Ha sido el acto final de Nadia Calviño antes de marcharse al Banco Europeo de Inversiones (BEI). Después de más de dos años de duros enfrentamientos, los ministros de Economía de los Veintisiete han sellado este miércoles por unanimidad un acuerdo político definitivo sobre las nuevas reglas de disciplina fiscal de la Unión Europea. Una solución de compromiso que supone un claro triunfo de las tesis frugales defendidas desde el principio por Alemania, frente a la mayor flexibilidad que reclamaban España, Italia, Francia o la Comisión de Ursula von der Leyen.
"El acuerdo sobre las reglas fiscales es una noticia importante y positiva: dará certidumbre a los mercados financieros y reforzará la confianza en las economías europeas", ha celebrado la vicepresidenta primera y responsable de Asuntos Económicos.
"Las nuevas reglas fiscales son más realistas y efectivas al mismo tiempo. Combinan objetivos claros de reducción de déficits y ratios de deuda con incentivos para las inversiones y las reformas estructurales. Se ha reforzado la política de estabilidad", presume el ministro de Finanzas de Alemania, Christian Lindner.
"Para los Países Bajos, es clave que con este acuerdo avancemos hacia una reducción de la deuda ambiciosa y sostenible", ha destacado la ministra holandesa, Sigrid Kaag.
La reforma del Pacto de Estabilidad -que deja sin cambios los umbrales de 3% de déficit y 60% de deuda- todavía tiene que ser concertada con la Eurocámara, algo que se espera que suceda durante el primer trimestre del año que viene. El año 2024 supondrá el fin de la etapa de barra libre de gasto público (que se ha prolongado durante cuatro años para amortiguar el impacto de la pandemia primero y de la guerra en Ucrania después) y el regreso a los ajustes presupuestarios.
Aunque inició la negociación prácticamente aislado, Lindner ha logrado endurecer considerablemente la propuesta original de Von der Leyen, introduciendo requisitos más estrictos de reducción del déficit y la deuda comunes para todos. Para ello ha contado con la colaboración de Calviño, que en su papel de presidenta de turno del Ecofin ha elaborado el compromiso final adoptado por los ministros.
En las horas previas a la videoconferencia del Ecofin, las grandes potencias de la eurozona han multiplicado los contactos a todos los niveles para cerrar un acuerdo final. El martes por la tarde, Lindner y su homólogo francés, Bruno Le Maire, mantuvieron una reunión virtual con el italiano Giancarlo Giorgetti, el que más se ha resistido al acuerdo por considerar que las nuevas reglas son demasiado estrictas e imposibles de cumplir para países altamente endeudados como Italia.
A continuación, Lindner y Le Maire celebraron una cena de trabajo en París en la que cerraron "al 100%" los últimos flecos de la reforma. Al inicio del debate, París y Berlín defendían posiciones antagónicas y por ello su pacto ha servido para arrastrar al resto de socios: los frugales en el caso alemán y los sureños en el caso francés.
El acuerdo final mantiene el esqueleto original de la propuesta de Von der Leyen, aunque desvirtúa por la puerta de atrás la filosofía que la inspiraba al introducir objetivos numéricos comunes de déficit y deuda. En efecto, la reforma introduce el principio de planes de ajuste plurianuales a medida de cada Estado miembro, negociados de forma bilateral entre Bruselas y las capitales basándose en un análisis de la sostenibilidad de la deuda.
El periodo de ajuste podrá ampliarse de cuatro a siete años si los Gobiernos se comprometen a realizar reformas e inversiones que respondan a los objetivos de la UE. Las reformas incluidas en los planes de recuperación Next Generation se tendrán en cuenta a la hora de dar más tiempo a los Estados miembros para poner sus cuentas públicas en orden. El único indicador que se tendrá en cuenta para la supervisión fiscal será la senda de gasto público primario.
Sin embargo, a la propuesta inicial de Von der Leyen, que contaba con el apoyo total de España, Italia y Francia, se han superpuesto durante las negociaciones, como una segunda capa, todas las exigencias de Berlín. Unos requisitos que no sólo endurecen la reforma, sino que la hacen extremadamente compleja, lo que contradice también el objetivo inicial de simplificar las reglas.
Para empezar, a los países con un déficit superior al umbral del 3% que marca el Pacto se les exigirá un ajuste estructural del 0,5% del PIB al año (que en el caso de España equivale a 6.600 millones de euros). En la fase final de la negociación, los países del sur han conseguido arrancar a Berlín una flexibilidad temporal que se aplicará únicamente entre 2025 y 2027, para tener en cuenta la subida de tipos de interés.
"La Comisión ha confirmado que usará esa flexibilidad a la hora de suavizar el ajuste exigido, ya que hay que tener en cuenta que esos años aumentará la carga de intereses de la deuda pero también tenemos que hacer inversiones importantes para cumplir el recorte de emisiones del 55% en 2030 o el aumento del gasto militar al 2% del PIB pactado en la OTAN", explican fuentes diplomáticas.
Alemania también ha logrado introducir toda una serie de salvaguardas en el brazo preventivo del Pacto de Estabilidad, es decir, para los países con un déficit inferior al 3%. En primer lugar, los Estados miembros altamente endeudados como España deberán recortar la deuda a un ritmo anual de al menos el 1% durante todo el periodo de su plan de ajuste (cuatro o siete años).
En segundo lugar, la reforma exige a los Estados miembros con una deuda superior al 90% mantener un margen de seguridad de 1,5 puntos por debajo del umbral del 3%, con el fin de tener espacio fiscal y poder responder a nuevas crisis. Eso significa que de facto el nuevo tope de déficit para España será el 1,5%.
Uno de los últimos parámetros que ha pactado en las últimas horas es el esfuerzo anual exigido para alcanzar este nuevo objetivo de déficit del 1,5%. Con carácter general, los Gobiernos tendrán que realizar un ajuste mínimo del 0,4%, pero podrán reducirlo al 0,25% si hacen inversiones y reformas.
El otro objetivo numérico que se ha decidido a última hora es la desviación máxima que se permitirá a los Estados miembros respecto a su techo de gasto antes de lanzar un expediente sancionador por déficit excesivo. Las cifras pactadas por París y Berlín y aceptadas por el resto de socios son un desfase anual máximo del 0,3% al año y del 0,6% acumulado durante todo el periodo del plan de ajuste.