discriminación. Algo que rechazan países como Alemania o España. La directiva, que tendría que haberse aprobado sin discusión a nivel de embajadores el pasado miércoles, se retiró a última hora de la agenda a la espera de aclarar las objeciones de Francia.