Diciembre de 2009. El Congreso de los Diputados aprueba la llamada Ley Ómnibus. Con ella perseguía liberalizar el sector servicios tras una directiva europea. In extremis, el sector del taxi fue incluido en la ley. Con ese texto se creó un resquicio legal que fue aprovechado por numerosas empresas y particulares para solicitar vía judicial una licencia VTC. Tres años después de que llegaran las primeras sentencias del Supremo, el aluvión de 'tarjetas' para poder operar es una realidad: se han duplicado en España hasta superar la barrera de las 5.000. Los taxistas, que defendieron siempre la limitación para este sector que hoy ocupan compañías tecnológicas como Uber o Cabify, están en pie de guerra. El millonario mercado del transporte de pasajeros en las ciudades está en juego.

El mecanismo era sencillo. Un particular o empresa pedían una o varias licencias de este tipo. Normalmente, las comunidades autónomas las rechazaban. El primer recurso llegaba al tribunal superior de cada territorio, que reiteraban el ‘no’. El siguiente y último paso se daba en el Supremo, donde la gran mayoría de las resoluciones judiciales eran favorables a la concesión.

El efecto de este proceso empezó a detectarse en el mercado a principios de 2015. Según los datos del Ministerio de Fomento, a 1 de enero de ese año, en España había 3.474 licencias para vehículos con chófer. Era un 23% más que un año antes. Era la primera subida. Al año siguiente se alcanzaron las 4.296. Hace tan sólo una semana, el departamento de Íñigo de la Serna ofreció una cifra actualizada: 5.285. El doble en tres años. Según el abogado de Unauto (la asociación de empresas de este sector), José Andrés Díez, la inmensa mayoría proceden de sentencias perdidas por la administración.

Esta avalancha de permisos ha hecho saltar por los aires la limitación de 1 a 30 respecto a las que permite operar a los taxistas. En enero de 2017 en España había casi 67.300 licencias de taxi. Esa ratio se ha reducido a menos de la mitad: la proporción es de uno a doce.

El aluvión continúa

Desde aquel año 2009, el Gobierno recibió fuertes presiones del sector del taxi para devolver las restricciones al mercado de los vehículos con chófer. En 2012 amagaron con una huelga general. Un año más tarde, el Ejecutivo reculó y aprobó una Ley con el que daba el primer paso. No fue hasta noviembre de 2015 cuando dio luz verde a una modificación del reglamento del transporte, condición ‘sine qua non’ para devolver la proporción.

En ese impasse de dos años las peticiones a las comunidades por parte de empresas y particulares no cesaron. El proceso se repetía: tras el ‘no’ de la comunidad y del tribunal superior de cada territorio, se acudía al Supremo. Aún no ha habido pronunciamiento del Alto Tribunal. El abogado de Unauto y de algunas de esas compañías que han acudido a los tribunales espera que las primeras sentencias correspondientes a este último periodo de dos años lleguen en un año.

Hoy hay registradas casi 5.300 en toda España. Barcelona y Madrid son, por lógica, los que más concentran. Según los cálculos de Díez, si se mantiene la posición favorable del Supremo en el resto de procedimientos, la capital condal añadiría entre 2.500 y 3.000 autorizaciones más. En el caso de Madrid, estima que superarían las 3.500 nuevas. “En total, por lo menos, sumarían en torno a 10.000 en toda España”, explica.

Este aluvión coincide en el tiempo con la explosión de la actividad de grandes compañías tecnológicas que explotan estas licencias para su servicio de transporte con chófer privado. Su demanda irá creciendo y les permitirá crecer en las grandes ciudades, algo que en un principio les era más complicado por las limitaciones en número.

¿Menos especulación? 60.000 euros por licencia

Como sucede con las de taxi, las de VTC se pueden comprar y vender en el mercado secundario con el beneplácito de la administración. Los precios están a años luz. Por las primeras se llegan a pagar hasta 220.000 euros, según un estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

¿Y las de VTC? La revalorización ha sido muy alta en los últimos años, gracias al incremento en el número de empresas dedicadas a estos servicios. El director general de Uber en España, Carles Lloret, alertó en junio pasado de que el precio de estos permisos se había triplicado hasta alcanzar los 35.000 euros. Sin embargo, en distintos foros se piden hasta 50.000 euros por cada una de esas ‘tarjetas’.

Hay quien va más allá. En webs de anuncios clasificados como Milanuncios, propietarios de paquetes importantes de estas licencias en comunidades al margen de Madrid o Cataluña tratan de 'colocarlas'. Sucede en Tenerife, donde un propietario trata de vender 30 permisos por 1,35 millones de euros (45.000 cada una) o en Islas Baleares, donde se anuncia un paquete de 20 por 1,2 millones (60.000 cada una).

La duda radica en si esta especulación desaparecerá conforme siga creciendo el número de permisos en el mercado, por el ‘vacío legal’ de los últimos años. Al menos por ahora, y analizando los datos de las ofertas, no hay signos de ello.

Los taxistas, en pie de guerra

En este contexto, los taxistas se han puesto en pie de guerra. Antes, uno de los colectivos trató de sacar tajada. La Federación Profesional de Madrid solicitó un paquete de 5.000 autorizaciones para aprovecharse de la coyuntura y, en teoría, ‘reventar’ el mercado (aunque otras asociaciones les acusaron de tratar de especular con ello). Hace unos días decidieron desistir de su petición.

Ahora, el colectivo toma cartas en el asunto. Y quieren frenar el goteo que vendrá en los próximos años. Para ello, Fedetaxi, la federación mayoritaria, se presenta como codemandada junto a la Comunidad de Madrid ante el Supremo en todos los procedimientos judiciales en los que el Gobierno formule recurso de casación contra las sentencias dictadas por el TSJM que han concedido licencias de VTC. "Intentaremos apoyar para que se mantengan en vía judicial las resoluciones denegatorias de dichas autorizaciones", explica la organización, quien cifra en más de 230 los procedimientos judiciales en los que Madrid se ha opuesto a la concesión.

La CNMC pidió la liberalización total

Hace ahora casi un año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sacó a la luz un primer informe sobre la llamada economía colaborativa (cuya versión definitiva sigue sin aprobarse por la división en el seno del organismo) en el que buscaba derribar el "monopolio" del taxi. “Este sistema ha permitido cerrar el sector a la competencia y ha facilitado la aparición de rentas monopolística”, aseguraba.

En este sentido, abogaba por eliminar larestricción en la concesión para el taxi (en muchas ocasiones vinculadas a la población) y para vehículos con chófer. Representan, según ellos, “un perjuicio para consumidores en forma de mayores tiempos de espera, mayores precios, menor calidad del servicio y eliminación de los incentivos a la innovación”.