Es el fin definitivo de la barra libre de gasto público a la que han recurrido los Gobiernos de la UE durante los últimos cuatro años para amortiguar el impacto de la pandemia primero y de la guerra de Ucrania después. A partir del 1 de enero de 2024 vuelven a aplicarse las reglas de disciplina fiscal, cuya reforma ha sido aprobada este miércoles por el Ecofin tras dos años de debates acalorados. Al final se han impuesto las tesis de Berlín, que reclamaba objetivos numéricos más estrictos de reducción de déficit y deuda.

Las nuevas reglas son especialmente exigentes con los países altamente endeudados, como España, Francia o Italia, a los que se pedirán ajustes más duros. De hecho, Bruselas ha clasificado a España como país de "alto riesgo" en materia de sostenibilidad presupuestaria a medio plazo (prevé que cierre el año con una ratio de deuda del 107,5%, la cuarta más alta de la UE). Este análisis de sostenibilidad de la deuda será determinante a la hora de calcular la senda de ajuste.

El nuevo sistema de vigilancia de la UE para que los países no gasten más de la cuenta entrará en juego por primera vez en primavera de 2024. Para empezar, la Comisión de Ursula von der Leyen lanzará expedientes sancionadores por déficit excesivo contra los países que superen el umbral del 3% que marca el Pacto de Estabilidad, entre ellos París, Roma o Madrid. Eso significa someter las cuentas públicas de estos países a un control estricto, con informes cada seis meses sobre la situación presupuestaria.

[Bruselas clasifica a España como país de "alto riesgo" a medio plazo por la elevada deuda pública]

La apertura de un procedimiento por déficit excesivo obligará a estos países a realizar un ajuste anual equivalente al 0,5% (equivalente a 6.600 millones en el caso de España). Esta exigencia no aparecía en el plan inicial de Von der Leyen, pero se acabó incluyendo en la propuesta legislativa para dar satisfacción a Alemania.

En la fase final de la negociación, los países del sur han conseguido arrancar a Berlín una flexibilidad temporal que se aplicará únicamente entre 2025 y 2027, para tener en cuenta la subida de tipos de interés. Esta flexibilidad no está cifrada en el texto (pese a que así lo reclamaba Francia), sino que su aplicación se deja en manos de Bruselas.

"La Comisión ha confirmado que usará esa flexibilidad a la hora de suavizar el ajuste exigido, ya que hay que tener en cuenta que esos años aumentará la carga de intereses de la deuda, pero también tenemos que hacer inversiones importantes para cumplir el recorte de emisiones del 55% en 2030 o el aumento del gasto militar al 2% del PIB pactado en la OTAN", explican fuentes diplomáticas.

Además del expediente por déficit excesivo, en primavera de 2024 arranca la gran novedad de la reforma de las reglas fiscales. Los Estados miembros deberán remitir a Bruselas sus planes de ajuste a cuatro años, que deben ser pactados bilateralmente con la Comisión, pero luego ratificados por el Ecofin.

La presidencia española sostiene que esto se traducirá en un mejor cumplimiento, porque los planes estarán alineados con las prioridades de los Gobiernos y sus necesidades específicas.

Además, los Estados miembros podrán solicitar ampliar el periodo de ajuste fiscal a 7 años a cambio de un plan de reformas e inversiones. Las reformas de los planes de recuperación Next Generation se tendrán en cuenta a la hora de dar más tiempo a los Gobiernos para poner sus cuentas en orden. Para vigilar el cumplimiento, Bruselas se basará en un único indicador durante todo el periodo de ajuste: la senda de gasto público.

Los planes de ajuste individualizados a medida de las necesidades de cada Estado miembro constituían el elemento central de la propuesta de Von der Leyen sobre las reglas fiscales. Pero el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, protestó desde el principio con el argumento de que este plan vulneraba el principio de igualdad de trato y no garantizaba una reducción suficiente de la deuda.

Al final, el Ecofin ha acabado capitulando a las exigencias de Berlín y ha incorporado a la reforma los objetivos numéricos comunes que reclamaba Lindner. Los países con una deuda superior al 90% del PIB como España deberán garantizar una reducción efectiva media anual de 1 punto porcentual. 

Los países altamente endeudados como el nuestro, aunque tengan un déficit inferior al umbral del 3%, tendrán que seguir realizando ajustes hasta llegar al 1,5% (que de facto se convierte en el nuevo límite), con el fin de contar con un margen de seguridad frente a futuras crisis. Ese ajuste será del 0,4% del PIB al año, que podrá reducirse al 0,25% en caso de realizar inversiones y reformas.

La desviación del techo de gasto pactado con la UE significará la apertura casi automática de un expediente sancionador. La reforma prevé un nuevo sistema de multas acumulables del 0,05% del PIB (660 millones en el caso de España) cada seis meses para los incumplidores.

"Alemania nunca daría su acuerdo a reglas que no sean estrictas. Estrictas en el sentido de que sean creíbles, suficientes y eficientes para conducir a una reducción de la deuda y del déficit (...) En comparación con las viejas reglas, las nuevas reglas serán más fiables para reducir la deuda y el déficit. Las viejas reglas eran estrictas sobre el papel, pero no en su aplicación", ha declarado Lindner.