María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, en la última sesión de control al Gobierno en el Congreso.

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, en la última sesión de control al Gobierno en el Congreso. Mariscal EFE

Macroeconomía

Hacienda, empeñada en subir el diésel para recaudar 1.200M aunque decaiga el impuesto a las energéticas

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María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, no ceja en su empeño y en enero retomará las negociaciones parlamentarias para subir el diésel. Lo hará después de la repentina marcha atrás que el Gobierno dio el pasado lunes al retirar el proyecto de su macro decreto de final de año.

¿El motivo? La ausencia de apoyos parlamentarios para aprobar una medida con la que aspira a recaudar entre 1.000 y 1.300 millones de euros. Un respaldo que debe llegar de Podemos, y que exige vincularlo a la permanencia del 'impuestazo' energético. Algo que, salvo sorpresa, no va a ocurrir porque todo apunta a que decaerá al no tener el visto bueno de Junts y PNV. 

Fuentes del Ejecutivo insisten en que en estos momentos "seguimos hablando y negociando" con los distintos grupos del Congreso. Una medida que, además, debe salir adelante en las próximas semanas si se quiere desbloquear el quinto pago de los fondos Next Generation ya que forma parte de los compromisos adquiridos con la Unión Europea. 

De hecho, es Bruselas la que más aprieta en el sentido de equiparar el impuesto al diésel con el de la gasolina. De este modo, y a falta de conocer cómo se articula, el alza supondría un aumento de este combustible del entorno de los 10 céntimos. Este pasaría de 0,379 euros el litro a 0,47269 euros.

Si se hace un cálculo rápido, para un depósito medio de 50 litros supone pagar unos cinco euros más.

Ahora bien, esta medida tiene dos excepciones: el gasóleo profesional, que no se verá afectado y otra más, si el precio del gasóleo sube por encima de los dos euros por litro, el impuesto se reduciría a 0,422 euros. 

Esta es la idea que Hacienda tiene en la cabeza, pero todo puede cambiar en función de las exigencias de sus socios. Ahora mismo las dudas están en Podemos que, en este momento, se opone al alza a los impuestos al diésel. 

Según su portavoz, Isa Serra, este impuesto carga contra las clases trabajadoras y carece de una lógica progresiva. A su juicio, no tiene sentido implantar una medida de este tipo cuando no se ha logrado que las grandes energéticas tengan un impuesto permanente. 

"Es ridículo quitar impuestos a las grandes energéticas que venden y contaminan y hacerle pagar a las familias trabajadoras más impuestos", decía el pasado lunes tras conocer cómo se iba a articular el nuevo 'impuestazo' al sector energético

La condición de Podemos es que el gravamen a las grandes compañías del sector se convierta en permanente. Sin embargo, el pacto del Gobierno con Bildu y ERC, refleja que sea temporal con desgravaciones para aquellas empresas que inviertan en activos sostenibles que generen impacto económico. 

Un impuesto que no apoya Podemos, pero tampoco el PNV ni Junts que no quieren problemas con Iberdrola ni Repsol. Compañías, ambas dos, que ya han anunciado que moverán inversiones si, finalmente, hay un impuestazo al sector energético. 

Así que ahora el Gobierno trabaja para sacar el gravamen al diésel de forma autónoma. Podemos es la gran piedra de toque, porque ya se cuenta con el 'no' del Partido Popular y de Vox. 

El nuevo impuesto al diésel afectará a 13,10 millones de turismos y casi 6.000 motocicletas. Todo ello sin contar con camiones, furgonetas o autobuses. En total, el parque de vehículos diésel en España alcanza los 18,41 millones y suponen el 51% de los medios de transporte que circulan por las carreteras.