La voz de alarma la daba la Moody's, para quien el acuerdo para liberar a Cataluña de 15.000 millones de su deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es un arma de doble filo. Reconoce la agencia que será positivo para sus arcas y su rating, al igual que lo será su extensión al resto de regiones como ha prometido Pedro Sánchez. Sin embargo, considera que esta medida "podría desincentivar la formulación de políticas fiscales" a nivel autonómico que, posteriormente, "presionarían las finanzas del Estado". 

Y es que la agencia cifra en 45.000 millones de euros el coste total de la condonación de deudas. Allí se incluyen también regiones que no están en el FLA como son País Vasco, Navarra y la Comunidad Autónoma de Madrid. Para ellas, como dijo el presidente del Gobierno en su investidura, se buscarán fórmulas alternativas de compensación. 

[Gobierno y Generalitat pactarán la financiación de Cataluña al margen del resto de las autonomías]

La advertencia lanzada por Moody's es compartida por otros inversores con participación en el mercado y a los que ha consultado EL ESPAÑOL. A su juicio, el mecanismo que se articule debe dejar claro que todas las comunidades autónomas deben cumplir con los ratios de reducción del déficit y deuda. 

Máxime, inciden, en un contexto en el que la Unión Europea va a implementar nuevas reglas fiscales que los Estados deberán cumplir. Y ahí, el comportamiento de las regiones será esencial. Ahora bien, todavía está por ver cuándo entran a funcionar los nuevos postulados europeos. 

En principio deberían estar listos el 1 de enero, pero los miembros del Eurogrupo llevan cierto retraso. De ahí que todo hace pensar que comenzarán a funcionar a partir de mediados del año que viene o, directamente, en 2025. Todo dependerá de si en la próxima reunión que se celebra en diciembre la presidencia española es capaz de acercar posturas. 

Tras la última reunión, y como ha contado EL ESPAÑOL-Invertia, parece que Alemania se ha impuesto y el objetivo fijado por España, Italia y otros países de relajar las reglas de déficit podría quedar en papel mojado. Más bien podría ocurrir lo contrario, un endurecimiento de los límites de endeudamiento tay como reclama Berlín. 

La postura de Calviño 

En su calidad de presidenta de turno del Ecofin, Nadia Calviño aceptaba incorporar en el último documento de negociación la principal exigencia de Alemania: objetivos numéricos comunes de reducción del déficit y la deuda. Lo único que falta ahora es definir las cifras concretas de ajuste.

La introducción de objetivos comunes de reducción de déficit y deuda supondría desvirtuar por la puerta atrás la filosofía que inspiraba la reforma del Pacto de Estabilidad. El plan original de Von der Leyen ofrecía más flexibilidad y más tiempo (entre cuatro y siete años) a la hora de poner las cuentas públicas en orden, con planes de ajuste plurianuales a medida de cada Estado miembro, negociados de forma bilateral entre Bruselas y las capitales.

Además, en un cambio radical de postura, el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, que hasta ahora había rechazado de plano las exigencias de Berlín por considerar que asfixiarían la inversión y el crecimiento, se muestra ahora dispuesto a aceptarlas. Calviño, al ocupar la presidencia del Ecofin, tiene que ejercer de árbitro, lo que limita su margen de maniobra para defender posiciones nacionales. Italia es ahora mismo el país más descontento con la marcha de las negociaciones.

Está por ver qué ocurrirá, pero de lo que salga en Bruselas dependerá también el papel que deban jugar las Autonomías y los Ayuntamientos en España. La partida acaba de empezar, y el "riesgo moral" está ahí.