Es su cita anual. Misma hora y misma dirección, pero sin la unidad de antaño. El Corte Inglés celebra este domingo su junta de accionistas. Un encuentro en que las familias herederas de los fundadores del grupo tendrán que escenificar un reencuentro o asumir que existen dos (o tres) bandos dentro de su equipo directivo velando por sus intereses particulares.
Esta disparidad de criterios tienen un origen o, mejor dicho, un nombre:
Hamad Bin Jassim (HBJ) Bin Jaber Al Thani. El inversor catarí se comprometió hace un año a inyectar 1.000 millones de euros en forma de préstamo convertible en acciones en un periodo de tres años, que vencerá en 2018. A cambio de aportar esta cifra a los fondos propios de El Corte Inglés, mediante su sociedad Primefin, HBJ recibirá un interés anual del 5,25% (52,5 millones de euros) y se hará con más del 10% del capital de la firma de grandes almacenes. De entrada y sin ningún condicionante, recibirá otro 2,25% del capital social, con lo que, seguro, elevará su participación hasta el 12,25%.
Ese porcentaje, además, puede llegar hasta el 15% en caso de que El Corte Inglés no logre cumplir un ambicioso plan de negocio a lo largo de estos tres años. Por ejemplo, tiene que conseguir que su Ebitda (su resultado bruto de explotación) crezca un 12% anual, evitar que el valor de su negocio se deteriore y caiga por debajo de los 10.000 millones; y blindarse ante posibles movimientos accionariales hasta 2025, incluida una hipotética salida a bolsa. Si no cumple esas condiciones, el jeque catarí alcanzará ese 15%.
Desavenencias públicas
Este contrato derivó en un choque de trenes entre las familias fundadoras. Corporación Ceslar, controlada por los Areces Galán, que tienen el 9% del grupo de distribución, fue expulsada del consejo de administración en la junta del pasado año. ¿El motivo? Según el resto de consejeros, los Areces Galán incumplieron sus deberes de “lealtad y secreto” al dar difusión a “informaciones, datos, informes o antecedentes a los que ha tenido acceso en el desempeño de su cargo y sobre los que debía guardar reserva”. Es decir, filtraron detalles y críticas sobre el pacto con HBJ.
El conflicto se selló unos meses más tarde con un acuerdo para evitar la vía judicial, después de que Ceslar impugnara la junta. Pero las diferencias han ido más allá porque, según ha trascendido en los últimos meses, Marta y Cristina Álvarez Guil, hijas del expresidente Isidoro Álvarez, habrían manifestado en varias ocasiones sus discrepancias con la gestión de su primo Dimas Gimeno, hoy en la presidencia de El Corte Inglés.
Las hermanas Álvarez, junto a Gimeno, controlan Cartera de Valores IASA, segundo accionista de El Corte Inglés con el 22,18% del capital. Por delante está la Fundación Ramón Areces, con el 37,39%. Así, una vez transforme su préstamo en títulos, el catarí Al Thani, se convertirá en el tercer mayor accionista. De hecho, ya tiene voz y voto, porque cuenta con un puesto en el consejo de administración, donde está representado por Shahzad Shahbaz.
Los temas de la junta
¿De qué está previsto hablar en la junta de accionistas? Formalmente, sólo tiene nueve puntos en el orden del día. Algunos, habituales en cualquier encuentro de este tipo, como aprobar el cuentas anuales (el balance) de la compañía en el año anterior o aprobar autorizar la compra de acciones propias (autocartera).
También deberá dar el visto bueno a la gestión de la dirección, aprobar la remuneración del consejo de administración y ratificar “las transmisiones efectuadas de las acciones en autocartera”, es decir, deberá hablar de la operación Al Thani. No hay que descartar que, dado que antes de la junta se reunirá el consejo de administración del grupo, donde no estarán los representantes de Ceslar, pueda plantearse su vuelta al órgano de dirección.
De lo que sí hablarán seguro los accionistas es del cambio de auditor. El Corte Inglés va a dejar atrás una década en la que sus cuentas han sido revisadas por Deloitte, una de las cuatro grandes compañías que se reparten ‘el pastel’ de la auditoría en el mundo, junto a PwC, KPMG y EY. Precisamente, será esta última la que revisará a partir de ahora sus estados contables.
La empresa de grandes almacenes se convierte así en una de las grandes empresas no cotizadas que se adapta a la nueva ley de auditoría que entró en vigor antes del verano y que hará obligatoria la rotación de firmas cada 10 años, para que esa labor de vigilancia sea más independiente y evitar que una firma esté toda la vida revisando el balance de una empresa. A El Corte Inglés le influye esta ley porque está considerada una Entidad de Interés Público (EPI), por facturar más de 2.000 millones de euros y tener más de 4.000 trabajadores. Por eso, en 10 años EY tendrá dar paso a otra auditora, aunque podrá estar cuatro años más si se da entrada a otra firma en condición de coauditora.
En cuanto a la evolución en sí del negocio de El Corte Inglés, es previsible que, dado el avance del consumo privado a lo largo del 2015, el grupo mejore sus últimos resultados. Hay que tener en cuenta que El Corte Inglés cierra ejercicio al finalizar febrero, una vez concluye la campaña de rebajas de invierno.
En el ejercicio 2014, su cifra de negocio se situó en 14.592 millones de euros, tras crecer un 2,6% . Mientras, su beneficio neto se recortó un 32% (115,2 millones) que la compañía justificó por la falta de extraordinarios (en 2013 vendió el 51% de su división financiera a Banco Santander) y a mayores costes financieros (que cuantificó en 341,9 millones) a causa de la renegociación de su deuda con los bancos.