“Cumplir la ley es antes que nada responsabilidad de los fabricantes de coches. Pero las autoridades nacionales de toda la UE deben garantizar que las empresas respeten realmente la normativa". La comisaria europea de Industria, Elzbieta Bienkowska, sacó este jueves los colores a siete países (entre ellos España) por quedarse de brazos cruzados en el ‘dieselgate’ de Volkswagen y les ha abierto expediente.

La decisión de Bruselas significa que España puede acabar siendo sancionada por la inacción del Ministerio de Industria que, cuando salió a la luz el escándalo en septiembre del pasado año, estaba en manos del después dimitido José Manuel Soria. Tras su marcha, la cartera quedó bajo responsabilidad del también ministro de Economía, Luis de Guindos.

El Ejecutivo comunitario critica especialmente a España (al igual que hace con Alemania, Reino Unido y Luxemburgo) porque sus respectivas administraciones eran responsables de la homologación de los vehículos del fabricante alemán. Es decir, tenían que supervisar que las emisiones de sus modelos se ajustaban a la normativa del mercado único europeo. Y está claro que, en el caso de la manipulación de los motores diésel trucados, Volkswagen infringió la legislación comunitaria que prohíbe expresamente el uso de dispositivos para rebajar las emisiones.

Eso es lo que ocurrió en el dieselgate. El escándalo se destapó a finales de septiembre de 2015 cuando la Autoridad Medioambiental de Estados Unidos (EPA, en sus siglas en inglés) descubrió que Volkswagen equipaba algunos de los motores diésel con un software que se activaba en los test de homologación para hacer que las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) estuvieran dentro de los límites legales. Una vez en carretera, ese software se desactivaba y las emisiones de disparaban. En total, 11 millones de coches, la mayoría en Europa. Sólo en España se rozaron los 700.000 vehículos entre todas las enseñas del grupo germano: VW, Audi, Seat, Skoda o Porsche.

Y es ahí donde llegan las críticas de Bruselas al Gobierno español. A pesar de que España era responsable de la homologación de algunos de los modelos de Volkswagen, en concreto de su marca Seat. No ha sancionado en ningún momento al grupo alemán por su engaño, a pesar de que, sobre la mesa, Volkswagen engañó al Ministerio de Industria al conseguir las homologaciones de los motores de Seat. En concreto, la filial del grupo alemán fabrica en sus planta de Martorell dos de sus modelos más vendidos, el Ibiza y el León.

¿Qué ha hecho España en el ‘diselgate’?

La Comisión critica la ausencia de sanciones y de medidas efectivas contra la actuación de Volkswagen. No significa que España no haya hecho nada, sino que no ha hecho lo suficiente. ¿Qué ha hecho estos meses? El primer movimiento del Ministerio de Industria tras destaparse el ‘dieselgate’ fue pedir explicaciones.

El 23 de septiembre del pasado año, cinco días después de destaparse la manipulación, José Manuel Soria reclamó información a Volkswagen. Lo hizo a través de una carta enviada al vicepresidente mundial de la multinacional, Francisco Javier García Sanz. Esa misiva daría lugar a un cruce de correspondencia entre Volkswagen y el ministro.

En ese momento, Soria pidió a Volkswagen que suministrara “lo antes posible, toda la información necesaria para determinar el alcance del problema en general y de manera específica en nuestro país”. El propio Ministerio reconoció entonces su responsabilidad porque era la autoridad nacional responsable de la homologación de los modelos que SEAT fabrica en España. Soria le pidió conocer "detalles claros, precisos y concretos del problema", del número de coches afectados, “así como las soluciones que se plantea Volkswagen para resolver el problema”.

Para supervisar esta información, que después de año y medio no ha trascendido a la opinión pública en forma de informe oficial, Industria montó un grupo de trabajo. El objetivo, según indicó, era analizar “minuto a minuto” la crisis de Volkswagen. Begoña Cristeto, entonces secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, aseguró que ese grupo de trabajo respondía "no solamente por los vehículos Volkswagen, sino porque estamos preocupados por los vehículos Seat, que sí que están homologados por el Ministerio".

Una de las medidas cautelares que tomó Industria hace un año fue suspender la matriculación de cualquier vehículo que pudiera contar con uno de los motores con el sotfware manipulado. Esa medida afectó a unos 2.000 vehículos. También anunció que llevaría a cabo una serie de test para comprobar si diferentes marcas, no sólo Volkswagen, cumplían con las emisiones. Tampoco ha trascendido el resultado de esos test oficiales.

Sí se sabe que el cruce de correspondencia entre Soria y García Sanz acabó en una exigencia por parte de la multinacional alemana para que España retirase cualquier medida cautelar contra los coches afectados. Si no lo hacía podrían correr peligro las inversiones de la multinacional alemana en España. Volkswagen tiene plantas en Navarra, donde fabrica el VW Polo; y en Barcelona, donde produce el Seat León y el Ibiza. Cuatro semanas después, el Ministerio levantó la medida pero sólo a la mitad de los vehículos previamente fijados y por razones técnicas.

José Manuel Soria también abrió la puerta a que Volkswagen devolviera ayudas del plan PIVE de los vehículos afectados o del impuesto de matriculación (porque los coches que emiten 120 gramos de CO2 por kilómetro no pagan este impuesto). Sin embargo, Volkswagen justificó que no tenía que devolverlas porque las emisiones que manipuló eran las NOx, no las de CO2. “Lo que nos ha dicho [Volkswagen] es que las emisiones que regulan los planes de incentivos al vehículo eficiente no están afectadas por ese software. Hemos pedido documentación acreditativa de que técnicamente eso es literalmente así”, justificó el ministro en octubre de 2015.

Expediente de Industria, en suspenso

Tuvo que pasar un año desde ‘diéselgate’ hasta que el Ministerio de Industria, ya con Guindos como ministro en funciones, abrió un expediente sancionador. No contra toda Volkswagen, sólo contra Seat. Justificó que el procedimiento se ponía en marcha contra la filial porque era la única marca de Volkswagen cuyas homologaciones se realizan en España.

El pasado 30 de septiembre, la tramitación del expediente se suspendió hasta que exista una resolución judicial firme. El ‘dieselgate’ está en la Audiencia Nacional, que instruye una causa penal sobre los hechos. Al estar los hechos en los tribunales, se paralizó el procedimiento administrativo. No ha llegado allí por una actuación del Gobierno, sino por una denuncia presentada por Manos Limpias y por la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen.

En julio, el juez Ismael Moreno imputó a Volkswagen por el fraude de las emisiones de sus motores diésel. En un auto, el magistrado acordó iniciar un procedimiento contra la compañía alemana Volkswagen AG en calidad de investigada (antigua imputación) por presuntos delitos contra el medio ambiente, fraude que causa perjuicio a una "generalidad de personas" y fraude de subvenciones.

Ese procedimiento judicial y el expediente en suspenso son dos de los argumentos que esgrime el Gobierno ante Bruselas, según señalaron este jueves fuentes del Ejecutivo a la agencia EFE.

Las denuncias, de los consumidores

Al final, la patata caliente de reclamar al fabricante alemán ha quedado en manos de los consumidores. Hasta el momento, sólo una sentencia les ha dado la razón. A finales de octubre de este año, un juzgado de primera instancia de Valladolid condenó a Volkswagen a indemnizar a un afectado con 5.006 euros. Antes de esta sentencia, otras cinco resoluciones anteriores habían dado la razón al grupo alemán. Al margen de estos, el proceso que sigue en marcha en la Audiencia Nacional.

¿Y ahora qué? El movimiento de Bruselas con la apertura de expediente es un tirón de orejas. O justifica su actuación o puede acabar siendo sancionado. Ahora España (como ocurrirá también con Alemania y Reino Unido) recibirá una carta de emplazamiento. Ese es el primer paso de un procedimiento de infracción. Si pese a todo, el Gobierno español no actúa, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE en un procedimiento que puede prolongarse varios años.