El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un real decreto-ley ómnibus que recoge la prórroga de las medidas temporales habilitadas por la guerra de Ucrania. Pero no sólo estas. El texto, de más de 300 páginas, recoge decenas de normas que entrarán en vigor (con los plazos que se recogen en el documento) cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Muchas de ellas son cambios legislativos que no se llegaron a tramitar en las Cortes por la convocatoria adelantada de elecciones generales del 23 de julio o asuntos que el Gobierno no quería dejar colgando antes del fin de legislatura. 

EL ESPAÑOL-Invertia ha tenido acceso al Real Decreto-Ley que, como adelantó este periódico, incluye los nuevos permisos laborales que recogía la Ley de Familias de Ione Belarra, que se incluyen en el Estatuto de los Trabajadores.

Pero hay más: también se aborda la cotización de los becarios, cuya entrada en vigor se retrasa. Si estaba prevista para el 1 de octubre de 2023, ha de demorarse hasta el 1 de enero de 2024, puesto que "las prácticas formativas, remuneradas o no, no se realizan con carácter general al inicio de los cursos académicos, sino en el segundo o tercer trimestre de dichos cursos".

Vivienda

En cuanto a la línea de avales que se concederán a los jóvenes y familias con menores a cargo para la adquisición de su primera vivienda que anunció el presidente del Gobierno, el decreto se limita a señalar que el Estado ofrecerá una cobertura máxima de 2.500 millones de euros y que estas garantías sólo serán válidas para residencias habituales y permanentes.

El decreto también recoge una extensión hasta el próximo 31 de diciembre de la suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para personas y hogares económicamente vulnerables sin alternativa ocupacional.

Esta medida forma parte del paquete anticrisis, que en su mayor parte se ha renovado. Pero con matices. La renovación automática de los alquileres en las mismas condiciones (incluido precio) ha quedado fuera de este conjunto de medidas. 

En cambio, sí se ha incluido la prórroga de la suspensión de los desahucios de colectivos vulnerables. También la rebaja del IVA de productos básicos, la congelación del precio tope de la bombona de butano y las ayudas a la industria electrointensiva.

Movilidad 

Dentro del ámbito de la movilidad, el Gobierno extiende hasta diciembre la ayuda para la bonificación de al menos el 50% de los abonos de transporte público (de autonomías y ayuntamientos).

En lo que sí ha habido cambios es en la bonificación del combustible para transportistas. Se mantendrá en 10 céntimos por litro de carburante durante los próximos tres meses. Sin embargo, de octubre a noviembre, bajará a 5 céntimos. 

Por otro lado, el documento da luz verde a la modificación de la ley que regula a las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC). La norma deja atrás la regulación del 1/30 frente al taxi y, a partir de ahora, permite que las comunidades autónomas regulen la concesión en base a criterios medioambientales o de gestión del transporte, del tráfico y del espacio público en el que se solicite la licencia.

El Gobierno establece que el taxi tenga la consideración de "servicio de interés público". Por tanto, todas las autonomías deben tener en cuenta a la hora de desplegar sus regulaciones en materia de movilidad que este servicio se despliegue garantizando una cobertura de prestación suficiente en todo el territorio, mediante la adopción de las medidas que determinen y delimiten la naturaleza, duración y alcance de las obligaciones correspondientes.

También recoge medidas de promoción de la movilidad eléctrica. Se trata de la posibilidad de deducirse el 15% del coste de un vehículo eléctrico en el IRPF, iniciativa que también se aplica a los puntos de recarga. Hay también una desgravación en el Impuesto de Sociedades para las empresas que instalen puntos de recarga comunitarios en sus instalaciones.

Además, se liberan las trabas para los servicios de recarga energética de vehículos eléctricos. "Se autorizan las infraestructuras eléctricas de puntos de recarga de vehículos eléctricos de potencia superior a 3.000 kW", y se encargarán de ello las autoridades competentes.

Agricultura

En el marco agrario, el decreto mejora la financiación de un grupo clave dentro del sector primario: las cooperativas agroalimentarias. También la de otros operadores. El Gobierno entiende que no estaban contemplados de forma específica en su paquete de medidas contra la sequía aprobado en mayo y corrige. Ahora su liquidez se mejorará con 20 millones de euros adicionales para dos líneas, la de ICO-MAPA-SAECA y la línea de avales de SAECA.

Por otro lado, a las ayudas al combustible antes citadas se une otra ayuda complementaria por consumo de gasóleo a empresas armadoras de buques pesqueros y almadrabas para este ejercicio. Podrán obtenerlas quienes ya eran susceptibles de recibir las ayudas en el decreto-ley de finales del año pasado. Siempre y cuando no hayan superado el límite del importe establecido en el Marco temporal de ayudas de crisis en el momento de la concesión, fijado en 300.000 euros por empresa.

Energía

El Real Decreto incorpora al ordenamiento jurídico español los principios reguladores de las comunidades energéticas. A partir de ahora podrán ser "comunidades ciudadanas de energía las entidades jurídicas basadas en la participación voluntaria y abierta, cuyos socios o miembros son personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas". Y se suscribe a un "objetivo principal de ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales, no generar una rentabilidad financiera".

Se recoge también el destino del superávit del sector eléctrico recogido en 2022, que se aplicará a "cubrir los desajustes temporales y las desviaciones transitorias entre ingresos y costes del ejercicio 2023".

Derecho al olvido oncológico

Como anunció Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, este decreto también incluye el derecho al olvido oncológico, particularmente a la hora de contratar un seguro. En concreto, esta norma retira la obligación de declarar si ha padecido cáncer una vez que hayan pasado cinco años desde que el asegurado ha terminado su tratamiento radical y no haya sufrido una recaída posterior.

"En ningún caso podrá denegarse el acceso a la contratación, establecer procedimientos de contratación diferentes de los habitualmente utilizados por el asegurador, imponer condiciones más onerosas o discriminar de cualquier otro modo a una persona por haber sufrido una patología oncológica", se recoge en la norma.

Dispensación domiciliaria

Relacionada con el ámbito sanitario, hay una novedad no menos importante: el Gobierno modifica la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos para habilitar que, de manera generalizada, las comunidades autonomías puedan activar fórmulas de dispensación de medicamentos no presenciales o a distancia, incluida la dispensación domiciliaria. 

Este tipo de dispensación se generalizó durante la pandemia, y el Ejecutivo quiere extenderla de forma definitiva en pacientes en los que existan una "situación clínica de dependencia, vulnerabilidad, riesgo o distancia física". Eso sí: se tiene que garantizar una "atención óptima". Por otro lado, la Covid deberá seguir siendo enfermedad de declaración obligatoria. 

Abogacía

El decreto también incluye una de las habituales reclamaciones de los profesionales de la abogacía: amplía el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que incluye las causas por las que pueden suspenderse juicios y otros actos judiciales.

Se trata del artículo 746. Cuando el decreto sea aprobado, la norma incluirá un nuevo párrafo que contempla la suspensión cuando un pariente cercano del defensor de cualquiera de las partes fallezca o sea hospitalizado o deba ser operado. Concretamente, afecta a un familiar hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.

Este decreto también incluye el siguiente nuevo párrafo: "Si la suspensión se solicita por haberse producido o iniciado el parto de manera repentina, o sin tiempo suficiente como para que otro abogado o abogada pueda hacerse cargo del asunto y prepararlo, se suspenderá el señalamiento por el tiempo mínimo imprescindible en atención a su complejidad".

Además, retoca la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir las bajas por paternidad y maternidad como motivos para suspender un juicio.

PERTE Chip

El decreto ómnibus también incluye una modificación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 para autorizar un préstamo de 800 millones de euros del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a SEMYS, la sociedad mercantil estatal de la SEPI que se encarga de gestionar el PERTE de Microelectrónica y Semiconductores (PERTE Chip) y garantizar así que la entidad dispone de fondos propios.

Asimismo, también modifica el artículo para ampliar la fórmula en la que la sociedad materializará el apoyo financiero a la industria del chip, ya que considera que limitar dicho apoyo a préstamos participativos era "restrictivo en exceso". Con este cambio, la SEMYS también podrá entrar el capital de empresas beneficiarias de las ayudas o conceder préstamos ordinarios.

Cédulas hipotecarias

El Real Decreto de medidas anticrisis modifica el también Real Decreto-Ley de 2021 que transpone directivas de la UE en materia de bonos garantizados. Entre otras cosas, pretende facilitar la tramitación de reestructuraciones de préstamos al amparo de los Códigos de Buenas Prácticas de Deudores Hipotecarios de 2012 y 2022 que forman parte del conjunto de cobertura.

Estos instrumentos financieros son utilizados por los bancos dado su reducido coste y su carácter de activos elegibles como garantía para las operaciones de obtención de liquidez del Eurosistema. 

Se trata, básicamente, de cédulas hipotecarias. Esto es, un conjunto de hipotecas de un banco agrupadas, paquetizadas y emitidas al mercado financiero en forma de bono. Cuentan con una elevada calidad crediticia que atrae a inversores demandantes de activos de bajo riesgo, mientras que las entidades se quitan el riesgo de encima.

Sin embargo, la decisión del Gobierno de facilitar la tramitación de reestructuraciones podría modificar el funcionamiento de este mercado. Varios analistas financieros consultados por este periódico alertan de que restará atractivo a este tipo de bonos.

Se temen que, si tan fácil es reestructurar las hipotecas que sirven de garantía para una cédula, los inversores no querrán comprar estos bonos o, en todo caso, les exigirán un mayor rendimiento, lo que encarecerá la financiación de la banca.