El economista Francisco Ruiz-Jarabo (Madrid, 1956) es una de voces más autorizadas de España para hablar sobre fiscalidad. Dirigió la Escuela de la Hacienda Pública de 1993 a 1996 y, después, fue director general de la Agencia Tributaria de 1998 a 2001. Tiene una opinión bastante clara sobre el concierto fiscal que han pactado ERC y PSC a cambio de investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat. Y no es positiva. 

En la entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia, avisa de que un cupo fiscal catalán pone en peligro la financiación de la sanidad y de la educación en prácticamente la mitad de las comunidades autónomas. Aparte, va a perjudicar a la actividad de control e inspección de la Agencia Tributaria estatal. "La van a fastidiar, y perdón por la expresión poco académica", opina Ruíz-Jarabo. 

¿Qué puede significar el concierto catalán, tal y como lo han pactado y plasmado sobre el papel ERC y PSC?

Es el final del modelo de financiación autonómica previsto en la Constitución y en las normas que lo desarrollan. Nada será igual. Con lo que sabemos del concierto catalán, garantizar la financiación de los servicios públicos básicos en las comunidades autónomas más necesitadas será muy difícil, por no decir imposible.

Es significativo que, con el pacto suscrito entre Pedro Sánchez y los independentistas, se le vaya a dar dar más autonomía fiscal a Cataluña que a País Vasco y Navarra. En estas dos regiones el Estado se encarga de gestionar algunos impuestos, como el IVA vinculado a la importación o los tributos especiales vinculados a la importación. En Cataluña, ni eso.

Además, la Agencia Tributaria del Estado se quedaría absolutamente sin funciones. Desaparece, por tanto, de lo que es la realidad institucional catalana. En el caso de País Vasco y Navarra, existen unos derechos históricos que además han sido consagrados en la Constitución y avalados en referéndum por todos los españoles. Si tenemos en cuenta el principio de importancia relativa, País Vasco y Navarra suponen un 7% más o menos del PIB español.

"Que desparezca una quinta parte de la Caja Común supone un cambio absoluto del modelo de financiación"

En el caso de Cataluña, no hay derechos históricos ni están consagrados en referéndum por los españoles. Y supone un 20% del PIB español. Que desaparezca una quinta parte de la Caja Común de la Hacienda española supone un cambio absoluto del modelo de financiación. Pasamos a una cosa radicalmente distinta en la cual van a sufrir las comunidades autónomas que reciben fondos de solidaridad.

Pero también va a sufrir la gestión estatal porque a la Agencia Tributaria 'la van a fastidiar', y perdón por la expresión poco académica.

La información de los contribuyentes catalanes va a dejar de introducirse en la base de datos de la Agencia, en concreto, todo lo referente a las operaciones económicas, los ingresos, los gastos, etc. de un 20% de la economía española. Imaginemos la pérdida de potencia y eficacia que eso va a suponer para la gestión del sistema tributario estatal.

Nada va a ser igual para la Agencia Tributaria española cuando se pierda esa información procedente de Cataluña. Y, evidentemente, la colaboración de la Agencia Tributaria Catalana con la Agencia Tributaria estatal será poca.

¿Cómo se podría compensar el efecto el concierto catalán en la financiación autonómica?

Conociendo el ADN del Gobierno socialista, me imagino que la solución que aplicará será una subida de impuestos para que el Estado pueda sustituir la aportación de Cataluña a la caja común. Eso quiere decir que, la fiesta que se van a dar a los catalanes, la vamos a pagar entre todos los españoles.

En definitiva, es un privilegio más para Cataluña. Y lo vamos a pagar entre el conjunto de las regiones españolas. Evidentemente, se trata de una injusticia, una más.

El concierto catalán y que la región se quede con el 100% de sus impuestos no parecen ir en la dirección de la progresividad y la redistribución fiscal.

Absolutamente. Es contradictorio con el principio de progresividad que recoge el artículo 31 de la Constitución. De media, los individuos de Cataluña tienen una renta per cápita superior a los individuos españoles. Por tanto, desde ese punto de vista, la medida va contra el principio de progresividad. Y, desde un punto de vista colectivo y de las regiones, va contra el principio de solidaridad interregional.

Un ejemplo concreto de esto es el Fondo de Solidaridad para garantizar la financiación de los servicios públicos básicos. La aportación de Cataluña en números redondos es de 2.000 millones euros. Es prácticamente lo que reciben seis comunidades autónomas de este fondo, y que tienen menos capacidad financiera.

"Se pone en peligro la financiación de la educación y de la sanidad públicas de casi la mitad del territorio español"

El cese de esta aportación supondría que Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Aragón y Asturias dejen de recibir dinero para mantener servicios básicos. Poca broma. Se pone en peligro la financiación de la educación y de la sanidad públicas de casi la mitad del territorio español. De ahí la gravedad de la cuestión.

El 100% de los impuestos de Cataluña bajo el control de la Generalitat. ¿Puede afectar esto a la capacidad recaudatoria del Estado?

Sin duda. Cataluña viene a ser el 20% de la economía española. De entrada, el Estado va a perder la recaudación equivalente. Pero este no va a ser el único impacto.

Pensemos en la gestión del sistema tributario que va a corresponder a la Generalitat. La utilización del sistema fiscal como elemento para la influencia política y para la adhesión a las políticas es un peligro evidente. Tenemos un ejemplo histórico de esto.  Recordemos las vacaciones fiscales que se aplicaron en País Vasco en los años 90.

La puesta en marcha de una agencia tributaria catalana que recaude y gestione el 100% de los impuestos no parece tarea fácil. Y tampoco que los funcionarios actuales de AEAT vayan a aceptar pasarse a la trabajar para la Generalitat.

En la Delegación de Cataluña de la Agencia Tributaria trabajan del orden de 5.000 funcionarios que han hecho su oposición para trabajar en el Estado. Y de repente se van a encontrar, de un día para otro, traspasados a una comunidad autónoma cuya administración tiene el ADN nacionalista hasta en el tuétano de los huesos.

Evidentemente, esto no es fácil de aceptar. Los funcionarios son conscientes de que se les va a llevar a ejercer su función de forma evidentemente escorada.

Para relajar esto, seguramente lo primero que va a hacer la Generalitat es subir el salario de estos funcionarios y calmar el desánimo y la posible oposición interna.

José María Aznar pactó con el PNV la cesión de los impuestos especiales a País Vasco en 1997, algo que usted vivió cuando formaba parte del equipo del Ministerio de Hacienda. ¿Se puede entender que hay paralelismos con lo que pasa en Cataluña?

Bueno, para empezar, la cesión de tributos que forman parte del sistema estatal a las comunidades autónomas la inició Felipe González. Lo que hizo José María Aznar fue seguir la tendencia iniciada por el Gobierno anterior.

Pero en ambas situaciones, se trata de cesiones parciales que están contempladas en el modelo de financiación autonómica. No se trata en ningún caso de una cesión total, como se plantea ahora. Si se ejecuta la reforma de la Ley de Financiación Autonómica para introducir el concierto catalán, que es como dicen que lo quieren implementar, cambiará absolutamente el modelo de financiación.

Esto es un salto cualitativo y no sólo cuantitativo. Es un cambio radical del modelo de financiación. La España autonómica que hemos conocido hasta ahora será distinta si se aprueba la reforma que está pactada en el documento suscrito entre Sánchez y los independentistas.

La España autonómica que hemos conocido hasta ahora será distinta si se aprueba la reforma pactada entre Sánchez y los independentistas

También hay constitucionalistas que opinan que el concierto catalán tendría problemas para encajar en la Carta Magna. En todo caso, si al final quien tiene que decidirlo es el Tribunal Constitucional, con Conde Pumpido al frente, pocas dudas hay de que efectivamente será declarado constitucional.

Si la reforma no logra apoyos suficientes en el Congreso, ERC afirma que existe un plan alternativo. ¿Qué cree que puede ser?

Puede ser la creación del consorcio fiscal que se había anunciado anteriormente como propuesta del PSC. O un consorcio mixto integrado al 50% por ambas administraciones que fuera el que gestionara 100% de los impuestos. Pudiera ser.

Pero no nos engañemos: ese consorcio mixto al 50% será dirigido de verdad y exclusivamente por el gobierno nacionalista. Hay que ser muy ingenuos para pensar que una vez que han conseguido eso vayan a permitir que efectivamente siga siendo la agencia o la administración pública estatal la que dirija ese proceso.

Vamos camino de un segundo año consecutivo con Presupuestos prorrogados si el Gobierno no amarra apoyos suficientes.

Cabe recordar que el año pasado, el Gobierno no tuvo a bien presentar el correspondiente proyecto de ley con una propuesta de Presupuestos, como se prevé en la Constitución. Es la primera vez que ocurre en la Democracia española.

Tener Presupuestos prorrogados supone una limitación de la acción del Gobierno. Limita los gastos, desde luego. Se pueden hacer modificaciones presupuestarias de capítulo a capítulo, de apartado a apartado, pero con un carácter limitativo que no se puede modificar. Esto supone una dificultad para la acción de gobierno.

¿Cómo valora la buena marcha de la recaudación fiscal? ¿Qué está pasando?

Bueno, hay una serie de cuestiones que lo explican. La primera, que la economía se ha recuperado tras la pandemia. Y el comportamiento económico de España a posteriori ha sido muy bueno, algo que ha repercutido en la recaudación.

"Nunca en la historia de España un gobierno subió tanto los impuestos como este"

Una segunda cuestión tiene que ver con las subidas de impuestos. Nunca en la historia de España un gobierno subió tanto los impuestos como este. Ha subido todos, todos los impuestos, algunos varias veces, y ha creado nuevas figuras. Evidentemente esto incide en la recaudación.

En tercer lugar, está el efecto de la inflación. Este gobierno está usando de una manera torticera la inflación como impuesto desde que gobierna Pedro Sánchez. Desde entonces, la inflación en España ha subido un 21%. Si se hubiera deflactado el IRPF, nuestra renta disponible no se vería afectada.

Pero es que lejos de deflactar, el Gobierno ha mantenido exactas las tarifas del IRPF. Cuando la inflación ha sido un 20%, esto ha tenido un efecto recaudatorio espectacular. Pero no nos engañemos, es absolutamente injusto y deslegitima a la Hacienda pública.