Se trata de unas directrices particularmente importantes ya que 2025 será el primer año en que esté plenamente en vigor la reforma del Pacto de Estabilidad. Según las nuevas reglas, los Gobiernos deben enviar a Bruselas para el 20 de septiembre los planes plurianuales de ajuste (de cuatro o siete años) que sustentarán su estrategia de consolidación fiscal. Los planes -que serán evaluados por la Comisión y aprobados por el Ecofin- deben recoger la senda de reducción del gasto público y las reformas a las que se compromete cada país.

"La puesta en práctica del marco de gobernanza revisado conducirá a una postura fiscal contractiva para la eurozona en su conjunto en 2025. Esto es apropiado a la luz de las perspectivas económicas, la necesidad de seguir mejorando la sostenibilidad fiscal y de apoyar el proceso desinflacionario en curso", reza la declaración aprobada por el Eurogrupo. A la reunión en la capital belga no ha asistido el ministro Carlos Cuerpo.

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El Consejo Fiscal Europeo -el equivalente a la AIReF en Bruselas- considera que son los países más endeudados los que "deben contribuir más a este impulso fiscal restrictivo". "Los Estados miembros con una deuda pública muy elevada como Bélgica, Grecia, España, Francia e Italia deberían aprovechar la oportunidad para hacer un esfuerzo extra para reducir sus déficits presupuestarios subyacentes", dice el informe del Consejo Fiscal publicado la semana pasada, en el que se ha basado el debate del Eurogrupo.

Sin embargo, los ministros de Economía de la eurozona no han hecho ninguna distinción entre los países muy endeudados y el resto. "Sigue siendo necesaria una consolidación fiscal gradual y sostenida en la eurozona en el futuro, dada la necesidad de reducir los elevados niveles de déficit y deuda. Al mismo tiempo, esto debe llevarse a cabo de manera que se minimice el impacto sobre el crecimiento, sin dejar de mejorar la productividad y mantener o aumentar la inversión, que sigue siendo esencial para una economía competitiva, dinámica y resiliente", se limita a señalar la declaración.

"Alemania sigue opinando que necesitamos una política fiscal restrictiva. Necesitamos restaurar la sostenibilidad de nuestra deuda y conformarnos con lo que nuestras economías son capaces de soportar (en materia de gasto)", ha escrito en su cuenta de X el ministro alemán de Finanzas, el liberal Christian Lindner.

"Los países deben seguir siendo responsables de sus propias finanzas públicas. Una comunitarización de la responsabilidad y la deuda no contribuye a la estabilidad y, por tanto, no contará con el apoyo de Alemania", ha subrayado Lindner. Berlín y La Haya han sofocado hasta ahora todos los debates sobre la posibilidad de una nueva emisión de deuda conjunta a imagen y semejanza de los fondos Next Generation.

"Tuvimos tres años de políticas fiscales muy expansivas de 2020 a 2022 y hemos pasado de forma gradual a una posición neutra. Ahora esperamos una posición fiscal ligeramente contractiva para 2025, que está en línea con nuestra tarea de contribuir a reducir la inflación. Y también es coherente con las reglas fiscales que estamos empezando a aplicar", ha dicho el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni.

"Esta posición fiscal ligeramente contractiva respetará por supuesto la inversión pública, como hemos hecho hasta ahora", ha subrayado Gentiloni. Esta es una diferencia clave respecto a lo que ocurrió tras la crisis financiera, según se encargan de recordar constantemente tanto el Ejecutivo comunitario como los ministros de Finanzas.

El Eurogrupo considera que todavía se dan las condiciones para "una aceleración gradual de la actividad económica en 2024 y 2025". El consumo será el principal motor del crecimiento gracias a la bajada de la inflación y a la resiliencia del mercado laboral. Por su parte, la inversión se beneficiará de la mejora de las condiciones de crédito y del despliegue continuado de los fondos Next Generation.

Sin embargo, los riesgos para las perspectivas económicas siguen sesgados a la baja, sobre todo por las tensiones geopolíticas externas. Según las previsiones de primavera de Bruselas, en 2025 el déficit público de la eurozona caerá al 2,8% del PIB, mientras que la deuda pública se situará alrededor del 90% del PIB durante el periodo 2023-2025.