La situación más paradójica ha sido la sucedida en el caso de Repsol. Josu Jon Imaz, su presidente, estuvo entre los empresarios españoles que se citaron con Sánchez el miércoles en el Foro Económico Mundial. De hecho, asistió a su intervención en el plenario de la cita. Pero ello no le impidió ser objeto de reproches por parte de Ribera un día más tarde. 

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en una intervención televisiva, cargó contra el presidente del Repsol después de que, en un debate en Davos, hiciera una llamada a "repensar" la transición energética. 

Yolanda Díaz y Teresa Ribera, vicepresidentas del Gobierno. Europa Press.

Ribera acusó a Imaz de defender un discurso de "negacionismo" y "retardismo" respecto a la manera en que se está abordando desde Europa la transición energética. Consideró que el mensaje del vasco es "crecientemente decepcionante", "demagógico" y "populista".

Por su parte, mientras que Sánchez limaba asperezas con los grandes del Ibex en Davos, Yolanda Díaz cargaba contra sus directivos y sus sueldos.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, durante la firma del acuerdo del salario mínimo interprofesional (SMI), opinó que había llegado el momento de tratar "los salarios que se perciben en los Consejos de Administración".

"Hablamos del SMI, pero tendremos que tener el debate de las elevadísimas retribuciones de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país", añadió. Todo ello para apostar por una "redistribución más justa". 

[Díaz apunta a los "salarios elevadísimos" de los altos directivos y aboga por "una redistribución más justa"]

Obviamente, esto ha abierto un tiroteo de declaraciones por parte de las patronales. El más duro fue el propio Antonio Garamendi. El presidente de la CEOE opinó que el que "una ministra de España esté hablando de un intervencionismo tal, de república bananera, pone en peligro las inversiones". 

No es la primera vez que desde el Gobierno de coalición se gestan estos ataques al mundo de la empresa. En la legislatura pasada, hace solo unos meses, Ione Belarra entonó varias críticas contra Juan Roig, presidente de Mercadona. 

La más directa fue cuando consideró "indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado, y hay que decirlo claro, son capitalistas despiadados".

Hasta los perfiles más moderados o proempresa del Ejecutivo articularon en algún momento este tipo de críticas. Este fue el caso de Nadia Calviño, hoy presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que calificó como "inaceptables" los salarios y los bonus de los directivos bancarios y reclamó al Banco de España que se limitaran. 

Tensiones

Más allá de las declaraciones de sus miembros, el Gobierno no tuvo la mejor relación con las empresas y los grandes del Ibex en la segunda mitad de la pasada legislatura. Las subidas tributarias a grandes entidades, los incrementos de las cotizaciones y los impuestos a energéticas y banca generaron grandes tensiones en una relación que Moncloa había mimado y cultivado en los primeros años de mandato. 

En los últimos meses, aparentemente, Pedro Sánchez y los suyos han tratado de recuperar esta sintonía con reuniones discretas y, más recientemente, encuentros mediáticos como el de Davos. 

Unos trabajos a los que se ha sumado el propio Carlos Cuerpo. El ministro de Economía, Comercio y Empresa ha estrechado lazos en el Foro Económico Mundial con Douglas Peterson, presidente de Standard & Poors Global; Michel Demaré, presidente de AstraZeneca, y Karl Guha, presidente del Consejo de Supervisión de ING, entre otros. 

A todos les ha transmitido el "triángulo virtuoso" de Estado, empresas y sociedad civil que el Gobierno quiere que sea la base de su política económica en los próximos años. Sin embargo, a la vista de las declaraciones recientes, quedan dudas de si este mensaje ha calado en los propios miembros del Ejecutivo.