Cobrar menos, pero antes: clave extrajudicial para devolver las cláusulas suelo

Desde el próximo lunes, los clientes que se consideren afectados por haber pagado de más al aplicar cláusulas de suelo en sus préstamos hipotecarios pueden acudir a su sucursal para presentar la pertinente reclamación. A partir de aquí, se abre toda una enrevesada casuística de cómo puede acabar el procedimiento.

La letra pequeña del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno, lejos de aclararlo todo, abre algunas incertidumbres sobre cuestiones relativas al juicio de los bancos para determinar si acepta o no la reclamación, el establecimiento de la cuantía a devolver y el pago de las costas si al final se interpone la demanda judicial.

La ambigüedad calculada de la norma parece hecha a la medida de entidades que, como el Banco Sabadell, siguen manteniendo -el propio presidente de esta entidad, Josep Oliu, lo volvía a reafirmar nada más aprobarse el decreto- que sus cláusulas suelo son válidas y los clientes fueron informados de forma clara y transparente. Y que, por ello, van a seguir ahondando en llegar a acuerdos para cambiar las hipotecas de variables a fijas, a cambio de renunciar a la vía judicial, obviando el decreto.

El Sabadell, aliviado con el decreto

En este sentido, el decreto deja claro que si una entidad, como el Sabadell, recibe una reclamación y la rechaza, lo único que tiene que hacer para zanjar la cuestión es argumentar al cliente las razones que esgrime para respaldar esa transparencia, sin necesidad de efectuar valoración alguna. A partir de aquí, queda zanjada la vía extrajudicial, no dejando otra salida al hipotecado que acudir a los tribunales.

El Sabadell es una de las entidades que más tiene que perder si finalmente los jueces determinan que sus cláusulas son nulas por abusivas. Solo ha realizado una cobertura de 350 millones como provisión genérica, y debería, a final de 2016, haber aportado otros 250 millones de provisión específica adicional. Además, lejos de retirarlas, las sigue cobrando, contabilizando por ellas 160 millones de euros brutos en su margen, quedando algo más de 100 netos.

El cálculo, que hacen los bancos, la clave

Dejando al margen al Sabadell, lo normal es que las entidades, tras comprobar que la solicitud de devolución es correcta, procederá a realizar el cálculo del importe a devolver.

Aquí radica el éxito de la vía extrajudicial. Que la cantidad ofrecida por los bancos como devolución de lo cobrado de más sea aceptada por los hipotecados, sea o no la que realmente les correspondería percibir.

Se busca, en definitiva, poner a los clientes ante la disyuntiva de elegir entre cobrar menos, pero ya, o arriesgarse a esperar a que, tras pleitear, el juez decida en un futuro más o menos lejano.

Si el hipotecado acepta la oferta, solo quedaría por determinar si quiere cobrar en efectivo o, por el contrario, entran en juego medidas compensatorias, como una reducción de las cuotas hipotecarias que, en su caso, resten por amortizar.

Impacto cada vez más limitado

Un cálculo máximo, el que han hecho los bancos, que estaría muy por debajo, no ya solo de los hasta 7.500 millones de euros barajados en un principio, sino de los algo más de 4.000 millones que el propio Banco de España cuantificaba hace apenas un mes, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenciaba sobre la retroactividad total de estas cláusulas.

Al final, en función de los 1,5 millones de hipotecados que realmente soliciten la devolución, el impacto quedaría limitado a un margen de entre 2.000 y 3.000 millones de euros. El que el pasado viernes ponía sobre la mesa el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), y que viene a coincidir con esas provisiones de 2.300 millones que las entidades han recogido en sus cuentas como provisión máxima para cubrir esta eventualidad.

Además de esa ‘zanahoria’ que los bancos van a poner a los clientes -de cobrar ya, pongamos, 10.000 euros, en lugar de no saber si en el futuro podrían recibir hasta 13.000-, el decreto también deja abierta la puerta al pago de las costas por parte del cliente, caso de que un juez determine que la cantidad ofrecida por el banco era ajustada.