Pedro Sánchez y María Jesús Montero, en el Congreso.
El Gobierno quiere priorizar en el acceso a ayudas y fondos públicos a los inversores que pasen por su 'ventanilla única'
El PSOE tramita con una enmienda en el Congreso la fórmula para acelerar las "inversiones estratégicas" que se consideren tractoras de la economía española.
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A mediados de enero, Pedro Sánchez anunció la creación de un Comité de Inversiones Estratégicas para agilizar trámites y burocracia de proyectos empresariales que puedan tener impacto y relevancia en el tejido productivo español. Una suerte de ventanilla única estatal que también servirá para priorizar a los impulsores de estas inversiones en el acceso a ayudas y fondos públicos.
Se trata de un detalle de esta medida que el PSOE ha revelado en las enmiendas presentadas para el proyecto de ley de Función Pública, que se está tramitando en el Congreso. El partido del Gobierno ha decidido emplear esta iniciativa legislativa para tramitar el "Comité de Inversiones Estratégicas" citado y la calificación de "Proyectos Estratégicos de Inversión".
Para ello se incluirán varias disposiciones adicionales en la normativa de Función Pública, aunque poco o nada tienen que ver con esta cuestión.
Para empezar, los Proyectos Estratégicos de Inversión se definen como "todas aquellas iniciativas de naturaleza empresarial o de colaboración público-privada de proyectos de inversión o reinversión en España para la mejora de las capacidades tecnológicas, científicas o productivas y en las que concurran razones de interés público, social y económico para el conjunto del país".
Para decidir qué proyectos pueden entrar en esta definición se creará el citado Comité de Inversiones Estratégicas, que será un "órgano colegiado interministerial". Además, la Comisión Delegado de Asuntos Económicos (CDGAE) tendrá que hacer la "declaracion definitiva" de esta condición... con las medidas de apoyo que se derivan de ello.
Obtener la condición de Proyecto Estratégico de Inversión no supondrá únicamente rapidez en la tramitación administrativa y mayor cooperación entre los diferentes pisos burocráticos implicados (como las autonomías, los cabildos, las diputaciones o los ayuntamientos).
También habrá medidas para "promover" y agilizar el acceso a programas especificos de ayudas y fondos públicos. Eso sí: se tendrán que acreditar razones de interés público, social y económico para su concesión.
Los proyectos impulsados por el Gobierno contarán, además, con otras ventajas, como acciones de visibilización y facilidades de acceso y conexión a las infraestructuras necesarias para su ejecución.
Eso sí: las empresas o inversores que muevan estas iniciativas se podrán ver sometidas a "compromisos u obligaciones". ¿Las consecuencias de no cumplir con esto? Están por determinar, aunque, entre ellas, estaría la pérdida de la declaracion de Proyecto Estratégico, claro.
Esta medida, que el presidente del Gobierno presentó durante el Spain Investors Day celebrado en Madrid el mes pasado, se ha propuesto como enmienda por parte del PSOE en el proyecto de ley de Función Pública.
Además de esta enmienda, se han introducido otras para cumplir otros compromisos del Gobierno. Por ejemplo, recuperar la jubilación parcial de los funcionarios.
Pero hay más medidas. Entre ellas, elevar la edad de jubilacion forzosa de los trabajadores públicos hasta los 72 años (dos más que ahora) y plantear la remuneración de dos de las ocho semanas de permiso parental de los funcionarios.
Si esta enmienda se aprueba como parte del proyecto de ley, los funcionarios adelantarán a los trabajadores del sector privado. Para ellos, el Gobierno todavía no tiene planes para remunerar sus permisos parentales, tal y como exige la Comisión Europea más allá de tramitar Presupuestos Generales del Estado. Y todo ello pese a que ya hay una sentencia judicial que obliga a ello, del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cuenca.
