En un exhaustivo diagnóstico de 92 páginas sobre el estado de salud de nuestra economía, la Comisión Europea recomienda al Gobierno de Pedro Sánchez atender a estas afecciones si no quiere que España se quede atrás respecto a sus socios europeos.

Bruselas advierte que "la convergencia social al alza y la cohesión territorial son necesarias para garantizar una competitividad sostenible en todo el país". En este punto, pone el foco en las disparidades regionales que se registran en España.

Las diferencias territoriañes son altas y la mayoría de los territorios se están alejando del PIB per cápita promedio de la UE (en paridad de poder adquisitivo). 

En la Comunidad de Madrid, éste se situó en el 117% de la media de la UE en 2022, seguida de País Vasco (con un 109%) y Navarra (con un 103%). Estas regiones estaban muy por delante de Melilla (63%), Andalucía (64%), Extremadura (65%) y Canarias (68%).

En este esquema, Cataluña -que reclama al Gobierno un trato especial en el sistema de financiación autonómica- se sitúa en la parte alta de la tabla. Su PIB per cápita se encuentra  al 98,9% de la media de la UE.

Frenando la convergencia interna, diez regiones crecieron más lentamente que el promedio nacional (1,19%). Entre 2013 y 2022, sólo Galicia alcanzó el crecimiento promedio anual del PIB per cápita de la UE (1,44%). Las tasas más bajas se encuentran en las Islas Baleares (0,46%) y en Canarias (0,29%).

Mercado interior

"Mejorar el funcionamiento del mercado interior español sigue siendo un desafío", señala en otro de sus puntos el Ejecutivo comunitario. A pesar de la Ley de Unidad de Mercado aprobada en 2013, "sigue habiendo una fragmentación persistente, principalmente debido a obstáculos regulatorios que dificultan la libre circulación de bienes y servicios en todo el país", advierte.

Según la Comisión, “un mercado interno más sólido tiene el potencial de mejorar la calidad de los productos y servicios, reducir los precios y aumentar la resiliencia". En este sentido, defiende que "fortalecer la aplicación de las herramientas del mercado único es esencial para lograr una mayor integración territorial".

Productividad laboral

La Comisión Europea también recomienda en su informe otras reformas para mejorar la mejora de la productividad, como el aumento de la inversión en I+D o la reducción de las cargas a las empresas.

"La caída de la inversión y de la productividad significa que se necesita un apoyo político continuado", dice el documento. La inversión total ha disminuido de forma constante desde 2020 y se mantiene por debajo del nivel prepandemia, ampliando la brecha respecto a la media comunitaria. Esta "tendencia a la baja", que se concentra en el sector empresarial no financiero, "podría obstaculizar aún más el bajo crecimiento de la productividad (que sigue por detrás de la media de la UE) si se confirma que tiene un carácter estructural".

Los ministros de Economía de la UE, durante la reunión de este viernes en Luxemburgo Unión Europea

El desempeño de la productividad laboral es una "debilidad endémica" en la economía española. Hay una "brecha significativa" entre la productividad laboral de España y la de sus pares y la eurozona. Desde 2005, la productividad laboral por hora trabajada no se ha recuperado respecto a la media de la UE.

"Incrementar la inversión en I+D y reforzar los vínculos con el ecosistema científico puede impulsar la productividad de las empresas", asegura el informe. Con un 1,4% del PIB en 2022, la intensidad de España en I+D se ha estancado y se mantiene muy por debajo de la media de la UE del 2,2%. Ello se debe principalmente al bajo gasto privado en I+D (0,8% del PIB, frente al 1,5% de media en la UE). "Los vínculos entre las empresas y las ciencias son débiles y la valorización del conocimiento es limitada, por lo que esto aún requiere una amplia gama de medidas", reclama Bruselas.

Bruselas también avisa que "el pequeño tamaño de las empresas españolas podría suponer una barrera al crecimiento de la productividad". El porcentaje de pymes en España es "muy alto" y se sitúa en el 99,9%. 

La productividad de las grandes compañías supera a la de las pymes porque pueden innovar más fácilmente, utilizar nuevas tecnologías digitales, contratar a personal con la cualificación adecuada y beneficiarse de las economías de escala. "Esta disparidad de productividad impacta de forma significativa en la productividad general de España". Bruselas recomienda de nuevo eliminar todos los obstáculos legislativos que frenan el crecimiento de las empresas al imponer requisitos adicionales según su tamaño.

Regulación y paro

En 2023, un porcentaje significativo de compañías españolas seguía destacando las regulaciones empresariales como un obstáculo importante a la inversión (el 48%, la tasa más alta de la UE, que duplica la media del 22%). "Las cargas administrativas y la compleja regulación impiden que las empresas realicen las inversiones a largo plazo necesarias para el crecimiento y el desarrollo", dice el informe. La eficacia de la administración pública española "sigue estando por debajo del promedio de la UE y se ha deteriorado con el tiempo".

"Las políticas de recualificación y la inversión de las empresas en capital humano parecen necesarias para seguir avanzando en la reestructuración del mercado laboral". Aunque todavía está por debajo de la media, el porcentaje de empresas que alertan de la escasez de mano de obra como un factor que limita la producción se sitúa en máximos históricos tanto en las actividades industriales (8%) como en los servicios (23%). Los problemas son especialmente graves para las pymes, que tienen dificultades para atraer y retener talento. Hay una notable escasez de especialistas en tecnologías de la información y la comunicación, así como de graduados en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, dice el informe.

El comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, conversa con el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, durante la reunión del Ecofin este viernes en Luxemburgo Unión Europea

El informe también recoge que "la eficiencia del sistema judicial continúa chocando con dificultades". La falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial está afectando negativamente al trabajo del Supremo y del sistema judicial en su conjunto. La duración de los procedimientos es también un problema importante: en particular, el tiempo de resolución de los casos civiles y comerciales en el Supremo (691 días en 2022). La calidad del sistema de justicia es buena en general. No obstante, la percepción de independencia judicial entre las empresas ha disminuido, señala el Ejecutivo comunitario.

Con respecto a la precariedad, aunque el mercado laboral español está en una senda de mejora desde la crisis de la Covid-19, la tasa de paro de nuestro país todavía es la más alta de la UE y duplica la media comunitaria.

Los trabajadores jóvenes, mayores y extranjeros son los más vulnerables. "A pesar de las mejoras considerables, los empleos precarios siguen siendo generalizados, especialmente en el sector público y para los jóvenes", reza el informe. En particular, la temporalidad en el sector público sigue siendo alta (29,3% en el cuarto trimestre de 2023) y afecta especialmente a las mujeres y a los sectores de salud y educación.