María Jesús Montero se mantiene como ministra de Hacienda y Función Pública. La andaluza continúa como una de las figuras más fuertes en el Gobierno de Pedro Sánchez y uno de los pilares de sus mandatos en los últimos años. A las competencias en Hacienda, sumar la vicepresidencia cuarta del Gobierno, creada para ella.
Currículo
María Jesús Montero nació en Sevilla el 4 de febrero de 1966 y se crió en el barrio de Triana. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, su relación con la política se inició muy joven en movimientos cristianos de base y se acercó a las Juventudes Comunistas.
La mayor parte de su carrera profesional ha estado vinculada a la gestión sanitaria. Como técnica en función administrativa de hospitales, ha sido subdirectora médica del Hospital Universitario Virgen de Valme y directora gerente del Virgen del Rocío, ambos en Sevilla.
En cambio, su carrera como dirigente política se inició en 2002, cuando fue designada viceconsejera de Salud de la Junta de Andalucía. A partir de 2004 y hasta 2013 pasó a ocupar el cargo de consejera de Salud de la región.
A partir de 2013, y bajo el mandato de Susana Díaz, Montero fue designada consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de Andalucía.
Sólo dejó este cargo cuando Pedro Sánchez la llamó a filas para ser su ministra de Hacienda a partir de 2018, puesto que ocupa desde entonces y que entre 2020 y 2021 compatibilizó con la portavocía del Gobierno.
Además, la ministra ocupa un cargo de relevancia dentro del PSOE. Pedro Sánchez la ha convertido en la número 2 de los socialistas, nombrándola vicesecretaria general.
Posición en la amnistía
Como una de figuras más relevantes del Gobierno, María Jesús Montero ha sido en los últimos meses una defensora de la amnistía y su encaje constitucional.
"En el PSOE nos hemos afanado en los últimos meses en que la amnistía tenga encaje y sea homologable a otros países europeos donde las leyes de amnistía tienen reflejo en la Constitución o en otro tipo de ordenamientos jurídicos", afirmó la socialista, recientemente. Eso sí, existe un cambio de argumentario pues, meses atrás aseguraba que era "anticonstitucional" y no podría aplicarse.
Balance de su gestión
El Ministerio de Hacienda ha tenido que lidiar con emergencias constantes en esta legislatura, más corta de lo habitual. Primero con la irrupción de la Covid, luego con la recuperación económica y finalmente con las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania.
A lo largo de este periodo, el Ministerio de Hacienda ha tenido que incrementar las partidas para que las comunidades autónomas afrontaran las crisis de la Covid y ha hecho ajustes para facilitar la gestión tributaria digital.
Durante este tiempo ha aprobado hasta tres Presupuestos Generales del Estado consecutivos (2021, 2022 y 2023). Dentro de ellos (o en paralelo) ha habido pequeñas reformas fiscales, como introducir más progresividad en el IRPF, elevar la tributación de los planes de pensiones individuales y desarrollar las tasas temporales a la banca, las empresas energéticas y las grandes fortunas.
Con todo, las emergencias citadas han llevado al departamento a retrasar y postergar la reforma fiscal que se prometió durante toda la legislatura. Por otro lado, Hacienda ha sido garante del cumplimiento y seguimiento de las reglas europeas de los fondos relacionados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Retos de su Ministerio
El desafío más inmediato que tiene el Ministerio de Hacienda es la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2024, unas cuentas en las que se tendrán que integrar los compromisos que Pedro Sánchez ha ido cerrando con sus aliados parlamentarios para su investidura.
En el horizonte también está la reforma de la financiación autonómica. Las regiones reclaman cambios de manera urgente. Sin embargo, la primera medida que se espera en el ámbito autonómico será la prometida quita de deuda que las regiones generaran por la crisis financiera de hace 10 años.
Como suele ser habitual, el caso catalán va a ser el más espinoso. El PSOE se ha comprometido a resolver la financiación de Cataluña en una comisión bilateral.
Finalmente, queda la gran reforma fiscal que reclama la Comisión Europea y que España todavía no ha emprendido. Se trata de una serie de grandes cambios, que abarcan tanto los beneficios fiscales como la reformulación de impuestos ambientales como los que pesan sobre los combustibles. La otra gran asignatura pendiente que tendrá que abordar es la reforma de la financiación autonómica.