La vicepresidenta Nadia Calviño, que ha ejercido de anfitriona y presidenta del Ecofin, ha propuesto a sus socios un "calendario ambicioso" cuyo objetivo es cerrar un acuerdo definitivo antes de fin de año, de modo que la reforma se pueda aplicar ya en 2024. Sin embargo, otras delegaciones son mucho más escépticas y pronostican que las negociaciones se prolongarán al menos hasta mediados del año que viene, lo que retrasaría la entrada en vigor a 2025.

Esta vez, los plazos son muy importantes. El Pacto de Estabilidad lleva suspendido desde el estallido de la pandemia en marzo de 2020, lo que ha permitido a los Gobiernos europeos cuatro años de barra libre de gasto público para responder a las sucesivas crisis. Pero Bruselas ya ha decidido que las reglas que obligan a rebajar el déficit y la deuda volverán a activarse en 2024. Si la reforma no se completa a tiempo, España y el resto de socios tendría que poner en marcha ajustes mucho más exigentes el año que viene.

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"Para llegar a un acuerdo con ese calendario ambicioso es preciso pasar ya a la fase de la búsqueda de consensos, a la fase de negociación política", ha reclamado Calviño a sus socios al término del Ecofin. Durante todo el verano, la Presidencia española ha impulsado el trabajo técnico (con hasta dos reuniones semanales) y ha logrado cerrar un 70% del reglamento, es decir, todo aquello que esta "fuera del núcleo esencial de la reforma".

Eso significa que la negociación de las nuevas reglas entra ahora en su fase decisiva. Y Alemania continúa siendo el principal escollo, atrincherada en contra de las propuestas de la Comisión de Ursula von der Leyen. En lugar de objetivos numéricos iguales para todos, la reforma se basa en planes de ajuste plurianuales a medida de cada Estado miembro. Los Gobiernos dispondrán de más tiempo para ejecutar la consolidación fiscal (hasta 7 años) si se comprometen a hacer reformas e inversiones de interés europeo.

Nadia Calviño y Valdis Dombrovskis, durante la rueda de prensa de este sábado en Santiago de Compostela Presidencia española de la UE

Durante los últimos meses, España ha mantenido múltiples reuniones bilaterales con Berlín a todos los niveles con el fin de tratar de convencerle de las bondades de la reforma. En este esfuerzo, Calviño está contando con la ayuda de Países Bajos y Dinamarca a la hora de construir puentes con Alemania, según explican fuentes diplomáticas.

Estos dos países han sido tradicionalmente halcones de la austeridad fiscal, pero ahora han cambiado de bando hacia posiciones más flexibles. De hecho, la ministra holandesa, Sigrid Kaag, alcanzó con Calviño un acuerdo que ha servido de base para la reforma del Pacto de Estabilidad. La vicepresidenta primera quiere romper la política de bloques enfrentados y acabar con la fractura norte-sur que tradicionalmente envenena todas las discusiones sobre política económica en Bruselas.

El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, sostiene que los planes de ajuste individualizados vulneran el principio de igualdad de trato. Tampoco se fía de que la Comisión sea suficientemente estricta con los Gobiernos más manirrotos. Por eso reclama una serie de salvaguardas que básicamente consisten en volver a introducir objetivos numéricos comunes, entre ellos, un recorte anual de la deuda de al menos un 1%.

En el extremo contrario, Francia (y también Italia o España) sostiene que las propuestas de Berlín impondrían obligaciones "irrealistas" en materia de reducción del déficit y consolidación presupuestaria, con un "gran impacto negativo sobre el crecimiento". En tanto que presidenta de turno del Ecofin, a Calviño le corresponde ahora no tanto defender la posición española, sino encontrar una solución de compromiso que satisfaga a todos.

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Se trata de lograr el "adecuado equilibrio" entre "un marco que garantice sendas de reducción gradual de la ratio de deuda sobre el PIB y, por tanto, la sostenibilidad financiera y fiscal a medio y largo plazo". Y al mismo tiempo "el necesario espacio para poder abordar las inversiones que responden a los intereses y las prioridades europeas y tener también los incentivos necesarios para las reformas estructurales", ha explicado la vicepresidenta primera. 

En paralelo, "el marco de reglas fiscales tiene que tener en cuenta las especificidades de los diferentes países, garantizando al mismo tiempo reglas comunes que se cumplen, que son creíbles y que garantizan la igualdad de trato para todos los países".

La prueba de fuego para la Presidencia española será la reunión del Ecofin programada el 17 de octubre en Luxemburgo. Para entonces, Calviño quiere tener ya lista una propuesta de compromiso con el fin de cerrar un acuerdo a nivel ministerial, que después tendrá que negociarse con la Eurocámara. "Celebramos la ambición de la Presidencia española de alcanzar un acuerdo para final de año. Esto puede ser difícil, pero sé que la Presidencia española está comprometida con este calendario", ha señalado Dombrovskis.