Un grupo de asociaciones representantes de trabajadores de la Seguridad Social han mostrado este sábado su oposición al traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco ya que esta medida vulneraría garantías constitucionales, así como los principios de caja única y solidaridad financiera y de igualdad de todos los españoles, independientemente del lugar en el que residan.
En un comunicado, cinco asociaciones recuerdan que el artículo 41 de la Constitución Española contempla un régimen público de Seguridad Social único y unitario para todos los ciudadanos como garantía de la igualdad entre todos ellos a la hora de acceder a este servicio.
A este respecto, detallan que para garantizar dicha igualdad, la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, bajo los principios de solidaridad financiera y caja única de titularidad estatal.
En este sentido, subrayan que esas competencias no consisten en la mera regulación normativa, sino que alcanzan a todos los actos de ejecución de gestión necesarios para garantizar la aplicación de criterios de gestión únicos y uniformes en todo el territorio nacional. Así se garantiza la igualdad y se impide la existencia de diversas políticas territoriales de Seguridad Social en cada una de las comunidades autónomas.
Por este motivo, las asociaciones consideran que resulta "evidente" que la cesión o transferencia a las comunidades autónomas de cualquier aspecto relativo a la estión o ejecución en materia de Seguridad Social "vulneraría las garantías constitucionales y los principios de caja única y solidaridad financiera, así como el de igualdad de todos los españoles, con independencia del territorio donde residan".
Agencia Estatal
A este respecto, añaden que la sostenibilidad y garantía del sistema no se consigue mediante la renuncia del Estado a sus competencias atribuidas constitucionalmente sino, todo lo contrario, "con el refuerzo y garantía de las mismas mediante la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social".
En su opinión, esta Agencia Estatal, cuya creación se incluye en la recomendación octava del Pacto de Toledo, garantizaría una gestión única y uniforme, respondiendo a las exigencias de simplificación, racionalización, economía de costes y eficacia, así como a la mejor aplicación de los principios de solidaridad, igualdad en el trato y equidad entre generaciones.
La ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero; el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección; Pedro Sánchez; el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.
Asimismo, subrayan que la articulación del sistema de Seguridad Social "no puede depender ni de coyunturas políticas ni de intereses territoriales o partidistas", por lo que apelan a la responsabilidad de los distintos agentes políticos y sociales para que se refuerce su gestión exclusiva por el Estado. Así, afirman que esta es "la única forma" de garantizar su uniformidad y la igualdad de todos los ciudadanos.
Las cinco entidades firmantes del comunicado son la Asociación Profesional del Cuerpo de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social (Atass), la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social (ALSS), la Asociación de Profesional de Médicos Evaluadores de la Seguridad Social (Apromess), el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social (Asias).