La presidencia española de la Unión Europea y los negociadores de la Eurocámara han alcanzado este miércoles un acuerdo final para crear una nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es proteger a los ciudadanos y al sistema financiero de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El acuerdo no incluye ninguna decisión sobre la ubicación de la sede, a la que opta Madrid y que tiene que cerrarse en 2024. Incluso antes de su creación, la AMLA se ha convertido en una de las agencias más codiciadas de la Unión Europea: también París, Roma y Fráncfort compiten por acogerla.
Por primera vez, la sede de la AMLA será acordada entre el Parlamento y el Consejo mediante el procedimiento legislativo ordinario, tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en ese sentido. Los colegisladores, que todavía siguen negociando los principios del proceso de selección, tienen intención de celebrar audiencias con los candidatos que hayan expresado su interés.
La candidatura española cuenta con el respaldo del Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid y fue presentada oficialmente el 7 de noviembre en la Eurocámara por el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo; el director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Juan Manuel López Zafra, y el director general de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Madrid, José Francisco Herrera.
"La AMLA cambiará las reglas del juego para acabar con el dinero sucio en la UE. Supervisará a las 40 entidades financieras de mayor riesgo y vigilará al sector no financiero para prevenir casos como los Pandora Papers. La AMLA también desempeñará un papel crucial evitando la elusión de sanciones financieras como las incluidas en los 11 paquetes de sanciones aprobados por la UE contra Rusia. El siguiente paso es encontrar la mejor ubicación posible", ha dicho la eurodiputada de Ciudadanos Eva Poptcheva, que ha sido una de las ponentes parlamentarias.
La AMLA tendrá como tarea controlar la aplicación del nuevo reglamento de la UE para combatir los flujos de dinero sucio. Se encargará de supervisar directamente a las entidades financieras de mayor riesgo, incluidos los proveedores de servicios de criptoactivos. También tendrá poderes para intervenir en caso de fallos de supervisión a nivel nacional.
Además, la Agencia tendrá como labor ayudar a coordinar las acciones de los supervisores nacionales de los Estados miembros y facilitar la convergencia de las prácticas de supervisión, así como mediar y resolver disputas entre autoridades nacionales.
La AMLA tendrá una junta general compuesta por representantes de supervisores y unidades de inteligencia financiera de todos los estados miembros; y una junta ejecutiva, que sería el órgano rector, compuesta por el presidente de la Autoridad y cinco miembros independientes a tiempo completo.