Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han aprobado este martes mediante un procedimiento de emergencia la propuesta legislativa presentada por Bruselas para relajar los requisitos medioambientales que impone la política agrícola común (PAC) al sector primario.
Se trata de una iniciativa urgente cuyo objetivo es aplacar las protestas de los agricultores que se han generalizado en las últimas semanas en la mayoría de Estados miembros de la UE, entre ellos España. Los agricultores belgas han vuelto a manifestarse este martes en el barrio europeo de Bruselas para presionar a los ministros.
La principal novedad de la reforma (que todavía debe ser ratificada por la Eurocámara) consiste en eximir a las pequeñas explotaciones de menos de 10 hectáreas de controles y multas por incumplimiento de estas condiciones.
En España, unos 345.000 agricultores (el 50% de los beneficiarios de la PAC) se verán beneficiados por la supresión de estos controles, según ha destacado el ministro de Agricultura, Luis Planas. Planas ha explicado que la reforma de emergencia se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024 y que Alemania es el único país que no la ha apoyado.
En el conjunto de la UE, esta excepción afecta al 65% de los beneficiarios de la PAC, pero solo representa alrededor del 10 % de las tierras agrícolas. Por eso Bruselas sostiene que reducirá significativamente la carga administrativa relacionada con los controles tanto para los agricultores como para las administraciones nacionales, manteniendo al mismo tiempo los objetivos medioambientales.
Para el resto de los agricultores, Bruselas plantea flexibilizar de forma permanente tres de las condiciones medioambientales exigidas a los agricultores: barbecho, rotación de cultivos y cobertura mínima de suelos. Finalmente, los Estados miembros podrán introducir derogaciones temporales a todos los requisitos en casos extremos de condiciones climáticas adversas, como las sequías.
Planas asegura que esta contrarreforma de la PAC "recoge enteramente la posición de España" y las distintas peticiones que tanto él como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han hecho llegar a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. El ministro de Agricultura espera que la votación final en la Eurocámara se produzca a finales de abril.
El siguiente paso será la reforma de la directiva de prácticas comerciales desleales, que se acometerá ya en la próxima legislatura. En este ámbito, España reclama incluir la obligación que los contratos por escrito, la creación de un Observatorio sobre costes, precios y márgenes empresariales y la facilitación del comercio agrícola dentro de la UE.
Planas sostiene que en la próxima legislatura la directiva de prácticas comerciales desleales se va a configurar como "el tercer pilar de la PAC", con el fin de reforzar la posición de los agricultores y los ganaderos en la cadena alimentaria.