Nuevo varapalo de la UE a las ayudas públicas concedidas por España para la digitalización de la red de televisión. La Comisión Europea ha decidido este martes llevar al Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) por no recuperar subvenciones ilegales por valor de 300 millones de euros que se otorgaron a los operadores de televisión digital terrestre (TDT). A día de hoy, las plataformas de TDT sólo han devuelto el 2% de estos subsidios y las autoridades españolas todavía no han suspendido todos los pagos, denuncia Bruselas.

Las ayudas en cuestión corresponden al plan español de 2005 para financiar la transición a la televisión digital terrestre en las regiones remotas de España (260 millones) y a un programa específico de Castilla-La Mancha (43,8 millones). La compañía Abertis fue la principal beneficiaria de estas subvenciones, junto con una serie de operadores regionales. 

Bruselas las declaró ilegales en dos decisiones de 2014 y 2013 por considerar que no respetaban el principio de neutralidad tecnológica. Los fondos se destinaron exclusivamente a operadores terrestres y excluyeron a plataformas por satélite, cable o internet. También implicaban una discriminación entre distintos operadores terrestres, según el Ejecutivo comunitario.

Perjuicios para los consumidores

El resultado es que algunos operadores terrestres se beneficiaron de una ventaja sobre sus rivales. La discriminación, alega Bruselas, perjudicó además a los consumidores al privarles de más posibilidades de elección y precios más bajos. Para resolver estas distorsiones de competencia, el Ejecutivo comunitario ordenó entonces a las plataformas de TDT beneficiarias que devolvieran las ayudas.

Más de tres años y medio después de la primera decisión, las autoridades españolas sólo han recuperado el 2% de las ayudas del plan general de 260 millones y nada de los 43,8 millones del programa de Castilla-La Mancha. Además, España sigue pagando por el funcionamiento y mantenimiento de partes de la red de TDT, desafiando la decisión de Bruselas. 

Las empresas beneficiarias de las ayudas a la TDT han presentado múltiples recursos de anulación ante el TJUE, pero todos han sido rechazados en primera instancia. Los recursos de casación todavía siguen tramitándose ante la justicia europea, aunque Bruselas resalta que la obligación de recuperar las ayudas no se interrumpe.

"Como consecuencia del retraso en la aplicación de las decisiones, el falseamiento de la competencia en el mercado correspondiente no se ha detenido. La Comisión está especialmente preocupada por la continuación del pago de subvenciones ilegales en detrimento de otros operadores", ha dicho el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Si España sigue incumpliendo los fallos en su contra, Bruselas podría pedir al TJUE la imposición de una multa.