Ante el juzgado de Primera Instancia número 89 de Madrid, Sánchez Barranco ha admitido que comenzó a estudiar el escenario de la inversión antes de que la entidad publicase el folleto informativo, si bien ha matizado que Iberdrola "utilizó" dicho contenido para acudir finalmente a ella.

En este sentido, ha asegurado que, a pesar de que existían numerosos riesgos, recomendó apostar por el debut en Bolsa de Bankia al ser un "proyecto atractivo con la primera o segunda entidad a nivel nacional, con mercados de elevadas rentas en Madrid y la Comunidad Valenciana, despojado de herencias políticas, y que ofrecía un descuento del 50 % en su precio".

Acerca de los datos con la que contaba la compañía para la toma de decisiones, ha defendido que únicamente dispuso de información pública, y ha añadido que también analizó las cuentas remitidas por Bankia en marzo de 2011 así como informes elaborados por los bancos colocadores, como JP Morgan o Merrill Lynch.

En función de todos estos documentos y dado el "respaldo" del Banco de España, organismo que "tenía un equipo de inspectores residentes en la entidad los doce meses del año", Iberdrola optó por acudir al tramo institucional.

Una operación en la que suscribió acciones por valor de casi 70 millones de euros, de las que se desprendió posteriormente, y por la que ahora reclama 12,4 millones de euros en concepto de daños y perjuicios por las ocultaciones del folleto informativo.

En opinión de Sánchez Barranco, el departamento de riesgos no pudo detectar con anterioridad la "falsedad" de los datos que aparecían en dicho folleto, ya que tal deber recaía en la auditoría externa, que no advirtió de incongruencia alguna.

"No es posible explicar cómo en doce meses los 774 millones de deterioro pudieron crecer a un ritmo vertiginoso", ha expuesto ante la sala en relación al deterioro de la cartera inmobiliaria.

En esta primera jornada también han comparecido varios responsables de los bancos de inversión que coordinaron la operación, quienes han dicho no recordar que Iberdrola les trasladase una "especial preocupación" por los riesgos.

En concreto, se han referido a la multinacional como un "inversor institucional" no habitual y han coincidido en señalar que si bien la compañía no solía preguntar sobre detalles de datos económicos, si que se interesó por otros aspectos como el "apetito" de los inversores o las posibles consecuencias de que la operación se saldase sin éxito.

Para mañana, jornada en la que se prevé que el juez deje visto para sentencia un proceso iniciado el pasado mayo, están citados los peritos propuestos por las partes, así como el director económico-financiero de Iberdrola, José Sáinz Armada.