Deutsche Bank pide rescatar a los bancos europeos con 150.000 millones de dinero público
El gigante alemán quiere que los gobiernos de la UE activen un programa de ayudas similar al empleado en EEUU tras la quiebra de Lehman Brothers. El economista jefe del banco entiende que Europa está “muy enferma”.
11 julio, 2016 17:50Noticias relacionadas
Un rescate a la americana. El Deutsche Bank abre la puerta a un nuevo salvavidas para la banca europea. La cifra: 150.000 millones de euros, frente a los 475.000 millones de dólares que se estableció en Estados Unidos: "Aquí no tiene que ser tan grande como en EEUU". “Europa se encuentra gravemente enferma y necesita afrontar con rapidez los problemas existentes”, ha apuntado su economista jefe, David Folkerts-Landau, en una entrevista en el dominical del diario alemán Die Welt.
El mayor banco alemán se muestra preocupado con la situación de las entidades italianas, que tienen 350.000 millones de euros en activos con problemas y los rumores acerca de un plan de recapitalización de 40.000 millones que podría vulnerar las nuevas reglas europeas de resolución bancaria. “Cumplir estrictamente las reglas causaría un mayor daño que suspenderlas”, ha apuntado el economista.
La realidad es que el banco que más preocupa es el propio Deutsche Bank, el gran banco de inversión de la eurozona. El FMI ya ha apuntado que es la entidad que genera mayor riesgo sistémico en el mundo y en Estados Unidos acaba de suspender los test de estrés de la Reserva Federal. En 2015 la entidad ya sufrió unas pérdidas históricas de 6.700 millones de euros y para este año ya ha anunciado que seguirá en números rojos mientras intenta reestructurar su negocio. A nadie se le escapa que esta petición de dinero público para recapitalizar a los bancos europeos tiene mucha más relevancia por venir de quien viene.
Flokerts-Landau cree que la caída de las acciones de los bancos refleja la fatal combinación de bajo crecimiento, con elevada deuda y el riesgo de deflación. “No soy un profeta del desánimo, sino realista”, ha añadido.
El rescate de EEUU
El 3 de octubre de 2008, apenas medio mes después de la quiebra de Lehman Brothers, el Congreso de Estados Unidos tomaba conciencia de que los grandes bancos del país sólo podrían mantenerse en pie con dinero público. Los congresistas habían rechazado, unos días antes, crear un fondo para inyectar inyectar centenares de miles de millones de dólares de los contribuyentes en las maltrechas entidades, pero la situación en los mercados ya era insostenible. El Congreso aceptó la petición del Tesoro, dirigido por Hank Paulson, de poner a disposición de las entidades un fondo dotado con hasta 700.000 millones de dólares en un primer momento y que se terminó rebajando hasta 450.000 millones con la famosa Ley Dodd-Frank.
Este dinero se canalizó a través del TARP (Programa de Alivio de Activos en Problemas, por sus siglas en inglés). Lo que hacía el Gobierno era comprar activos problemáticos de los bancos para sacarlos de sus balances y así sanearlos.
La intervención temprana de las autoridades estadounidenses (que se completó con un proceso de concentración de entidades, otra serie de ayudas del Gobierno y de la Reserva Federal y una nueva normativa de supervisión y resolución) permitió a los bancos del país recuperar la confianza de los inversores y superar la etapa de dudas que todavía persiste en Europa. Cinco años después del rescate del sector financiero (en 2013), el Gobierno de EEUU no sólo había recuperado todo el dinero invertido, sino que había conseguido unas plusvalías de 21.000 millones de dólares.
Mientras tanto, en Europa prosiguen los problemas de capital de las entidades a pesar de la nueva supervisión del Banco Central Europeo (BCE) y el dinero público inyectado. Las autoridades italianas se han pasado toda la crisis sin afrontar el problema creciente de la morosidad en las entidades, lo que hace que ahora todo el sistema bancario del país esté en peligro. Por su parte, en Alemania, el gigante Deutsche Bank tiene serios problemas por la baja rentabilidad y los férreos requisitos de capital impuestos por la nueva regulación.