Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en la COP29.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en la COP29. Maxim Shemetov Reuters

Macroeconomía

El fracaso del Gobierno con la reforma fiscal hace peligrar la llegada de 6.500 millones en fondos europeos

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Finalmente, el Gobierno no ha sido capaz de encajar todas piezas del puzle que necesita para llevar a cabo la reforma fiscal. Las exigencias a derecha e izquierda han impedido el consenso necesario para articular un texto que convenza a todos los socios de Sánchez. Más allá del sonoro fracaso del Ejecutivo, la falta de la reforma tiene consecuencias económicas: el quinto pago de los fondos europeos Next Generation, de 6.500 millones de euros, está condicionado a la aprobación de dicha reforma fiscal.

Este jueves, el Ejecutivo desconvocó por segunda vez en la misma semana la reunión de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados que debía discutir las diferentes enmiendas anexadas al proyecto legislativo que establece un impuesto complementario para garantizar que las grandes corporaciones tributan al 15%. Ese texto, que deriva de una directiva europea que España sigue incumpliendo, se ha convertido en el caballo de Troya del Gobierno para su reforma fiscal.

A la batería de enmiendas que el PSOE presentó tras su pacto con PNV y Junts, que incluyen desde la subida de impuestos al diésel hasta el nuevo tributo a la banca, se sumó esta semana los preceptos acordados con Sumar, quien a su vez ya había presentado otras enmiendas, entre ellas la que pretende hacer permanente el impuesto a las energéticas.

Eduardo Parra Europa Press

Un galimatías de lo más enrevesado que devuelve al Gobierno al punto de partida: la reforma fiscal no llega. Lo cierto es que los esfuerzos de estas últimas semanas no dejan de sorprender, habida cuenta de que el Ejecutivo, meses atrás, defendía públicamente que la reforma laboral ya se había acometido con los cambios de los últimos años.

Sólo dos elementos explican el cambio de postura: la cercanía al fin de los gravámenes extraordinarios a la banca y las energéticas y la negativa de Bruselas a aceptar como reforma fiscal lo que han sido medidas aisladas y, como en el caso anterior, con carácter temporal. Si no fuera por esto, cuesta pensar que el Gobierno se hubiera lanzado a una negociación parlamentaria que en última instancia ahonda en su desgaste.

Jesús Hellín Europa Press

Pero España ya se demoró en el cumplimiento de los hitos para la llegada del cuarto pago de los fondos europeos, el cual no se desbloqueó hasta la aprobación de la reforma del subsidio por desempleo. Además, la Comisión Europea recortó 158 millones de dicho pago por algunos fallos.

Así las cosas, el Gobierno no quería poner en compromiso la llegada del quinto pago, más todavía después de anunciar que destinará parte de los fondos NextGen a la reconstrucción de los territorios afectados por la DANA. Sin embargo, el desenlace de esta semana no le pone las cosas nada fáciles. El próximo lunes hay nueva convocatoria de la Comisión de Hacienda, de manera que el fin de semana puede ser intenso.

Directiva europea

No obstante, no hay que olvidar que todo lo que se ha venido a llamar reforma fiscal son sólo las enmiendas a un proyecto de ley que transpone una directiva europea de 2022. Se trata de la directiva que impone un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades a las empresas multinacionales, que a su vez deriva de un acuerdo en el seno de la OCDE.

Según la directiva, los Veintisiete tenían hasta el 31 de diciembre de 2023 para llevar a su legislación nacional el contenido de la misma. ¿El objetivo? Que la tributación mínima llegara en 2024. En octubre, la Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir los plazos. Es decir, que España ya está en tiempo de descuento.

Eduardo Parra Europa Press

No obstante, una aprobación sobre la campana del presente curso podría salvar al país de una multa de las instituciones comunitarias. O, al menos, rebajaría la pena. Además, cabe la posibilidad de aplicar la norma de forma retroactiva, de manera que ese tipo mínimo del 15% se terminara aplicando en el impuesto de sociedades de 2024, que las empresas abonarán el año próximo.

Lo cierto es que el Gobierno sí puede aprobar únicamente la trasposición de la directiva. Así lo han insinuado diferentes socios del Ejecutivo y cabe pensar que incluso contaría con el respaldo del PP. No obstante, para la coalición supondría desperdiciar una bala para una reforma fiscal que también exigen desde Europa y a la que PSOE y Sumar se comprometieron.