El comisario de Asuntos Europeos, Paolo Gentiloni, durante una rueda de prensa en Bruselas
Bruselas da luz verde al plan de ajuste de 7 años de Sánchez en un 'aprobado general' que sólo excluye a Holanda
- El Ejecutivo comunitario todavía está a la espera de recibir el plan presupuestario para 2025 que detalle las medidas de consolidación fiscal.
- Más información: Pedro Sánchez desoye la recomendación de Bruselas de un ajuste extra de 10.500 millones para rebajar la deuda
Es la primera vez que se aplican las nuevas reglas de disciplina fiscal de la UE, que entraron en vigor el pasado 30 de abril. Y la Comisión de Ursula von der Leyen ha optado por un enfoque indulgente a la hora de evaluar los planes plurianuales de ajuste que le han remitido los Estados miembros, que constituyen la piedra angular de esta reforma del Pacto de Estabilidad.
El resultado es una especie de 'aprobado general' del que se han beneficiado 20 Estados miembros, entre ellos España. También Italia y Francia, cuya situación presupuestaria es todavía peor. Sólo suspende Países Bajos, uno de los halcones defensores de la disciplina fiscal, y cuyo plan ahora no garantiza que el déficit se sitúe por debajo del límite del 3% de forma sostenible. El Gobierno de coalición holandés, con mayoría de la extrema derecha, tendrá que aplicar la senda de ajuste recomendada por la Comisión.
El Ejecutivo comunitario ha aplazado además su dictamen sobre el plan de Hungría. Alemania, Bélgica, Bulgaria, Austria y Lituania han incumplido los plazos y aún no han enviado a Bruselas sus programas.
En cuanto a España, la Comisión da luz verde al plan de ajuste de 7 años que le remitió el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 15 de octubre. Un plan que prevé una reducción del déficit público desde el 3,5% en 2023 al 3% este año, el 2,5% en 2025, el 2,1% en 2026, el 1,8% en 2027, el 1,6% en 2028, el 1,5% en 2029, el 1,2% en 2030 y el 0,8% en 2031. Esto equivale a limitar el aumento del gasto neto -el nuevo indicador de referencia- al 3% de media, aunque el mayor ajuste se traslada al final del periodo.
El Ejecutivo comunitario ha decidido aceptar la petición del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de ampliar de cuatro a siete años la duración del plan de ajuste, lo que implica un menor esfuerzo anual.
A cambio, el Gobierno español se ha comprometido con una serie de reformas e inversiones adicionales a las del plan de recuperación Next Generation, ya que llegan hasta 2031. Entre ellas, completar la reforma fiscal, impulsar la formación profesioal dual, aumentar el parque de vivienda asequible o facilitar los visados de trabajo a migrantes regulares. Los otros Estados miembros a los que Bruselas ha concedido una prórroga son Francia, Italia, Finlandia y Rumanía.
"Cinco Estados miembros -Finlandia, Francia, Italia, España y Rumanía- con desafíos presupuestarios relativamente altos han decidido optar por un periodo de ajuste de 7 años. Esto ha reducido significativamente su esfuerzo fiscal anual, de media alrededor de medio punto porcentual del PIB", explica el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni.
"La Comisión ha vuelto a situar a España en el grupo de buenos alumnos, es decir, de los Estados miembros que cumplen con las nuevas reglas fiscales europeas, respaldando así la hoja de ruta de inversiones y reformas que sustenta nuestro modelo de crecimiento equilibrado, sostenible y justo", se ha felicitado el ministro Cuerpo.
La Comisión ha optado por aprobar el plan de ajuste de España a pesar de que ella misma había sugerido al Gobierno de Sánchez una senda de ajuste más exigente. En concreto, Bruselas aconsejó a España el pasado junio un esfuerzo anual equivalente al 0,5% del PIB (7.500 millones de euros al año) como medicina necesaria para poner sus cuentas en orden y rebajar su abultada cuenta. Es decir, limitar el aumento del gasto al 2,8%.
Pero el ministro Cuerpo desoyó esta recomendación y ha optado por un esfuerzo fiscal menos ambicioso del 0,4% del PIB al año (6.000 millones al año). Este ajuste más suave se traduce en un techo de gasto más alto del recomendado por la Comisión (el 3% antes citado). Aún así, se ha beneficiado del 'aprobado general' del Ejecutivo comunitario.
En su dictamen, la Comisión considera que el plan español (como el resto de los aprobados) garantizaría que la deuda pública se mantenga en una trayectoria descendente hasta 10 años después del período de ajuste. Además, la trayectoria de gasto neto mantiene el déficit por debajo del 3% del PIB a medio plazo y respeta todas las salvaguardias requeridas.
La senda de ajuste aprobada por Bruselas no tiene en cuenta el impacto de la DANA de Valencia. Pero la Comisión Europea ya ha dejado claro que los costes de la reconstrucción serán considerados como un gasto "extraordinario", que no computará a la hora de decidir si la UE tiene que abrir un procedimiento sancionador por déficit excesivo contra España.
El Ejecutivo comunitario ha publicado además su evaluación sobre los planes presupuestarios para 2025 de los países de la eurozona. En el caso de España, no hay dictamen porque el Gobierno de Sánchez todavía no ha remitido a Bruselas sus Presupuestos, pese a que el plazo legal para hacerlo venció en 2025. La Comisión todavía espera recibir el plan presupuestario español "en un futuro no muy distante".
De hecho, en su evaluación del plan plurianual de España, Bruselas se queja de la falta de concreción de las medidas que se adoptarán para reducir la deuda y señala que el Gobierno de Sánchez fía buena parte del ajuste al crecimiento económico. Bélgica y Austria son los únicos otros dos países que aún no tienen plan presupuestario.
