Hace poco más de una década, el gasto que España dedicaba al pago de las pensiones contributivas era del 9,8% del PIB, según los cálculos de Fedea a partir de los datos de la Seguridad Social. Ahora, más de tres puntos por encima, el país se posiciona como uno de los que más dinero destina al pago de estas prestaciones.

De acuerdo con la OCDE, el gasto medio del club de los países desarrollados en el periodo comprendido entre 2020 y 2023 fue del 8,9%, cuatro puntos menos que el dato de España al término del mismo trienio. La media de la Unión Europea (UE), por su parte, se situó en el 8,5% del PIB.

Sin embargo, aunque España se encuentra claramente por encima de esas medias de referencia, en la comparación con otros países del entorno queda por debajo en gasto sobre el PIB. Así, el porcentaje de Francia entre 2020 y 2023 fue del 14,8% y el de Italia, del 15,4%.

Asimismo, las previsiones a largo plazo no son más alarmantes que las de otros Estados. La OCDE calcula que la partida de las pensiones no superará el 13% del PIB en España hasta 2045 —en medio de la jubilación de la generación del baby boom—, un momento para el que el Gobierno pretende tener llena la hucha de las pensiones para asumir sin problemas ese gasto.

Como se evidencia en el anterior gráfico, a partir de 2050, y una vez superadas las principales tensiones fruto del retiro de los boomers, el gasto medio de la UE sobrepasará al de España. No así el de la OCDE.

Se trata, en cualquier caso, de previsiones a largo plazo sobre las que existe una gran incertidumbre. Dependen de que se mantenga la misma regulación y de unas tendencias demográficas que pueden verse alteradas, entre otros. En cualquier caso, y volviendo al caso de España, hay un aspecto que preocupa más allá del gasto sobre el PIB: la suficiencia y sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.

Transferencias del Estado

Para Miguel Ángel García, economista de Fedea y autor del informe Evolución reciente y situación financiera del sistema público de pensiones español, del que se desprenden los datos relativos a España, advierte de que el gasto en pensiones "acapara" cada vez más gasto público.

Mientras el gasto en pensiones ha crecido esos 3,1 puntos —pasando del 9,8% del PIB en 2010 al 12,9% en 2023—, el gasto público lo ha hecho 0,4 puntos. De hecho, los desembolsos en pensiones públicas representan ya en torno al 30% del gasto público de todas las administraciones.

A esto se suma el desigual avance de gastos e ingresos. Y es que los segundos sólo han crecido 2,3 puntos de PIB desde 2010, ocho décimas menos que los desembolsos para el abono de las pensiones. Además, se debe fundamentalmente a las transferencias del Estado, lo que ha llevado a una pérdida de protagonismo de las cotizaciones sociales.

Los ingresos provenientes de las aportaciones de empleados y empresas han pasado de representar en 2010 92,3% del total de ingresos de los sistemas de pensiones —fundamentalmente, la Seguridad Social—, a sólo el 69,8% en 2023. Es decir, que las transferencias del Estado explican casi una cuarta parte de los ingresos.

En resumen, el sistema cada vez se sostiene menos por sí mismo y necesita de transferencias adicionales. Y aun con ese extra, la Seguridad Social sigue a pérdidas. El déficit fue del 0,8% en 2023, pero habría ascendido hasta el 3,8% sin transferencias del Estado. Además, ese mismo año necesitó un préstamo de 10.030 millones de euros, a pesar de haber recibido 44.148 millones en transferencias del Estado.

"La situación del sistema público de pensiones español se mantiene inestable en términos financieros, incluso después de aumentar las transferencias del Estado; es cada vez menos contributivo y está asistiendo a un deterioro de la equidad entre generaciones, al establecer más cargas a las nuevas generaciones", concluye Miguel Ángel García.