A la ofensiva. Blablacar acude a la Comisión Europea para denunciar a España por las sanciones interpuestas por la Comunidad de Madrid contra ellos y dos de sus usuarios. Lo hace incluso antes de que el juez de lo Mercantil de Madrid haga pública la sentencia batalla judicial que mantiene con la patronal del autobús.
La matriz de la empresa francesa, Comuto SA, presentó este lunes una denuncia ante la Comisión Europea por las prácticas administrativas llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid contra la plataforma y dos de sus usuarios. La tecnológica considera vulnerado su derecho a la libre prestación de servicios y su libertad de establecimiento dentro del territorio de la Unión Europea, y solicita a la Comisión que adopte las medidas oportunas para evitar que la Comunidad continúe con estas prácticas, y a su vez requiera al Estado español que clarifique la legislación aplicable a su actividad.
Para BlaBlacar, las acciones judiciales de la Comunidad suponen "una vulneración del derecho europeo; en concreto, de la libre prestación de servicios y de la libertad de establecimiento".
Su responsable en España, Jaime Rodríguez: “Las sanciones impuestas por la Comunidad de Madrid se basan en la exigencia de unas licencias que ni BlaBlaCar, ni sus usuarios, necesitan en ninguna parte de Europa y que, aunque quisieran, les sería imposible obtener en España. Esto es un claro obstáculo a la libre prestación de nuestros servicios”.
La Comunidad de Madrid ha sido la primera en sancionar a BlaBlaCar y a dos de los conductores que la utilizaron para albergar a otros usuarios en un viaje. La multa, que asciende en total a 16.800 euros, es la primera que sufre la compañía tecnológica francesa desde que está activa.
Entre 6 y 18 meses
Este proceso administrativo arranca ahora y, según las estimaciones de la propia empresa, podría durar entre 6 y 18 meses. La Comisión deberá emitir un dictamen motivado sobre si ha habido una infracción y si hay que tomar medidas. En caso de que haya un dictamen y el estado no las ejecutara, la Comisión "podría entrar en fase judicial", según ha explicado su responsable en España.
Rodríguez ha querido transmitir un "mensaje de tranquilidad" a los 3 millones de usuarios registrados en la plataforma para compartir trayectos de coche de la empresa. "Compartir coche es igual de legal que lo ha sido siempre", ha resaltado.
En este sentido, ha lamentado el efecto en la reputación que han tenido los expedientes sancionadores de la administraciones madrileña. "Cuando altos cargos de la Administración hacen declaraciones en un sentido concreto se está generando un daño reputacional claro", ha lamentado.
Acudir a la Comisión no implicará que abandonen todos los procesos en España. Los expedientes sancionadores tanto a los dos usuarios localizados por la Comunidad de Madrid como los tres a la propia empresa han sido recurridos. "Y vamos a agotar todas las vías en ese sentido", ha advertido el directivo.
La sentencia clave, aún pendiente
Todo este proceso arranca cuando tanto la empresa, como la patronal del autobús, están en vilo a la espera de que el juez de Lo Mercantil número 2 de Madrid, Andrés Sánchez Magro, dé a conocer la sentencia final tras la demanda por competencia desleal.
Esa sentencia sentará un precedente importante por una razón: delimitará si el trabajo de BlaBlaCar como plataforma digital es de intermediación en el entorno digital o no. Fue antes del mes de agosto, cuando tanto la empresa como la patronal entregaron las conclusiones por lo que el juicio quedó visto para sentencia.