Cuatro correos “demoledores” implican al Banco de España en la estafa al inversor de Bankia

Hace dos semanas Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España, criticaba al ministro de Economía, Luis de Guindos, por su actuación con el rescate de Bankia y por “magnificar los problemas del sector bancario español”. Sin embargo el caso ha dado un giro inesperado este lunes, cuando la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Fernando Andreu imputar a Ordóñez y al resto de la cúpula del supervisor, en total seis altos cargos que tendrán que responder ante la Justicia.

Inesperado porque ya se habían librado en anteriormente de ser investigados (antigua figura del imputado), pero en esta ocasión, la Audiencia ha encontrado indicios “demoledores” que muestran que el Banco de España conocía la verdadera situación patrimonial de Bankia antes de la salida a bolsa. En otras palabras, que sabían que estaban colocando una entidad insolvente que terminaría quebrando produciendo un grave perjuicio a sus accionistas.

Esta ocasión ha sido diferente precisamente por la aparición de los correos del inspector del Banco de España, José Antonio Casaus, en los que advertía a la cúpula del supervisor de la verdadera situación contable de Bankia antes de la Oferta Pública de Suscripción (en adelante, OPS). En su auto, el tribunal, presidido por Antonio Díaz Delgado, subraya que el informe por el que se advierte de los peligros de la salida a bolsa de Bankia es “demoledor”. El auto se apoya en cuatro correos de Casaus enviados a diferentes responsables del Banco de España sobre el plan de capitalización de Bankia de los días 6 y 8 de abril y 10 y 16 de mayo de 2011, justo antes de la colocación, que se realizó en junio.

Los ingresos serán menores que los costes por mucha cuenta de resultados que pinten con beneficio

El tribunal concluye que el informe de los inspectores es “absolutamente contrario” a la salida a bolsa en estructura de doble banco, BFA-Bankia. El primero de los correos es “demoledor”, reitera la Audiencia, “subrayado en rojo en grafía reforzada la opinión técnica absolutamente contraria a la salida a bolsa en estructura de doble banco”. El informe alerta: “Los ingresos serán menores que los costes por mucha cuenta de resultados que pinten con beneficio” y que el grupo no es viable e insiste que la única solución es la venta del banco a una entidad independiente, a ser posible, extranjera, que se haga cargo de la deuda de Bankia. Las refinanciaciones en el mercado mayorista ascendían a 120.000 millones de euros, más del 12% del PIB español, una cuantía que sólo una entidad muy solvente podía garantizar.

Sin embargo, a pesar de las advertencias, la OPS sigue adelante con un objetivo claro: conseguir una colocación exitosa que demuestre que el sistema financiero español genera confianza. En su libro publicado recientemente, Ordóñez deja caer que las decisiones del Banco de España proceden del dictamen del Parlamento, en ese momento bajo el control del PSOE con su Gobierno en minoría.

Pérdidas para accionistas y contribuyentes

Los correos de Casaus muestran, a todas luces, que la OPS resultaría muy costosa para los accionistas y también para los contribuyentes. La Audiencia reconoce que el primero de los correos “es contundente especialmente en cuanto a que los acreedores de BFA tienen sus expectativas de cobro en las acciones de Bankia”. Pero además, recuerda que Casaus incluyó en su informe que “la salida a bolsa con un banco doble [BFA-Bankia] es el primer paso para nacionalizar las pérdidas, algo injusto y contrario a lo que nos pide la norma (velar por un uso eficiente de los recursos públicos)”.

En definitiva, la inspección del Banco de España detecta y transmite a la cúpula que colocar Bankia entre inversores particulares con BFA como entidad pública obligará a rescatar a las entidades en el futuro debido a que no conseguirán refinanciar todos los vencimientos y asumir las pérdidas patrimoniales. El tribunal hace especial a la parte del informe en la que se dice que “no es viable a medio plazo una estructura como la de BFA con un pasivo de 21.000 millones de euros… al que hacer frente básicamente con unas acciones valoradas en el mercado en 9.000 millones de euros”.

La salida a bolsa con un banco doble [BFA-Bankia] es el primer paso para nacionalizar las pérdidas, algo injusto y contrario a lo que nos pide la norma

Además de los correos de Casaus, la Audiencia tiene en cuenta también en informe de seguimiento del 21 de diciembre de 2011 emitido por el equipo de inspección en el que se “da cuenta de graves y reiteradas irregularidades”. El informe denuncia que la dirección de BFA-Bankia “anteponía sus propios intereses a los de la entidad, denunciando las excesivamente generosas políticas retributivas y de prejubilaciones poniendo ya en cuestión que pudiesen devolverse los fondos aportados por el FROB para la constitución del SIP”. También recoge otro informe de 21 de marzo de 2012, en el que su primera conclusión es que la matriz del grupo BFA “no es una entidad viable”.

“Este grupo NO ES VIABLE”

Los magistrados consideran importantes los correos aportados a la causa entre los responsables del Banco de España, principalmente uno entre José Antonio Casaus y Pedro Rodríguez Comín, fechado el 14 de abril de 2011, en el que el primero le dice: "Dije que no lo diría más… ¿o sí? Pero lo digo: este grupo NO ES VIABLE”… “En caso contrario se acabará malvendiendo el banco cotizado por un lado y el FROB tendrá que hacerse cargo del banco no cotizado, por el otro, con un coste por el contribuyente de en torno a 15.000 millones de euros frente a la opción de coste cero para el contribuyente que supondría que el grupo fuera comprado hoy por una entidad potente y solvente”.

Dije que no lo diría más… ¿o sí? Pero lo digo: este grupo NO ES VIABLE

El tribunal recoge un tercer correo, del 10 de mayo de 2011, entre los mismos interlocutores, en el que Casus envía a Comín un análisis del grupo Bankia. En él se vuelve a afirmar que el grupo no es viable por “sus muy graves y crecientes problemas de rentabilidad, liquidez y solvencia”. En él, se analiza se analiza cada uno de estos apartados con “números demoledores”, según interpreta el propio tribunal.

Así, señala su “total ausencia” de rentabilidad como el “mayor problema”; y el problema de liquidez como “la principal amenaza”: “Bankia ha recibido ayudas públicas directas o indirectas a largo plazo por más de 23.000 millones de euros (…) Pongamos estos 23.000 millones de euros en relación con los 33.000 millones de euros de emisiones de Bankia que vencen entre 2011 y 2012 y llegaremos a la conclusión de que Bankia ha podido afrontar una gran parte de los vencimientos en los últimos tres años gracias a las ayudas públicas directas o indirectas del Estado español”.

“Falacia de los resultados presentados”

El último correo analizado es el remitido por la totalidad del equipo de inspección a Comín, el 16 de mayo de 2011, para ante su inmediata reunión con el subgobernador del Banco de España para tratar el tema de Bankia. “Este correo añade una demoledora advertencia sobre el Gobierno interno del grupo, de los que (entre otras cosas) informa: un consejo muy politizado y poco profesional; continúan los mismos gestores que han llevado a las entidades a solicitar ayudas públicas; desacreditados en el mercado”.

“El contenido completo de tales correos electrónicos no deja lugar a dudas sobre la expresa, previa y contundente información que la dirección del Banco de España tuvo, tempestivamente, acerca de la inviabilidad del grupo y la falacia de los resultados presentados efectuada por el equipo de inspección del mismo Banco de España”, recoge el auto.

Un duro golpe para el BdE

La imputación de la cúpula del Banco de España es un duro golpe a la credibilidad de la institución. Otro más. El propio Ordóñez reconoce el desprestigio del supervisor, pero culpa a Guindos de este deterioro: “La campaña que hizo el Partido Popular durante esos seis meses antes del MoU (memorándum de entendimiento) se le fue de las manos, diciendo que la responsabilidad era del Banco de España. Esto no ha ocurrido en ningún otro país”.

De los seis imputados, tres seguían siendo altos cargos del Banco de España hasta el lunes, ya que tras conocer el auto de la Audiencia Nacional, presentaron su dimisión. Se trata de Mariano Herrera García-Canturri, director general de Supervisión, Pedro Comín Rodríguez, director general adjunto de Supervisión y Pedro González González, director del Departamento de Inspección IV.

El Banco de España ha publicado un comunicado en el que informa de la renuncia de los tres altos cargos del supervisor que seguían en activo. "En sus escritos de renuncia, dirigidos al gobernador del Banco de España, expresan su deseo de no permanecer en sus cargos", explica la entidad. Las renuncias se presentarán en la Comisión Ejecutiva del martes, cuando se aprobarán las tres salidas.