El Gobierno ha pedido al Tribunal Constitucional que plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca del mecanismo de financiación del bono social anulado a finales del año pasado por el Tribunal Supremo, indicaron fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

El recurso de amparo ante el Constitucional se presentó el pasado 2 de febrero y en él el Gobierno argumenta que el Supremo interpretó una directiva comunitaria sobre política energética, para lo que el tribunal no tiene potestad, ya que su función se restringe a la valoración de la legislación nacional.

El Gobierno también considera que el Supremo incurrió en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haber planteado precisamente la cuestión prejudicial ante el TJUE que ahora el Ejecutivo solicita al Constitucional.

Energía considera necesario que se consulte al tribunal de Luxemburgo después de que una sentencia del TJUE del pasado 7 de septiembre avalase la traslación al sector eléctrico de unas ayudas en Francia vinculadas con la tarifa de gas.

Tras la sentencia del Supremo, el Gobierno impulsó junto al PSOE y Ciudadanos un real decreto ley sobre pobreza energética en el que se incluye un nuevo mecanismo de financiación del bono social en el que se carga el coste de esta ayuda sobre las comercializadoras.

Sin embargo, la sentencia del Supremo también obliga a indemnizar con cerca de 500 millones de euros a las principales eléctricas por haber costeado el bono social de la luz en los últimos años. La ejecución de esta indemnización depende ahora de la decisión del Constitucional.

500 millones para las eléctricas

Prospere o no, el recurso puede permitir al Gobierno ganar tiempo y postergar el pago a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España de estos cerca de 500 millones.

El dinero de la indemnización, si el Constitucional mantiene el criterio del Supremo, habrá de cargarse sobre la tarifa eléctrica o sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta segunda opción es menos probable, a la vista del acuerdo de no disponibilidad de gasto aprobado por el Consejo de Ministros, por importe cercano a los 5.500 millones.