La Comisión de Ursula von der Leyen ha presentado este viernes un paquete de medidas de emergencia cuyo objetivo es aplacar las protestas de los agricultores que se han generalizado en las últimas semanas en la mayoría de Estados miembros de la UE, entre ellos España.

Por un lado, Bruselas ha presentado la propuesta legislativa que ya había anunciado para relajar los requisitos medioambientales que impone la política agrícola común (PAC) al sector primario. Entre las principales novedades figura eximir a las pequeñas explotaciones de menos de 10 hectáreas de controles y multas por incumplimiento de estas condiciones.

Esto reducirá significativamente la carga administrativa para los pequeños agricultores que representan el 65% de los beneficiarios de la PAC. En España, unos 345.000 agricultores se verán beneficiados por la supresión de estos controles, según ha dicho el ministro de Agricultura, Luis Planas.

[La UE cede a las protestas y eximirá a los agricultores de requisitos ambientales en 2024]

Para el resto de los agricultores, Bruselas plantea flexibilizar de forma permanente tres de las condiciones medioambientales exigidas a los agricultores: barbecho, rotación de cultivos y cobertura mínima de suelos. Finalmente, los Estados miembros podrán introducir derogaciones temporales a todos los requisitos en casos extremos de condiciones climáticas adversas, como las sequías.

Además de las medidas de simplificación, el Ejecutivo comunitario ha aprobado una batería de iniciativas cuyo objetivo es mejorar la remuneración de los agricultores y su posición en la cadena de suministro de alimentos, una de los principales reivindicaciones de los agricultores españoles. 

En este ámbito, Bruselas tiene previsto poner en marcha con carácter inmediato un Observatorio de los costes de producción, los márgenes y las prácticas comerciales en la cadena de suministro agroalimentario. El Observatorio estará compuesto por representantes de todos los sectores, los Estados miembros y la Comisión y se espera que celebre su primera reunión este verano.

Su objetivo es aumentar la transparencia sobre los costes y márgenes en la cadena alimentaria, haciendo públicos los datos, intercambiando información y comparando entre los Estados miembros, con vistas a establecer un diagnóstico común de la situación. 

El Ejecutivo comunitario propone además una reforma legislativa limitada con el objetivo de fortalecer las organizaciones de productores, facilitando la cooperación y la acción colectiva de los agricultores frente a otros actores de la cadena. También plantea reforzar las reglas aplicables a los contratos que los agricultores celebran con compradores en la industria alimentaria o el comercio minorista.

Finalmente, la Comisión promete una "evaluación exhaustiva" de la directiva sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos, en vigor desde 2021. El primer informe estará disponible en primavera de 2024, con el fin de elaborar propuestas legislativas en 2025. España quiere que en esta directiva se introduzca una prohibición de las ventas a pérdidas.

"La Comisión está adoptando medidas firmes y rápidas para apoyar a nuestros agricultores en un momento en el que se enfrentan a numerosos desafíos y preocupaciones. Las propuestas de hoy ofrecen flexibilidades específicas para ayudar a los agricultores a realizar su vital trabajo con mayor confianza y certidumbre", ha dicho la presidenta Ursula von der Leyen en un comunicado.

Las propuestas de Bruselas se discutirán por primera vez en el Consejo de Agricultura del próximo 26 de marzo.