El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, Santiago Lago Peñas; la catedrática de la Universidad de Alcalá, Olga Cantó, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz;.
Santiago Lago, uno de los gurús económicos de Yolanda Díaz, también se rebela contra el concierto catalán
- El economista, en un artículo publicado en la revista de Funcas, carga contra la medida y avisa de su impacto en el fraude fiscal y la calificación de la deuda.
- Más información: Los inspectores de Hacienda alertan de que el concierto económico catalán "perjudica la lucha contra el fraude"
Pese a que no esté en primera línea de la actualidad (ocupada por las consecuencias de la DANA y la reforma fiscal), el Gobierno y la Generalitat mantienen su intención de que Cataluña tenga su propio concierto fiscal, una medida que sigue suscitando protestas. A ellas se ha sumado Santiago Lago, uno de los gurús económicos de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo.
En un artículo publicado en la revista de Funcas, Lago carga contra el concierto catalán y alerta de los riesgos que supone la financiación singular de Cataluña. Desde su punto de vista, "reduciría la capacidad de respuesta de la Administración Central" ante crisis sistémicas como la pandemia de Covid o la propia DANA, debido a la pérdida de recaudación por parte del Estado, y "fragmentaría la política tributaria".
La falta de concreción del acuerdo cerrado entre el PSC y ERC respecto al concierto, "hace imposible determinar con precisión" los efectos de la iniciativa, indica el economista, cuyo libro La política presupuestaria: los deberes pendientes fue presentado por la propia Yolanda Díaz en 2021.
Sin embargo, sí deja claro que habría un mayor trasvase de recursos a la hacienda catalana. "Ninguna reforma hasta la fecha habría tenido un impacto tan intenso sobre la posición relativa de una comunidad autónoma", sotiene.
Lago también alerta de que habría un "deterioro de la calificación crediticia de la deuda soberana española". También habría un impacto, no menor, en lo que podríamos considerar la justicia fiscal.
"La cesión del 100% del IRPF", que recoge el acuerdo entre PSC y ERC, "no tiene precedentes en los países federales de referencia de la OCDE. Esta solución limitaría la capacidad de definir desde una óptica global la progresividad del sistema fiscal español, de definir criterios distributivos comunes, de implementar medidas que se apliquen de manera igualitaria a toda la población, y de afrontar crisis asimétricas en el mapa autonómico".
Además, el control del fraude fiscal empeoraría (en base a que "la experiencia de articulación de las haciendas forales con la Agencia Tributaria dista de ser óptima") y el fraude propiamente dicho podría aumentar en el caso del Impuesto sobre Sociedades.
Yolanda Díaz, durante la presentación del libro de Santiago Lago (a la derecha de la imagen), en La Coruña.
Finalmente, Lago alerta de que si la esencia del acuerdo prosperara "se crearían incentivos intensos a que otras comunidades pidan su extensión", especialmente Madrid y Baleares. Y si esto ocurriera, acontecería "una reducción en la capacidad fiscal de la Administración Central".
Lago, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo y experto en entes como el Banco Mundial y la OCDE, ha sido también parte de la comisión para la reforma autonómica de 2017 y estuvo entre los expertos seleccionados por el Ministerio de Hacienda para la reforma fiscal de hace dos años.
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Este economista de confianza de Yolanda Díaz (que fue propuesto por Sumar para ser consejero del Banco de España) es también hermano de una de las manos derechas que tiene la vicepresidenta segunda y líder de Sumar: Manuel Lago, antes asesor de la ministra y hoy diputado en el Congreso (además de uno de los hombres fuertes en el partido de Díaz).
No es la primera figura relacionada con la izquierda que critica el concierto fiscal en Cataluña y se revuelve contra él. Carlos Martín Urriza, economista y portavoz económico de la formación en el Congreso, cargó contra la medida alertó de que "pone en riesgo la autonomía fiscal del Estado".
