Ni enfriamiento ni moderación. Todo apunta a que, salvo sorpresa, España crecerá este curso a un ritmo parecido al del año pasado, cuando el Producto Interior Bruto (PIB) avanzó un 2,5%. Sólo tres semanas atrás, la Comisión Europea también mejoró su previsión de crecimiento para España al 2,1%, cuatro décimas más que su anterior proyección e igualmente por encima de la del Gobierno (1,9%).

Además, las últimas revisiones presentan una característica muy positiva: no sólo mejoran el crecimiento previsto para este año, sino que mantienen o recortan en menor medida la proyección para 2025. Es el caso de las del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha mejorado en medio punto sus previsiones para este año, al tiempo que ha mantenido en el 2,1% las del próximo.

Esto supone, en primer lugar, que el crecimiento acumulado al término del bienio será mayor, ya que el avance del próximo año se hará sobre una base más elevada. Por otro lado, que la mejora de las previsiones para este año no responde a un adelanto. Es decir, significa que hay un elemento positivo nuevo, y no el desplazamiento en el tiempo de uno ya previsto.

Más allá de las previsiones macroeconómicas, hay otros indicadores que respaldan igualmente la fortaleza de la economía española. Es el caso del MIPred, el indicador del PIB en tiempo real que elabora la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Su última actualización, de este jueves, augura un crecimiento del 0,8% en el segundo trimestre respecto al anterior.

Habida cuenta del escaso tiempo que resta para cerrar el mes de junio, parece probable que el crecimiento de este segundo trimestre superará al del periodo entre enero y marzo, cuando el PIB avanzó un 0,7%. Entonces, se dijo que se debía en buena medida a la inercia del último periodo de 2023, pero los datos ya consolidan una senda de crecimiento.

Uno de los elementos que tira para arriba en el cálculo del MIPred es el PMI (Purchasing Managers' Index), un indicador que mide la actividad del sector manufacturero y de los servicios basándose en encuestas a los responsables de empresas. En mayo, España consolidó su posición como el país con el mejor desempeño de la zona euro a medida que su crecimiento económico se fortaleció, acelerándose hasta su máximo de catorce meses.

Baja inversión

No obstante, España presenta riesgos a futuro por no haber solucionado algunas de sus debilidades estructurales. El gasto público sigue siendo elevado; la deuda pública, si bien en una senda descendente, continúa por encima del 100% del PIB; la tasa de paro es la más alta de toda la zona euro, y tanto la productividad como la inversión son insuficientes.

De hecho, y pese a lo extraordinario que resulte que el FMI mejore sus previsiones antes que el propio Gobierno, la institución dirigida por Kristalina Georgieva recuerda que España tiene deberes pendientes.

"A pesar de su repunte más reciente, la inversión aún está por debajo de los niveles de finales de 2019, y esta debilidad ha contribuido al bajo crecimiento de la productividad. Y a pesar de su importante descenso, la tasa de desempleo sigue siendo la más alta de la zona del euro", reza el comentario que acompaña a la actualización de previsiones.

Un reciente estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) reflejaba que ni el crecimiento del PIB ni los fondos vinculados al Plan de Recuperación han logrado que la inversión pública recupere los niveles de 1995. De hecho, la inversión neta, tanto pública como privada, sigue por debajo de las cotas alcanzadas hace ya casi tres décadas.

Por su parte, un estudio del think tank Instituto Juan de Mariana publicado este viernes critica que la llegada de los fondos NextGenerationEU no está sirviendo para solucionar el problema de la baja inversión. El estudio cuestiona el efecto positivo esperado del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sobre la inversión privado, ya que, señala, esta es inferior a la de antes de la pandemia.

Lo cierto es que los datos que ofrece el Ministerio de Economía muestran que los fondos vinculados al Plan de Recuperación están llegando al tejido productivo. No obstante, el ritmo al que lo hacen -la "velocidad de crucero" de la que presume el Gobierno- no es suficiente si el objetivo es agotar los 70.000 millones de euros a fondo perdido, cuyo plazo de ejecución termina el 31 de diciembre de 2026.

De hecho, al ritmo actual, el plazo se agotará habiendo gastado alrededor de 59.703 millones. O lo que es lo mismo, España puede perder hasta 10.000 millones si no acelera en la ejecución de los fondos. Aunque se diseñaron como un elemento que incentivaría la inversión, el sector público está atrayendo buena parte del dinero y muchas empresas no quieren recurrir a ellos por los trámites y la supervisión que comportan.

Así, y más allá de los NextGenerationEU, España tiene margen de mejora a la hora de solventar sus debilidades estructurales para que la pujanza del crecimiento económico se consolide a medio plazo. Deberes -desde el elevado déficit público hasta la baja productividad- en los que se está trabajando, pero cuya solución todavía estar lejos por la cronificación de dichos problemas.