Isabel Díaz Ayuso anunció este martes que la región va a tramitar de urgencia una nueva ley que le permita recaudar el también conocido como impuesto a los 'ricos'.

¿Cómo? Se va a eliminar de forma parcial la bonificación que aplica Madrid al Impuesto sobre el Patrimonio, de manera que lo que ingresa el Gobierno central por Grandes Fortunas se quede las arcas públicas madrileñas.  

"La medida anunciada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se va a articular a través de una modificación de la bonificación actual aplicable al Impuesto sobre el Patrimonio", explican fuentes del Gobierno de Madrid. 

Concretamente, se va a "establecer una bonificación variable para que los contribuyentes madrileños afectados por el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas lo satisfagan en el Impuesto sobre el Patrimonio", que sí cobra la Comunidad de Madrid.

Exentos

"De igual manera, los contribuyentes no afectados por el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas seguirán sin pagar el Impuesto sobre el Patrimonio", añaden estas fuentes. Es decir, los contribuyentes con fortunas entre los 700.000 y los tres millones de euros seguirán exentos de pagar este tributo. 

"El objetivo de esta medida es que el dinero revierta a los madrileños fundamentalmente a través de la bajada de impuestos", indican fuentes de la Puerta del Sol. Con todo, las fuentes consultadas no concretan si se refieren a nuevas reducciones tributarias o a otras nuevas. 

De esta manera, lo que Madrid no quiere es dar más recaudación al Gobierno central si se puede quedar en las arcas autonómicas. De los 623 millones de euros por Grandes Fortunas que ha recaudado el Ministerio de Haciendo este año, 555 millones proceden de 10.302 contribuyentes madrileños. 

Estos 555 millones son los que se quedarán en Madrid cuando la región derogue, parcialmente, su bonificación sobre Patrimonio.

Objetivo

De esta manera, María Jesús Montero y el Estado pierden recaudación pero logran parte de su objetivo: homogeneizar el Impuesto sobre el Patrimonio haciendo que las autonomías rebeldes del Partido Popular resuciten este tributo, aunque sea de manera parcial. 

El camino emprendido por Ayuso se observa con atención desde Sevilla. La Junta de Andalucía, que también ha bonificado al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio y que espera también a que el Constitucional se pronuncie sobre el recurso a Grandes Fortunas que interpuso en primavera, baraja estos días fórmulas para responder si el alto tribunal también desestima su queja.

"Se está estudiando tanto esa vía como otras alternativas", remarcan a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes del Gobierno de Juan Manuel Moreno. Insisten en que lo prioritario es que este impuesto, que tachan de "ideológico" y "reaccionario a la decisión de Andalucía de ejercer su autonomía financiera", no repercuta en la inversión en la comunidad.

Lo cierto es que en el mundo de la fiscalidad coinciden en recuperar el Impuesto de Patrimonio parece lo más razonable para, al menos, que los ingresos se queden en la autonomía.

"Derogar las bonificaciones es lo más normal, sencillo y lógico", opina Luis del Amo, secretario técnico del REAF, el órgano sobre fiscalidad del Consejo General de Economistas.