El president de la Generalitat de Cataluña, Salavador Illa. Europa Press
De Quebec a Cataluña: muchas ventajas, poca solidaridad y otras diferencias que desmontan el 'cupo catalán'
- Un informe de Fedea alerta de que el pacto entre PSC y ERC ignora las tendencias internacionales hacia la integración fiscal y cuestiona su impacto económico.
- Más información: La financiación singular para Cataluña perjudica en especial "a las regiones de menor renta", dicen los fiscalistas
La propuesta de financiación singular pactada entre PSC y ERC ha despertado un intenso debate en torno a su viabilidad. Inspirada parcialmente en modelos como el de Quebec, en Canadá, la propuesta catalana plantea desafíos legales y prácticos que la alejan de los ejemplos internacionales más consolidados.
Fedea, en un informe firmado por la profesora Violeta Ruiz Almendral, destaca que "la propuesta catalana no tiene parangón en modelos federales avanzados". A diferencia de Quebec, que soporta una elevada presión fiscal para financiar su autonomía, el pacto catalán parece querer mantener las ventajas del sistema común sin asumir costes adicionales.
Uno de los puntos clave es la descentralización de la gestión tributaria mediante la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). El informe de Fedea señala que "la fragmentación de la Administración Tributaria resulta contraria a la evolución internacional, que avanza hacia modelos de integración y cooperación más amplios, no de segmentación".
En Canadá, Quebec opera bajo un sistema que combina autonomía fiscal con mecanismos de solidaridad. El programa Equalization redistribuye ingresos entre provincias para garantizar niveles similares de servicios públicos. En cambio, el pacto catalán plantea limitar la solidaridad mediante conceptos como la "ordinalidad", ya declarada inconstitucional.
Además, el informe de Fedea resalta que "la experiencia canadiense muestra que una mayor autonomía fiscal tiene un coste directo para los contribuyentes". La presión fiscal en Quebec es notablemente superior a la de otras provincias, lo que contrasta con el discurso del pacto catalán, que no aborda estas implicaciones.
La comparación con Alemania tampoco es favorable al pacto. Allí, el sistema de financiación territorial está basado en un fuerte principio de solidaridad interterritorial y en mecanismos cooperativos entre el gobierno federal y los Länder. Según Fedea, "no existe en Alemania un modelo donde el Estado central renuncie a su poder tributario o se avance hacia una gestión fraccionada".
Otro elemento problemático es la referencia a un "cupo catalán", que recuerda al sistema foral vasco y navarro. El informe subraya que "la propuesta del cupo sería inasumible para el Estado si se aplicara a una comunidad de la dimensión económica y demográfica de Cataluña". Además, critica que no se han presentado cálculos claros sobre su impacto financiero.
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En términos legales, el informe concluye que la propuesta tiene un "difícil encaje constitucional". Recupera ideas del Estatuto de 2006 y del Código Tributario de Cataluña, ambos cuestionados por el Tribunal Constitucional. Fedea subraya que "una propuesta de este tipo no puede plantearse al margen de las reglas constitucionales vigentes".
El pacto también ignora las transformaciones de la fiscalidad internacional y europea. "Las tendencias globales apuntan hacia una mayor integración en la gestión tributaria, no hacia su fragmentación", afirma el informe. Ejemplos recientes como el Pilar 2 de la OCDE —el impuesto mínimo a las multinacionales— y la iniciativa ViDA de la UE destacan la importancia del intercambio de información y la coordinación entre administraciones.
Para Fedea, el acuerdo entre PSC y ERC es "una oportunidad perdida para abrir un debate riguroso y adaptado a las realidades del siglo XXI". Considera que cualquier reforma del sistema de financiación debería incluir la participación de todas las comunidades autónomas y respetar los principios de solidaridad y suficiencia financiera.
Así, aunque el pacto catalán busca avanzar hacia una "plena soberanía fiscal", su diseño no encuentra respaldo ni en los modelos internacionales que pretende emular ni en el contexto jurídico y económico español. La propuesta, según Fedea, es un ejemplo de cherry picking, seleccionando elementos de otros sistemas sin considerar su coherencia ni sus costes.
El espejismo de la bilateralidad
La propuesta de financiación singular planteada por PSC y ERC para Cataluña, bajo la premisa de una relación bilateral con el Estado, es calificada como un modelo "inviable" por el Colegio de Economistas de Madrid. En un informe, advierten de que este esquema rompería con los principios de multilateralidad y solidaridad que rigen actualmente el sistema de financiación autonómica.
El documento señala que "la introducción de modelos bilaterales afecta gravemente a la equidad entre comunidades y puede conducir a un debilitamiento de la cohesión territorial". Además, destaca que, de aplicarse este modelo, otras comunidades podrían exigir el mismo trato, generando una competencia por recursos que amenaza con fracturar el sistema común.
Asimismo, y según sus cálculos, Cataluña necesitaría más de 16 años en liquidar la deuda que tiene con el Estado y empezar así a disfrutar realmente del aumento de ingresos tributarios resultantes del modelo de financiación singular propuesto por la Generalitat y asumido en el acuerdo entre PSC y ERC, según cálculos aproximados del Colegio de Economistas de Madrid.
En concreto, la deuda de Cataluña (sumando el gasto adicional que implicaría una Agencia Tributaria en esta comunidad, así como un cupo de 7.589 millones de euros, el FLA y otros gastos) superaría los 374.000 millones de euros, mientras que el incremento neto de los ingresos tributarios con el nuevo modelo de financiación alcanzaría sólo los 22.768 millones de euros. De esta forma, se necesitarían 16,4 años para cancelar toda la deuda de Cataluña con el Estado.
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El informe también subraya las contradicciones internas del modelo propuesto, especialmente en cuanto al reparto territorial de los impuestos. Según el Colegio, la propuesta no aclara si se basaría en tributos generados, soportados o recaudados en Cataluña, conceptos que no son equivalentes. Esta ambigüedad "podría dar lugar a conflictos técnicos y jurídicos de difícil resolución".
Otro aspecto crítico es el impacto financiero para el resto de comunidades autónomas. "La generalización de modelos singulares vaciaría de contenido las competencias fiscales del Estado, reduciendo su capacidad para garantizar la igualdad en la prestación de servicios básicos", advierte el informe. Este riesgo, según los economistas, sería especialmente grave si se extiende a comunidades con un peso económico significativo, como Madrid o Andalucía.
El Colegio también denuncia la falta de atención a los costes reales del modelo. Según su análisis, la descentralización plena de competencias tributarias y la gestión unilateral por parte de la Generalitat implicarían elevados costes administrativos y riesgos de ineficiencia, al tiempo que dificultarían la coordinación con el resto del sistema estatal.
El debate sobre la financiación autonómica sigue abierto, pero el informe deja claro que el camino hacia un modelo viable pasa por un análisis más honesto y realista. Mientras tanto, el pacto catalán queda como un ejercicio teórico que, para Fedea, "se basa en un mundo que ya no existe".
