Por este motivo, la Comisión de Ursula von der Leyen le pide a Sánchez un plan de consolidación fiscal a medio plazo "creíble", así como una reforma tributaria completa con el fin de "mejorar la eficiencia del sistema y reducir el considerable déficit estructural", según figura en las recomendaciones de política económica dirigidas a España que se han aprobado este miércoles.

Como primer paso, el Gobierno deberá realizar un ajuste presupuestario del 0,7% del PIB (equivalente a 9.300 millones de euros) en el año 2024, para garantizar el cumplimiento del objetivo del 3% de déficit que marca el Pacto de Estabilidad y situar la deuda pública en una senda claramente descendente. El año que viene volverán a aplicarse las reglas de disciplina fiscal de la UE, suspendidas desde el estallido de la pandemia en 2020.

[Bruselas reclama al Gobierno de Sánchez un ajuste presupuestario de 9.300 millones de euros en 2024]

Un ajuste que debe basarse prioritariamente en la eliminación de todas las ayudas energéticas (como la rebaja del IVA para la luz y el gas) de aquí a final de año, utilizando el dinero ahorrado para reducir el déficit público y no para más gasto. El coste de estas medidas asciende este año al 0,6% del PIB, con lo que su eliminación sería prácticamente suficiente para cumplir el objetivo. 

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario señala que el esfuerzo de consolidación fiscal debe continuar más allá de 2024. "Una senda de consolidación fiscal creíble sigue siendo fundamental para garantizar la sostenibilidad presupuestaria y el cumplimiento de los objetivos. La sostenibilidad presupuestaria sigue estando en riesgo por el alto nivel de deuda pública y la desfavorable posición inicial. Estos desafíos se han vuelto más cruciales en el actual entorno incierto geopolítico y financiero", dice el informe.

"Aunque los ingresos gubernamentales han evolucionado recientemente mejor de lo esperado, la naturaleza estructural de parte de esa evolución sigue siendo incierta". Bruselas considera que está muy poco claro cuál es el futuro de este incremento de la recaudación: se remite a estudios del Banco de España según los cuales hasta la mitad podría deberse a la inflación, y por tanto desaparecerá cuando los precios bajen.

"Se necesitan planes de consolidación fiscal a medio plazo creíbles. La puesta en práctica de reformas efectivas y amplias en materia de fiscalidad y la vigilancia continua de la sostenibilidad del sistema de pensiones siguen siendo prioridades importantes", insiste el Ejecutivo comunitario en su informe de 80 páginas sobre la economía española.

Para la Comisión, las reformas en materia de ingresos y gastos "se han vuelto más urgentes por el envejecimiento de la población". "La evolución demográfica conducirá a un aumento significativo de los costes relacionados con la sanidad, la dependencia y las pensiones. La inquietud sobre la brecha de sostenibilidad a medio y largo plazo aumentará a menos que se adopten medidas compensatorias del lado de los ingresos y de los gastos", prosigue el informe.

Reforma fiscal completa

En este sentido, Bruselas le recuerda a Sánchez el compromiso que asumió en el plan de recuperación de hacer una reforma completa del sistema tributario español a partir del informe del 'grupo de sabios' designado por el Ministerio de Hacienda. Los expertos entregaron sus conclusiones en marzo de 2022, pero la ministra María Jesús Montero decidió aparcar indefinidamente esta reforma.

"El incremento de los pagos de intereses aumentará la presión sobre las finanzas públicas debido a la elevada ratio de deuda pública (113,2% del PIB en 2022). No obstante, la reforma fiscal aún pendiente tiene el potencial de mejorar la eficiencia del sistema y reducir el considerable déficit estructural", apunta el informe de la Comisión.

Esta reforma fiscal ya va con retraso, puesto que tendría que haberse aprobado durante el primer trimestre de 2023, de acuerdo con el calendario del plan de recuperación. De su puesta en práctica depende en parte el pago del quinto tramo por valor de 7.000 millones de euros de fondos Next Generation (programado para finales de año o principios de 2024).

Según lo acordado por Sánchez con Bruselas, la reforma debe centrarse en los ámbitos de la fiscalidad medioambiental, el Impuesto de Sociedades, la tributación de la economía digitalizada, la armonización de los gravámenes sobre el patrimonio y la fiscalidad de las actividades emergentes. El plan debe ir acompañado de un análisis de su impacto distributivo, con especial atención a las familias con hijos.

Los ingresos fiscales de España son relativamente bajos en relación al PIB (38,4%) y están por debajo de la media de la UE (40,6%). Un bajo rendimiento que para la Comisión todavía es más grave teniendo en cuenta el alto nivel de déficit y deuda que tiene nuestro país. A la hora de aumentar la recaudación, el informe deja claro que no hay que subir más la tributación del trabajo, pero sí que queda margen para aplicar de forma más amplia el principio de "quien contamina paga".