Concretamente, se trata de los compromisos adquiridos con la Comisión Europea a través del Plan de Recuperación, unas obligaciones que conllevan, al menos, una reforma fiscal, cambios en el ámbito de los funcionarios y el pago por uso en las autovías españolas. 

Precisamente esta cuestión ha concentrado la polémica más reciente de las últimas horas. Pese a que varios representantes gubernamentales lo nieguen, el pago por uso tendrá que ser una realidad en 2024 (de hecho, el sistema para ello tendría que estar aprobado antes de que acabe el año), según insistieron representantes del Ejecutivo comunitario este jueves.

Así aparece recogido, además, en los compromisos de España con Bruselas a cambio de los fondos Next-Gen como parte de una ley de movilidad sostenible, un proyecto legislativo que decayó por el adelanto electoral y la disolución de las Cortes. 

Dicha futura ley recoge, entre otras cosas, regular las "actividades relacionadas con el transporte y la movilidad, incluyendo cuestiones relacionadas con la planificación y financiación de infraestructuras y servicios de transporte". Así figura en la adenda al Plan de Recuperación recién enviada a Bruselas, y en estas líneas entraría el pago por uso de las autovías.  

[Raquel Sánchez desmiente a Bruselas e insiste en que no habrá pago por uso de las carreteras en 2024]

Al cumplimiento de este hito se encuentra ligada la recepción de 8.000 millones de euros en ayudas (el sexto pago), que se recibirían en 2024. Pero este tramo es sólo la punta del iceberg: 32.476 millones de euros hasta 2026 dependen de que el futuro Gobierno cumpla los compromisos del Plan de Recuperación. 

Entre estos compromisos se encuentra el desarrollo completo de la reforma fiscal, una que ha sido postergada con el argumento del impacto económico de la guerra en Ucrania. 

En ella, España tiene, entre otras cosas, que retocar los beneficios fiscales, sobre todo aquellos vinculados con la fiscalidad ambiental. El Ejecutivo que ocupe la Moncloa será, posiblemente, el que tenga que cumplir con el viejo mandato comunitario de elevar la tributación de los combustibles, particularmente del gasóleo. 

De esta reforma dependen 7.000 millones de euros que España tendría que recibir antes de que acabe el año. Este sería el quinto pago.

Cuarto pago

Sin embargo, el Gobierno actual ni siquiera ha pedido el cuarto pago (10.000 millones) que es el que depende de reformas y leyes como la de vivienda, pensiones o la de Universidades. Por ello, Bruselas ni siquiera ha comenzado a evaluarlas y se da por hecho que este 2023 habrá retrasos en el abono de fondos europeos, al menos en este caso.  

Pero el cuarto desembolso puede sufrir algo más que retrasos: recortes. El abono de los fondos Next-Gen de Bruselas pueden ser parciales hasta el cumplimiento de determinados hitos, y en este caso hay varios que la disolución de las Cortes obligó a dejar en el cajón.

Este es el caso de la importante Ley de Función Pública de la Administración General del Estado que establecía nuevas condiciones para los funcionarios o la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que no se terminó de tramitar en esta legislatura por la disolución de las Cortes. Dos legislaciones que tendrá que retomar el Gobierno que salga de las elecciones del 23J. 

Pero hay más. El Gobierno de Sánchez se ha comprometido a 237 hitos y reformas en los próximos tres años de de los que dependen los fondos UE que se reciban en 2024 (los ya citados 8.000 millones), 2025 (3.476 millones) y 2026 (4.000 millones).  

Alberto Núñez Feijóo, este jueves en Puente del Rey, en el cierre de campaña del PP de Madrid. David Mudarra

De cara a estos años, un informe de la consultora Llorente y Cuenca glosa las acciones que consideran más completas, entre las que se cuenta lo relativo al desarrollo de la energía eólica marina, el Sistema Nacional de Salud (SNS) y el desarrollo de dos clústeres de hidrógeno renovales para integración sectorial financiados.

¿Si ganara Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, las elecciones generales y se hiciera con la Moncloa podría modificar estas metas? Contaría con cierto margen para ello. Pero cualquier cambio tendría que ser negociado y aceptado por la Comisión Europea.