El impacto del coste reputacional para las entidades será mucho mayor para las entidades financieras que los 4.000 millones de euros que tendrían que devolver por el cobro indebido o los 2.000 millones adicionales que, también, deberían reintegrar por gastos de notaría, registro, gestoría y tasadora al formalizar la hipoteca.  

“Los clientes de los bancos empiezan a tener la misma sensación que tienen algunos particulares con sus empleadas de hogar, que todos los días sisan algo cuando van a la compra”. Así de explícito se explica Fernando Zunzunegui, abogado y profesor de Mercado Financiero de la Universidad Carlos III de Madrid.

“Al final, con mayor o menor perjuicio para sus cuentas, los bancos afrontarán la devolución de esos miles de millones, pero va a ser muy difícil que puedan recuperar la pérdida de confianza generada”, apunta el profesor. “La gente siempre confió en ellos como custodios de sus patrimonios y perciben que no lo están haciendo adecuadamente”, remacha.

Los jueces cercan a la banca

Ante esta situación, los bancos han empezado a tomar cartas en el asunto. Lo hacen ante las primeras sentencias, emitidas por juzgados y audiencias tras las demandas presentadas por los clientes para recuperar lo cobrado de más por los gastos de formalización de hipotecas, en base a una sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo, de diciembre de 2015, contra BBVA y Banco Popular.

Una controvertida sentencia del Alto Tribunal que determina que los bancos deben devolver a los clientes los costes de la formalización de hipotecas. Notarios, registro, gestoría y tasación, y, también, lo pagado por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD).

En principio, por cada uno de los 7 millones de préstamos hipotecarios, a una media de 150.000 euros, el monto de todos estos gastos sería de unos 3.000 euros, con lo que el agujero sería sideral para las cuentas de los bancos. De ese importe, un tercio sería por los gastos de los profesionales y los dos tercios restantes derivados del IAJD.

El reintegro del IAJD, clave

A partir de aquí, y a la vista de esas primeras sentencias, los clientes que demanden a los bancos “tendrán asegurados cobrar esos gastos, pero no tanto los del impuesto”, asegura el abogado Alberto Sanjuán, letrado del despacho Cross Abogados de Zaragoza.

Echando cuentas, en el peor de los casos, serían unos 6.000 millones, solo con los gastos, y de otros 12.000 si, al final, los 7 millones de hipotecados demandaran y, en última instancia, los jueces les dieran la razón.

Pero, evidentemente, ni una cosa ni otra sucederá. Algunos abogados han estimado que el tema podría saldarse, finalmente, con un coste adicional para los bancos de entre 1.500 y 2.000 millones de euros.

En estas primeras sentencias se ha puesto sobre la mesa lo que muchos juristas temían, la divergente opinión de los jueces sobre el reintegro del IAJD.

'Corta y pega' de la sentencia del Supremo

Unos, como en el caso de la Audiencia Provincial de Zaragoza o de un juzgado de instrucción de Granollers, no se han complicado lo más mínimo. “Han hecho un corta y pega de la sentencia del Supremo sin más”, señala Sanjuán. Pero otros, discrepan del Supremo, y ponen en duda el reintegro del impuesto cobrado a los clientes.

“Se trata del gran objeto de debate en esta polémica y no está nada claro lo que al final pueda suceder. En cualquier caso, las sentencias de los jueces obligarán a que el Supremo se pronuncie de nuevo para solventar la controversia fiscal suscitada”, cree el profesor Zunzunegui.

Sanjuán, abogado del despacho zaragozano Cross que ha logrado arrancar de la Audiencia de Zaragoza que Ibercaja devuelva a un cliente todo -los gastos de profesionales y el impuesto-, entiende que el banco no queda al margen de los tributos que puedan devengarse con motivo de la constitución de un préstamo hipotecario. “Igual que debe pagar el que compra una cosa, también lo debe hacer el banco al contratar la hipoteca”, razona.

Informe de los notarios para repartir los gastos

Entre las medidas que las entidades financieras se están planteando aplicar, para las nuevas hipotecas, el Sabadell reconoce que “se buscan fórmulas para compartir estos gastos”. Respecto a los antiguos préstamos, “habrá que estar a lo que determinen los jueces”, señalan fuentes de la entidad vallesana.

Los bancos se aferran a un clavo ardiendo a un informe del Colegio Notarial que, en mayo de 2016, establecía que los hipotecados pagarían sobre el documento original, mientras que los bancos asumirían las copias y los gastos de registro. Y, sobre todo, que el IAJD recaería sobre el usuario y, al banco, el tributo que se origine por las copias.

Con este reparto, los hipotecados, en lugar de pagar 3.000 euros de media, reducirían el cargo a unos 2.200 euros, asumiendo los bancos unos 700 euros.