Las políticas del Gobierno durante el último año, en general, no han gustado en el sector privado. Los impuestos temporales a la banca y a las compañías energéticas (que según el acuerdo entre PSOE y Sumar se mantendrán) se consideraron un ataque directo a las empresas españolas, sobre todo porque se improvisaron y se puso en un brete la seguridad jurídica. 

La guerra fiscal continuará en la legislatura que está dando sus primeros pasos. Así lo indicó el propio Sánchez durante su discurso de investidura. "El 75% de nuestros compatriotas piensan que hay que reforzar el Estado del Bienestar y que para ello debemos aumentar los impuestos a las grandes fortunas y a las grandes empresas. Y esa opinión es tan mayoritaria como preponderante incluso entre los votantes de derechas". 

Con estos argumentos, para empezar, se va a aplicar un 15% de tributación mínima a través del Impuesto sobre Sociedades a las grandes empresas y las multinacionales. La primera iniciativa fiscal concreta del conjunto de medidas que cabe esperar que se ejecuten durante los cuatro próximos años. 

A esto se suman los rumores y quinielas sobre cómo va a ser el reparto de competencias y poderes entre el PSOE y Sumar, unos correveidiles que ya ocurrieron cuando los socialistas y Unidas Podemos se repartieron carteras a principios de 2020.  

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En este caso, los temores entre los empresarios se han desatado ante la posibilidad de que Sumar se haga con ministerios de corte económico, más allá de Trabajo, bajo la batuta de Yolanda Díaz. Según ha podido saber este periódico, la gallega insiste en lograr un ministerio clave para el sector productivo español: el de Industria. 

Se trata de un ámbito que la formación de Díaz desea para poder dar forma a un sector productivo fuerte bajo el control público. Además, ha reclamado a Sánchez, tanto en público como en privado, transformar la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) "en una verdadera Agencia Industrial Pública, con más medios y más capacidad de intervención" que deje "de depender de Hacienda".

Sirva como ejemplo de estos planteamientos la creación de una empresa farmacéutica pública que investigue, fabrique y comercialice medicamentos, terapias esenciales y vacunas, según recoge el programa de Sumar. 

Más allá de estas intenciones, y qué parte de ellas se pueden cumplir, los temores de las empresas en España están en que se puedan interrumpir los trabajos actuales de Industria y que tienen que ver con los fondos europeos. Concretamente, con los desarrollos de los PERTE. 

PERTE

Industria es el ministerio que más tiene que ver con el desarrollo de estos proyectos estratégicos, que coordina con el apoyo del resto de los departamentos.

Entre ellos, el más representativo es el PERTE VEC, que es en el que los fabricantes de automóviles se están apoyando para favorecer la construcción de fábricas de baterías en España y producir coches eléctricos en nuestro país. Desde este sector existe el temor de que si departamento cambia de color, se paralicen y ralenticen estos proyectos. 

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, ofrece una rueda de prensa tras un pleno de la Asamblea de Madrid, a 13 de octubre de 2023. Fernando Sánchez / Europa Press

Pero el industrial no es el único sector que teme que un ministerio cambie de color y pase a los dominios de Yolanda Díaz. La sanidad privada mira con temor que Sanidad recaiga en Sumar. Mónica García, que es a quien todos los rumores apuntan si es así, podría poner en jaque la colaboración de los centros privados con el Sistema Nacional de Salud (SNS), según han dicho fuentes de estas empresas a EL ESPAÑOL-Invertia.

Es de sobra conocido que el partido que encabeza Yolanda Díaz defiende que la sanidad sea totalmente pública. Es decir, que no quiere que la privada forme parte de ella o colabore. Y es precisamente esto lo que preocupa a los grupos hospitalarios.

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"Ese postulado responde a la ideología dejando a un lado la gestión de la sanidad", han dicho estas voces. En este sentido, el presidente de la patronal de la sanidad privada (ASPE), Carlos Rus, avisó durante su discurso de reelección, este jueves: "Sin la privada no existirá un SNS ni eficaz, ni solvente, ni sostenible".

Un análisis elaborado por esta patronal, precisamente, concluyó que el coste de los conciertos de la sanidad privada es un 50% más barato que el de la atención sanitaria pública. 

La organización ha examinado los procedimientos quirúrgicos y diagnósticos más habituales en el sector sanitario. Por ejemplo, una artroscopia es un 49% más barato en la sanidad concertada que en la pública, operar una catarata un 46% y un PET un 92%.

Pero el aislamiento no es el mayor peligro que corre el sector sanitario privado. Cabe recordar que Yolanda Díaz (igual que en su momento Pablo Iglesias) quiere que los servicios sanitarios privados dejen de estar exentos del pago de IVA, aunque esto ya queda fuera de las competencias de Sanidad. 

Reformas

Otras voces relacionadas con la gestión sanitaria ponen el acento en otra cuestión: "Lo peor de todo es que no se aplicarían las políticas que necesita el país, que son eficiencia y resultados. Sumar defiende el modelo de gestión pública directa, que es lo contrario a la colaboración público-privada".

Además, recuerdan que está por desarrollar, todavía, la esperada reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional Farmacéutico, que vehicula las políticas del medicamento en nuestro país, que podría volver a bloquearse.

La situación política que deja la investidura de Pedro Sánchez también deja preocupación entre los empresarios. Durante el 7º Acto Empresarial por el Corredor del Mediterráneo, Juan Roig, presidente de Mercadona, opinó que se "está consiguiendo una división entre los españoles que no es nada buena" y si se sigue por esta senda "a todo el mundo le va a ir a peor".

Recordó que los empresarios y los trabajadores "son los que generan riqueza en este país y puestos de trabajo" y ha insistido en que se necesita "un marco de estabilidad".

Juan Roig

Por su parte, Vicente Boluda, presidente de la Asociación de Empresarios Valencianos (AVE), fue más directo: "los pactos de Pedro Sánchez amenazan nuestra convivencia por ser alcanzados con fuerzas políticas que no quieren participar en nuestro país", declaró. 

Añadió que con ellos se "hipoteca el futuro y ataca la igualdad entre los españoles y la separación de poderes, pilares básicos de nuestro modelo de convivencia".

Sin embargo, todavía no hay nada confirmado. Con todo, por la parte de Sumar, los ministrables que más suena son la mencionada García en Sanidad, Ernest Urtasun en Cultura, Nacho Álvarez en Derechos Sociales (aunque no está confirmado sin este departamento acabará como una secretaría de Estado), Sira Rego en Infancia y Juventud y la propia Yolanda Díaz en trabajo. 

Pero quién sabe si esto se mantendrá en las próximas horas, cuando lleguen las designaciones oficiales de ministros. Pedro Sánchez decidirá.