Incluso con todas estas facilidades, el Gobierno de Sánchez no ha sido capaz de cumplir 1 de los 61 hitos y objetivos comprometidos, por lo que la UE le aplicará una penalización. En concreto, Bruselas ha recortado 158 millones de euros del pago de 10.000 millones. El ministerio de Hacienda le resta importancia a esta suspensión subrayando que apenas supone el 1% del total. El objetivo incumplido es una inversión: gastar al menos el 30% del presupuesto de 300 millones del plan Agentes del Cambio para la digitalización de al menos 15.000 pymes.

Esta meta tendría que haberse alcanzado ya a finales de 2022. El Gobierno ha alegado ante Bruselas que no hubo suficiente demanda para estos fondos. Una vez que se ejecute el pago parcial, España todavía dispone de un plazo adicional de seis meses para culminar esta inversión y recuperar los fondos congelados. Si no lo logra, estos 158 millones se perderían de forma definitiva. El ministerio de Hacienda asegura que el programa inicial ya se ha rediseñado para facilitar su absorción. Se relanzará el 18 de junio con un nuevo nombre (Kit Consulting), que consiste en una ayuda de hasta 24.000 euros para contratar asesoría en inteligencia artificial, datos o ciberseguridad.

[Sánchez acumula un retraso de un año en el cuarto pago de Next Gen justo cuando Bruselas pide acelerar]

Es la primera vez que España sufre un recorte de fondos por incumplimientos, aunque este mecanismo se ha aplicado ya antes a otros países, empezando por Lituania. Los otros 60 hitos y objetivos del cuarto pago han recibido una evaluación positiva del Ejecutivo comunitario. En este paquete hay dos reformas destacadas. En primer lugar, la segunda parte de la reforma de las pensiones diseñada por José Luis Escrivá. Aunque los propios servicios técnicos de la Comisión han avisado en dos informes de que la reforma disparará el gasto en pensiones y empeorará la sostenibilidad de la deuda a medio plazo, al final Bruselas ha decidido darle luz verde.

El motivo es que el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional incluye un sistema de ajuste automático que prevé la adopción de nuevas medidas o, en su defecto, un incremento adicional de las cotizaciones sociales si el gasto en pensiones se desvía de unos determinados límites. Bruselas considera que este ajuste automático y permanente (que se aplicará por primera vez en 2025 y después cada tres años) garantiza que el sistema de pensiones se mantenga en equilibrio financiero.

La segunda gran reforma que recibe el visto bueno de Bruselas en el marco de este cuarto pago es la del subsidio de paro, cuyo retraso ha sido uno de los motivos de las prórrogas. El Ejecutivo comunitario da por bueno el texto pactado por el Gobierno con los sindicatos (y del que se descolgó la patronal) porque extiende la protección a los menores de 45 años sin cargas familiares y simplifica un sistema que estaba muy fragmentado. 

Entre las condiciones que se han cumplido con éxito a cambio de este cuarto pago figuran además la Ley de Vivienda, la reforma en la ciberseguridad del 5G, la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, la Ley de Startups, o los avances en los Pertes del coche eléctrico, los semiconductores o la industria agroalimentaria.

Tras el dictamen de Bruselas, el Comité Económico y Financiero (en el que están representadas las capitales) dispone ahora de un plazo de cuatro semanas para dar su opinión. Salvo que haya objeciones, la Comisión ejecutará a continuación el pago parcial, que podría llegar a finales de julio o principios de agosto.

Próxima etapa, reforma tributaria

De los 163.000 millones de fondos Next Generation adjudicados, España ha recibido hasta ahora 38.000 millones en subvenciones y 340 millones en créditos. Con el cuarto pago, los desembolsos ascenderán a 48.000 millones de euros, el 60% del total de subvenciones. Aunque empezó siendo líder, nuestro país ya ha sido superado por Italia o Croacia en el número de pagos solicitados (van por el quinto), mientras que Portugal ya ha recibido el cuarto pago.

El riesgo ahora es que los retrasos se sigan acumulando. La inestabilidad política en España y la parálisis del Gobierno de Sánchez continuarán pesando en la aprobación de las reformas exigidas por la UE en los tramos siguientes. Un bloqueo que se produce justo cuando Bruselas está insistiendo a todos los Estados miembros que aceleren la ejecución de sus planes de recuperación si no quieren perder el dinero cuando termine Next Generation en 2026.

La reforma más urgente es la tributaria, que Bruselas considera prioritaria y forma parte de las condiciones exigidas a cambio del quinto pago. "Varios hitos legislativos clave deberán cumplirse en los próximos meses, como la reforma fiscal. Esto es particularmente importante dada la necesidad de hacer más progresos en la reducción de los niveles de deuda pública y la reconstrucción de colchones fiscales tras la pandemia", dijo el pasado 14 de marzo el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, en un acto en Madrid.

Según el plan de recuperación, la reforma tendría que haberse aprobado en el primer trimestre de 2023 basándose en las recomendaciones del grupo de sabios que creó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sin embargo, la reforma fiscal ni siquiera figura ahora mismo en el horizonte del Gobierno de Sánchez por la falta de apoyos para sacarla adelante.