En este sentido, ha negado que la inversión se debiera a un "carácter sistémico", como aludía el dossier elaborado por el equipo de riesgos, y ha dicho que no le consta haber recibido llamadas de "las más altas instancias políticas", en alusión a la ministra de Economía en la época, Elena Salgado, y al entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
En su comparecencia como testigo, ha reconocido que propuso invertir en Bankia al tratarse de una "operación importante" que suscitaba mucho interés, que "salía barata", por debajo de los precios de sus competidores y que, según los datos disponibles, "iba a multiplicar por cinco los beneficios en cinco años".
Unos motivos por los que Iberdrola asumió los riesgos de la inversión en acciones por valor de 70 millones de euros, que posteriormente fueron vendiendo, y por la que ahora reclama 12,4 millones en concepto de perjuicio por vicio en el consentimiento.
Cuestionado por la venta del 70 % de las acciones apenas semanas después, ha explicado que fue una sugerencia de los responsables de la gestión, que le hicieron llegar que la operación no había tenido éxito ya que no se colocó como se esperaba entre los inversores institucionales extranjeros.
Para uno de los peritos designados por Bankia, el exinspector del Banco de España Rubén Manso, dicha salida se produjo "demasiado pronto", ya que el comportamiento de la acción por entonces era "mucho mejor que el del resto de la banca española".
Así, ha dicho que la venta fue para Iberdrola un "medio para alcanzar objetivos" ya que "tenía acceso directo para llamar a Bankia y preguntar".
Además, ha rebatido al director financiero de Iberdrola y ha aseverado que la energética "tenía un interés en que el mercado español no se viniera abajo ya que eso afectaba a la deuda soberana" y por tanto, a las propias emisiones de bonos de la compañía.
Durante su informe final, la letrada de Iberdrola, Cristina Coto, ha afeado al perito por coger "la parte que le interesa y decir que la inversión era sistémica", y ha asegurado que la compañía no habría acudido a la salida a Bolsa de haber sabido que Bankia estaba "en quiebra técnica".
Además ha negado el cruce de consejeros entre ambas instituciones ya que "el único consejero que tenía presencia en Iberdrola era de la matriz, BFA", el expresidente de Bancaja y vicepresidente de Bankia en julio de 2011, José Luis Olivas.
"Ni los analistas, ni el banco asesor, ni Iberdrola, ni los testigos pudieron intuir cualquier atisbo de inexactitud de los datos", ha asegurado la abogada sobre un folleto del que no sospechó "ni siquiera el propio regulador".
El representante de Bankia, Jorge Capell, ha rechazado el error en el consentimiento, y se ha remitido a las declaraciones del director de riesgos de Iberdrola, que reconoció haberse interesado en invertir antes de conocer el folleto informativo.
Tras las conclusiones de las partes, el titular del juzgado de Primera Instancia número 89 de Madrid ha dejado visto para sentencia el proceso, iniciado el pasado mayo y de cuyo veredicto están pendientes Melià y Grupo Villar Mir, cotizadas que también reclaman a Bankia por la vía judicial.